La oficina del Comisionado para la Equidad de la Alianza General de Pacientes (AGP) ha mantenido este jueves un encuentro con Serafín Romero, asesor técnico del Gabinete del Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con el objetivo de trasladarle los resultados de su último informe sobre ‘Inequidad y discriminación de los pacientes anticoagulados con ACODs’.
Junto al comisionado han estado presentes también portavoces de las sociedades científicas de Cardiología y Hematología así como una representación de la AGP.
Ángel Gil de Miguel. catedrático de Medicina Preventiva y Salud Publica de la URJC y Comisionado para la Equidad Sanitaria de la Aliana General de Pacientes (AGP), ha explicado el origen de este informe, que parte de las quejas recibidas por parte de pacientes anticoagulados por la falta de equidad que supone para ellos los visados. “Nos planteaban que la retirada de esta medida supondría una ventaja para ellos, teniendo en cuenta que durante la pandemia han estado en suspenso”, remarca.
Según la visión de los pacientes, la retirada definitiva del visado en la nueva normalidad se facilitaría una adecuada anticoagulación ofreciendo la mayor seguridad posible. “El informe plantea corregir esa falta de equidad intentando equipararlos con los pacientes de EPOC, así como lograr que se suprima el visado que se les exige para acceder a estos tratamientos”, indica.
“Vimos que era una petición clara y objetiva y apoyamos la petición de realizar el informe”, concluye.
En la misma línea, Gustavo Amorós Amorós. presidente de la asociación de Síndrome Antifosfolípido (SAF) y delegado por la presidenta de la AGP, remarcó que en anticoagulación hay diferencias de criterios.
“Los pacientes con fibrilación auricular no valvular tienen un riesgo de ictus elevado porque la anticoagulación con antivitamina k en un 65 por ciento no están en rango, lo que supone un grave riesgo para el paciente”, apunta. También implica “un deterioro del sistema nacional de salud, puesto que esta dificultad de acceso, que es algo arcaico, impide a los clínicos aplicar las guías clínicas y las recomendaciones de la EMA por las trabas puramente burocráticas”, remarca.
El portavoz de la AGP ha insistido en que esta medida “no tiene sentido y debería eliminarse. En el siglo XXI el control de la medicación está informatizado. Tenía sentido con recetas manuales, pero no ahora”, remarca.
Hay que tener en cuenta que aplicando esta medicación en este grupo de pacientes puede tener efectos excelentes, aunque sea de un coste elevado, pero el reporte al sistema también lo es.
Desde la perspectiva de las sociedades científicas, Manuel Anguita Sánchez, cardiólogo del Hospital Univ. Reina Sofía de Córdoba y miembro de la Sociedad Española de Cardiología, insiste en que desde la SEC se ha defendido el fin de estos visados con mucha fuerza.
“Es un aspecto más que añadir a esta discriminación que sufren los pacientes con fibrilación auricular no valvular”, remarca, y aprovecha para lanzar su alegato. “Es una vergüenza -lo hemos dicho así desde hace mucho tiempo- que no se pueda prescribir libremente. Nos hemos llegado a plantear acudir a los tribunales. Atenta contra la ética de los propios médicos que sabiendo que hay medicamentos mejores en cuanto a comodidad, utilidad, eficacia y seguridad la Administración ponga trabas para emplearlos. Pensamos que puede ser constitutivo de delito” sentencia.
El portavoz de la SEC habla incluso de inequidades en una misma comunidad autónoma en función de las provincias, con diferencias de un 70 por ciento de ACODS frente a un 40 en otras zonas.
Anquita insiste en que estamos a la cola de Europa en cuanto a penetración de estos medicamentos, al mismo nivel que Rumanía o Chequia. “Es un atentado contra la práctica médica de calidad”, apunta.
Su propuesta es “que desaparezca el visado electrónico, que lo pueda prescribir cualquier médico que atienda a estos pacientes de forma libre”. Para ello, insiste, “hay que modificar el IPT. Hay que actuar como punta de lanza en Andalucía para que en el resto de España se consiga beneficiar a los pacientes”, añade.
Asimismo, subraya que en el fondo se trata de una inercia de tipo administrativo, que resulta difícil de cambiar y que ni tan siquiera la COVID ha logrado revertir por ahora. “Si conseguimos que en Andalucía se ponga en marcha sería un acicate para el resto de las comunidades”, augura.
Por su parte, Ramón Lecumberri, especialista del Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra y miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), defienden los beneficios de estos fármacos en pacientes con tromboembolismo venoso.
“Las guías de práctica clínica priorizan estos fármacos en estas indicaciones en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, por estas trabas llegamos a situaciones absurdas en cuanto a costes directos. Al final muchos de estos pacientes son anticoagulados con heparinas de bajo peso molecular que son cuatro veces más caras que los ACODS. Es un poco triste continuar así en España”, concluye.
Para finalizar Serafín Romero, se suma a estos análisis y recuerda que estas visiones son compartidas desde atención primaria, aunque en este momento el se sitúe en el lado de la Administración.
“Yo no puedo estar nada más que muy de acuerdo. Para primaria es una carga burocrática tremenda, también informática, es tan grande o más como la otra. Es un obstáculo, genera desigualdades claras, incluso en función de la persona que autoriza cada visado”, advierte.
“Recuerda también que esta medida estaba basada en el coste, pero las patentes han caducado en algunos casos, y es difícil de sostener”, asevera.
En este sentido, expresa también su sensibilidad con este asunto: “Tendremos que ver cómo canalizamos esta petición en el entorno de una consejería con un gobierno del partido popular al que ya se le han rechazado iniciativas para suspender el visado”, advierte.
Romero admite que en este momento, y sin tratar de excusar nada por la COVID, encima de la mesa se acumulan carpetas con muchos temas, “quizá la del visado se han quedado abajo”. “Uno de mis roles es intentar elevar la carpeta para que se tomen decisiones”, asegura.
Romero valoró también que esta iniciativa llegue del lado de los pacientes, y defendió la importancia de que esté sustentada también por las sociedades científicas para tratar de influir en los procesos de toma de decisiones sobre este asunto.
