El pasado lunes el Boletín Oficial del ESTADO (BOE) recogía la Orden Ministerial por la cual se crean diversas categorías de personal estatutario en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). En esta se incluye la figura de enfermera especialista encuadrada en el grupo A2. A este respecto, el Consejo General de Enfermería (CGE), como ya ha reclamado en ocasiones anteriores, lamentaba la “discriminación que sufren las enfermeras”, más teniendo en cuenta que a principio de año el Ministerio de Sanidad se comprometió a buscar vías para que estas sean grupo A, sin subdivisiones, de tal manera que se equiparen a otras titulaciones con la misma formación, la equivalente al Grado Universtiario.
Por ello, el consejo insta al ministerio a buscar soluciones y no demorar más los cambios legislativos para avanzar en la reclasificación. Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, lamenta que “el Ministerio de Sanidad no deja de perder oportunidades”. Asimismo agrega que, “aunque se trata de una medida necesaria el que Ceuta y Melilla cuenten con esta categoría profesional, desde el CGE criticamos el que esta Orden ministerial haya vuelto a encuadrar a las enfermeras, a las que son especialistas, dentro del A2″.
Leyes “obsoletas”
Desde el CGE señalan que las leyes sanitarias vigentes en el país “están obsoletas”. Entre ellas, se refieren a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOSP) o el Estatuto Marco, apuntando que estas continúan hablando de diplomados y licenciados. “Es preciso abordar su modificación, no sólo con este ministerio y este Gobierno, sino con todos los partidos políticos. Para nosotros es evidente que todas las profesiones con el mismo nivel de formación y responsabilidad tienen que estar en el mismo grupo a los ojos de la Administración, todas en el grupo A, sin distinción. Los matices vendrán después, en temas retributivos, por ejemplo”, agrega Pérez Raya.
Para poner en perspectiva la situación, el presidente del CGE expone que “lo que no puede ocurrir es que nos lleguen compañeros y compañeras de cualquier provincia de este país que están en cargos de gestión y los estén poniendo en la calle precisamente porque los tribunales se remiten a estas leyes, con más de dos décadas a sus espaldas, que los políticos hasta ahora no se han atrevido a modificar”. “Tampoco puede seguir pasando que se sigan aprobando nuevas disposiciones que perpetúan el problema sin ponerle una solución, manteniendo la discriminación de las enfermeras/os”, asevera.
Cabe destacar que ya hay dos comunidades autónomas, Cantabria y Canarias, que han aprobado sendas proposiciones instando al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a acometer esta reclasificación profesional.
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