Llevar a cabo las medidas necesarias para reducir la temporalidad del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo ha pedido el Grupo Confederal Unidas Podemos en el Congreso, instando al Gobierno -mediante una Proposición No de Ley (PNL) presentada en la Comisión de Sanidad- a implementar planes de estabilización y calidad en el empleo e impulsar programas específicos de retorno de las y los profesionales. A este respecto, el texto demandaba la convocatoria, a la mayor brevedad posible, del Consejo Interterritorial (CISNS).
El resultado de la votación ha resultado positivo para la proposición, que ha sido aprobada con su autoenmienda después de que la Cámara Baja registrara 20 opiniones favorables, por 11 contrarias y 5 abstenciones.
“La pandemia ha puesto de relieve la realidad de nuestro sistema público y sus deficiencias estructurales”, ha argumentado la diputada defensora de la propuesta, María Márquez, quien subrayó la precariedad y elevada temporalidad del personal sanitario como una de las dimensiones más acuciantes dentro del problema de la debilidad del SNS.
Asimismo, la parlamentaria morada denunció los abusos sistemáticos derivados de la utilización de la contratación temporal encadenada. Del mismo modo, remarcó el éxodo de profesionales formados en España que han emigrado a otro países en busca de “condiciones laborales dignas”.
La moción de censura de 2018 como telón de fondo
Derivado de la PNL, se produjo un enfrentamiento político entre GPP y GPS, a cuenta del acuerdo que en 2017 alcanzaron los primeros con los sindicatos para acabar con la precariedad y temporalidad del personal sanitario, “impulsando para ello una regulación que estableciera mecanismos permanentes de cobertura de los puestos de trabajo y evitase la contratación temporal para cubrir necesidades estructurales”.
Así lo reseñó el popular Gabriel Elorriaga, que apuntó a la moción de censura socialista como el freno al avance que pudo tener lugar en esta materia. Por alusiones, la exministra María Luisa Carcedo quiso recordar que este acuerdo “fue forzado por la UE, que planteaba el objetivo de la temporalidad en el 8 por ciento y en España estábamos en cifras estratosféricas”.
Ambos partidos esgrimieron así posturas también contrapuestas respecto al apoyo a la PNL. De este modo, mientras Carcedo daba su apoyo a la misma calificándola como una iniciativa con el foco “en un tema crucial”, Elorriaga tildaba a esta misma de “tardía e imprecisa”.
El ámbito competencial, escollo principal
Para el GPV (Grupo Parlamentario Vasco) y el Grupo Plural, el ámbito competencial de la propuesta ha sido la barrera que los ha separado del sí a la misma. Así lo han reseñado en sus respectivos turnos de palabra, donde si bien se han mostrado de acuerdo con el fondo de la PNL, han recordado que la sanidad se encuentra transferida y por tanto es a las administraciones de las CC.AA a las que les corresponde trabajar en este sentido.
Aunque tampoco veían claro su marco competencial, el Grupo republicano sí decidió apoyar la iniciativa morada. No obstante, incidió en la necesidad de una mayor inversión y recursos como el principal problema, al mismo tiempo que subrayó que cualquier medida en este sentido habría de tomarse de manera consensuada con las autonomías.
En última instancia, desde VOX se animó a actuar a Podemos como integrante del Gobierno de manera directa. Aun así, se señaló la dificultad de la tarea del retorno sanitario por las condiciones ofrecidas en otros países de la UE, en los que “se duplican y triplican los salarios”.
