El Consejo General de Enfermería (CGE) ha emitido un comunicado donde afirma que demandará a los representantes de los médicos que ataquen la prescripción enfermera de medicamentos. De este modo, anuncian acciones legales contra todos aquellos representantes de estamentos médicos que ataquen con injurias a la prescripción enfermera. Así, mediante demandas en defensa del derecho al honor, pretenden, como máximo órgano de representación enfermera, que no se hagan manifestaciones públicas que aseguren que la prescripción enfermera suponga un “riesgo” para el paciente.
El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha señalado que “no tolerará ningún menoscabo de la capacidad” de los enfermeros para “ejercer una atención sanitaria más eficaz y beneficiosa para el sistema público de salud”, según este comunicado. Así, ha asegurado que tomarán “todas las medidas jurídicas para hacer valer nuestros derechos y nuestro desarrollo profesional. Parece que hay estamentos médicos que quieren retroceder, no ya al siglo XX, sino al XIX, con tal de mantener sus privilegios. Basta ya de negar el sentido común y de no conocer la realidad de la práctica clínica. Basta ya de insultar y denigrar a unas enfermeras que se ganan cada día el respeto de profesionales y pacientes”, tal y como ha aseverado.
Aprobado por consenso
Las guías que marcan las actuaciones de las enfermeras con fármacos de prescripción médica las aprueba el Ministerio de Sanidad, en una comisión de la que forman parte la Organización Médica Colegial —que después las recurre—, según han explicado. Además de este organismo, también toman partido las comunidades autónomas, Fuerzas Armadas, mutuas de trabajo y representantes prestigiosos de la profesión farmacéutica de diferentes CC.AA. Todo ello en cumplimiento de la Ley del Medicamento y el Real Decreto sobre prescripción enfermera, tal y como han querido clarificar.
En relación con los médicos, Pérez Raya ha afirmado que “da pena que esos mismos representantes no sean capaces de asumir lo que la Organización Médica pactó. Las guías de prescripción enfermera fueron consensuadas entre todos los actores sanitarios -médicos, enfermeros, farmacéuticos, Administraciones Públicas, entre otros- y los pactos se cumplen por coherencia profesional y democrática. Lo que están haciendo algunos representantes colegiales de los médicos y los sindicatos del ramo es indigno e impropio de instituciones sanitarias serias”.
Situación en Castilla y León
Asimismo, el CGE ha enviado, en este comunicado, una respuesta a las críticas del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig. Según han reprochado desde el CGE, les ha sorprendido que tenga la “la palabra del consejero de Sanidad de la región de que las guías de prescripción no llegarán a aplicarse en su territorio”. De este modo, han reflexionado si el consejero de Sanidad se está arriesgado a incurrir en responsabilidad penal por negarse a aplicar una legislación estatal.
De este modo, el CGE hará un requerimiento previo al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, para que “manifieste si es cierto lo que afirma Villarig”. Así, han advertido que “se incluirá la advertencia de posibles acciones penales para depurar las responsabilidades en las que podría incidir en tal caso”.
Mejorar la atención sanitaria
El CGE apoya al Ministerio de Sanidad y refrenda la postura del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha expresado que “la prescripción enfermera no es para sustituir a los médicos”. Así, han recuperado las declaraciones de Padilla que defienden estas competencias.
Por otro lado, han lanzado otra reflexión. “Es preciso preguntarse también si la judicialización de las guías que regulan la prescripción enfermera, junto a las declaraciones alarmistas e indecentes sobre el ‘peligro’ para los pacientes que supone el trabajo de las enfermeras en este terreno, lo que pretende es generar un cóctel de miedo e incertidumbre y, en general, urdir una campaña para presionar a los jueces con el fin de revertir algo que, en la vía política, no tiene visos de frenarse ante su indudable repercusión positiva en el sistema sanitario”, han replicado.
Para Pérez Raya, “hay que apostar por agilizar la asistencia sanitaria, por aportar valor al SNS y por dar seguridad jurídica a las enfermeras en las actividades que realizan en su día a día, que es lo que se está realmente aportando con las guías de indicación, uso y autorización de la dispensación aprobadas por el Ministerio de Sanidad, contando con un grupo de expertos multidisciplinar, donde hay médicos, farmacéuticos y enfermeras a los que se está ninguneando al recurrir estas guías. Pedimos respeto y ajustarnos a la legislación vigente. Cómo puede nadie pensar que todo un Ministerio de Sanidad sea capaz de promulgar una legislación que perjudique la atención sanitaria a los ciudadanos, tal y como se está manifestando públicamente. El daño puede ser irreparable”, ha concluido.
