140.000€ de indemnización en concepto de responsabilidad civil

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SABER MÁS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

En el asunto que veremos hoy, una paciente y su marido interponen denuncia contra comadrona y ginecólogo, encargados de asistir el parto de la paciente, cuyo embarazado había sido atendido y seguido por el precitado ginecólogo.

La paciente tiene dos hijos y había sufrido dos abortos previos, desarrollándose su quinto embarazo con normalidad, en perfecto estado. El 10 de agosto de 2015, la paciente comienza a tener contracciones por lo que acude al Hospital, donde queda ingresada para dar a luz, siendo ubicada en la sala de dilatación. En el momento del ingreso la paciente tenía una dilatación de 3cm, practicándose rotura artificial de bolsa amniótica, sin incidencias. En ese momento, el feto se encuentra en perfecto estado.

La comadrona queda al cuidado y control del desarrollo del parto, formando parte de su función el poner en inmediato conocimiento del facultativo ginecólogo cualquier incidencia que pudiera surgir. El ginecólogo visita a la paciente a su ingreso, volviendo a acudir una hora después para vigilar la aplicación de la anestesia epidural y marchándose en ese momento a atender otro parto. Asimismo, desde el ingreso consta que la paciente fue monitorizada.

La cuestión principal que subyace en este caso y motivo de la posterior denuncia es que, pese a que la comadrona estaba capacitada para leer e interpretar el registro cardiográfico no detectó, debiendo hacerlo por sus conocimientos profesionales, que el mismo mostraba a las dos horas de ingreso una actividad uterina defectuosa y alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Con taquicardia y deceleraciones repetidas, que exigían que hubiese avisado al ginecólogo con el fin de que éste hubiera adoptado las medidas pertinentes.

Igualmente, es cuestión principal analizar en este caso el uso del medicamento “Oxitocina” para la estimulación del parto, el cual se alega resultaba inapropiado ya que, en el momento del inicio de la monitorización, las contracciones en diez minutos eran siete u ocho, resultando este medicamento contraindicado al estado de la paciente.

Es cuestión indiscutible que la paciente presentaba un cuadro clínico de intensa actividad uterina y trazado anormal de la frecuencia cardiaca fetal, que constituían signos de riesgo de rotura uterina. A las cinco horas del ingreso, la paciente sufre una rotura parcial del útero, no siendo detectada por la comadrona. Esto produjo un retraso de casi una hora en la realización de la cesárea. La paciente fue trasladada al paritorio cuando completó la dilatación, momento en que se detectó ausencia de latido fetal, practicándose una cesárea de urgencia. El feto nace en parada cardiorrespiratoria y, tras diez minutos de maniobras de reanimación, fallece.

En el presente caso se inicia procedimiento penal contra la comadrona y el ginecólogo por homicidio imprudente del feto, consecuencia de la deficiente atención realizada y, de otro lado, por las secuelas que presenta la paciente tras la reconstrucción uterina.

Una vez finalizada la fase de instrucción penal, se apertura fase de juicio oral concluyendo con Sentencia en Primer Instancia por la cual:

  • Se condena a la comadrona como responsable en concepto de autora de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional más la pertinente responsabilidad civil.
  • Se absuelve al ginecólogo de los delitos de lesiones por imprudencia grave y delito de homicidio por imprudencia grave.

La meritada Sentencia es recurrida, de un lado, por la acusación en busca de Sentencia igualmente condenatoria contra el ginecólogo; y de otro lado, por la defensa de la matrona por cuanto se absuelva a la profesional o, en todo caso, se entienda como delito de aborto imprudente.

En la Segunda Instancia, la precitada Sentencia es revisada por parte de la Audiencia Provincial, abordando la discutida cuestión de si nos encontramos ante un delito de homicidio imprudente o ante un delito de aborto imprudente. Pese a existir numerosa jurisprudencia al respecto, no siendo una cuestión pacífica, parece mayoritaria la línea jurisprudencial que considera que uno de los hechos constitutivos de la infracción penal en el delito de homicidio es la necesidad de que la víctima sea una persona dotada de vida independiente. Es decir, en el caso de un recién nacido es necesaria la separación del feto respecto del claustro materno. Entendiéndose, por tanto y en este caso, que nos encontramos ante un supuesto calificable penalmente como homicidio imprudente.

En cuanto a esclarecer la responsabilidad del ginecólogo, solicitada por la acusación particular en su recurso, el Juzgador de Segunda Instancia se pronuncia únicamente sobre el error diagnóstico llevado a cabo por la comadrona. En este sentido recuerda que, aunque por regla general el error en el diagnóstico no es tipificable como infracción penal, sí lo es cuando el mismo, por su entidad y dimensiones, constituya una equivocación inexcusable. El Juzgador considera que, en el caso que nos ocupa, no estamos ante un error de diagnóstico, sino ante la omisión de elementales cautelas. Considerándose que la comadrona, por su formación estaba perfectamente cualificada para vigilar la evolución del parto y, en concreto, el registro cardiotocográfico, no llevando a cabo el normal cuidado del registro y el pertinente aviso al médico ante los llamativos datos de sufrimiento fetal que se estaba produciendo.

La Sentencia de Segunda Instancia falla confirmando parcialmente la Sentencia recurrida, por cuando modifica exclusivamente la cuantía de la responsabilidad civil, sin modificar, en este caso, la calificación de delito recurrida por la comadrona y, de otro lado, confirmándose la absolución del ginecólogo.

Finalmente, el fallo consistió en la absolución del ginecólogo, y en la condena de la comadronade con las cantidades de 105.448,93 € a ambos progenitores, y 35.000 € a la madre. Dadas estas condenas, lo mejor es estar bien protegido.

Más información: Blog de Uniteco – Protegiendo a los que nos cuidan (unitecoprofesional.es)


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