Premios BiC 2020

Los dirigentes de enfermería han publicado un manifiesto acerca de la realización de los test en las farmacias y la vacunación. Según explican en un comunicado, “los intereses económicos, y sus esperados beneficios para las farmacias privadas, están detrás de esta iniciativa y no tanto el bien común o la salud pública. Pese al maquillaje y la cosmética que adornan muchas farmacias y los bondadosos argumentos para administrar vacunas, se encuentra un negocio privado, que ya cobra su porcentaje en la venta de una vacuna y que proponen ahora incluso administrarla y, claro está, cobrar por ello”.

En este sentido, aseguran que “la necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento, incluidas las vacunas, hacen inviables a las farmacias para este cometido. La falta de garantías de asepsia de las farmacias para este fin hacen impracticable cualquier planteamiento asistencial en su interior“. A juicio de los dirigentes “resultaría injustificable que el personal de la farmacia procediera a administrar las vacunas de forma autónoma o por función delegada, ya que en ningún caso administrar vacunas es una competencia farmacéutica y sí enfermera, que también tiene la competencia de su indicación y la capacidad de realizar una observación posterior asociada de los posibles efectos secundarios (incluso de extrema gravedad requiriendo reanimación inmediata)”.

¿Falta de competencias?

De este modo, hacen una serie de consideraciones. En primer lugar, creen que “la vacunación en las oficinas de farmacia pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes, debido a la falta de competencias profesionales que tienen los farmacéuticos para la vacunación en todos sus aspectos y la preocupante apertura de una nueva línea de negocio privado relacionado con la asistencia sanitaria basada, claramente, en intereses económicos”.

A su juicio, la realización de pruebas para diagnósticas para COVID en las farmacias representaría “un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos. La recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica. Otros aspectos, como la confluencia de pacientes por distintos motivos en la farmacia, en espacios reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, etc., podrían ser un foco de contagio a la población. En su conjunto, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen inviable la utilización de las farmacias para estas pruebas”.

“No existe necesidad”

Con todo, los dirigentes de enfermería consideran que en la actualidad “no existe ninguna necesidad de vacunar o realizar pruebas diagnósticas para COVID en una farmacia”. De hecho, aseguran que los argumentos que esgrime el colectivo farmacéutico sobre experiencias de otros países no es equiparable al caso de España. “Se trata de países donde las farmacias están en régimen de libre competencia, pueden ser gestionadas por otros profesionales sanitarios y pueden instalarse en centros o instalaciones sanitarias. Además, estos países no cuentan con una red de centros de salud tan accesible y solvente como la que existe en nuestro Sistema Nacional de Salud”. 

En definitiva, los dirigentes de enfermería aseguran que no quieren “entrar en conflicto con los farmacéuticos”, aunque, dicen, “nos vemos obligados a manifestar nuestra posición”. En el comunicado aseguran que “usar las farmacias como una extensión asistencial del sistema sanitario, se trataría de una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones, que oculta intereses en términos de beneficio económico para los empresarios farmacéuticos y no un beneficio ni mejora para los ciudadanos. Lo que representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos”.