El Grupo Parlamentario VOX ha elevado al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para garantizar el efectivo funcionamiento a nivel nacional de la tarjeta sanitaria individual, para su posterior discusión en la Comisión de Sanidad. El objetivo de esta iniciativa es fomentar el derecho de los españoles a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva.

Según el texto de la PNL que será debatida en Comisión de Sanidad, la Constitución reconoce, entre sus principios rectores de la política social y económica, el derecho a la protección de la salud en su artículo 43. Con este fin, sigue el texto parafraseando la Constitución, dice que este mismo precepto establece que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. Este acceso recoge el texto, ha de realizarse en condiciones de igualdad efectiva. Dicha igualdad sin embargo, “se ve constantemente quebrada a consecuencia del traspaso de competencias en materia sanitaria desde el Estado a las Comunidades Autónomas.

Según el mismo texto del grupo Vox, precisamente uno de los elementos que vulnera este derecho de igualdad es la falta de operatividad en todo el territorio de la nación de la tarjeta sanitaria individual (TSI). Esta tarjeta “fue creada precisamente para permitir el acceso a los centros y servicios sanitarios de todo el Sistema Nacional de Salud”, añade el texto.

De hecho, cada tarjeta está asociada a un código de identificación personal que es único para todo el SNS. Sin embargo, dice la PNL, el RD 183/2004 introduce una serie de disposiciones, cuya conjunción impide con frecuencia que la validez nacional de la TSI tenga lugar, lo que produce a fin de cuentas “un perjuicio para el ciudadano y para su salud”.

Características de la TSI

Por un lado, recoge la PNL, la TSI se emite por parte de las “Administraciones sanitarias autonómicas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por esa razón los criterios de emisión varían en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, dice el texto “”en Madrid o Andalucía se requieren documentos que acrediten la residencia y prueben que se tiene derecho a la asistencia sanitaria del SNS, sin embargo, en otras comunidades como Cataluña, solo se exige un documento acreditativo de la residencia“.

Por eso, y desde que se aprobara el RD 183/2004 por el que se regula la TSI, no se ha podido hacer efectiva, porque a pesar de que han acontecido varios desarrollos tecnológicos en este campo, “no existe aun una base de datos suficiente como para garantizar algo tan sencillo como que un ciudadano de Salamanca utilice su tarjeta sanitaria en Badajoz para adquirir la medicación que tiene prescrita e incluida en su receta electrónica”, dice la PNL.

Todo esto, continúa el texto, conlleva un perjuicio para los españoles derivado del incumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de funcionamiento nacional de la TSI.

La solución

Para el Grupo Vox, la solución, indicada en el desarrollo de la iniciativa, sería que la devolución al Estado de las competencias autonómicas en materia sanitaria, pero entre que se produzca o no esta modificación, reivindicada por este grupo político en casi todos los ámbitos sanitarios, el Estado “debe hacerse cargo de la responsabilidad de garantizar la plena validez y operatividad de las TSI en todo el territorio nacional.

Continúa la PNL aludiendo a que el Gobierno en vigor pretende adaptar el RD 83/2004 por el que se regula esta TSI, y que regula además otros aspectos de la misma como el código de identificación personal del SNS (CIP-SNS) y la base de datos de población protegida del SSNS (BDPP-SNS) a los avances de la tecnología, para posibilitar que las autoridades sanitarias competentes emitan la tarjeta sanitaria individual en soporte virtual, estableciendo los requisitos para que sea interoperable en el conjunto del SNS y puedan convivir así el soporte físico y virtual.

Aún así, y aunque en la norma en vigor es clara en cuanto a que la TSI debe ser válida y operable en todo el territorio nacional, “existe una falta de voluntad política para poner los medios técnicos necesarios para garantizar tal interoperabilidad, lo que una vez son los ciudadanos españoles los que asumen el perjuicio generado por tal inacción”, concluye el texto.


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