La necesidad de incrementar las coberturas vacunales es uno de los mayores retos pendientes en salud pública, tanto en Europa en general como en España en particular. De hecho, un reciente informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) mostraba que la UE continúa sin lograr las tasas de vacunación óptimas en gripe y COVID-19 (solo dos países superan tasas del 75% en mayores de 65 en gripe y ninguno llega al 70% en COVID-19). Y las cifras nacionales también distan mucho de los objetivos marcados.
Así, mientras que en España la cobertura de gripe fijada por la Ponencia de Vacunas es del 75% para mayores de 65 años y profesionales sanitarios y del 60% para embarazadas y grupos de riesgo, “solo en los mayores de 75 llegamos en la temporada anterior a un 74%”, puntualiza José Antonio Navarro, consultor honorario del Área de Vacunas del Ministerio de Sanidad, durante la segunda reunión de GRIPEXPERT, el Comité permanente de gripe en España.
En este contexto, se trata de una buena y una mala noticia. Y es que, a pesar de ser un logro haber alcanzado esta cifra en uno de los grupos más vulnerables, aún queda el desafío de aumentar las coberturas en otros colectivos de riesgo. Es el caso de las embarazadas –“un grupo de extremado riesgo”–, donde las coberturas a nivel nacional solo alcanzan el 58%, y los profesionales sanitarios, que apenas llegan al 44%.
Asimismo, Antoni Trilla, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Barcelona y jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, menciona que “en la población de cualquier edad con factores de riesgo las estadísticas son muy dispersas y las coberturas que se dan son bajas”. Aunque estos datos “no son muy fiables” porque “es un grupo muy heterogéneo y es difícil valorar y calcular”.
Según los expertos, no hay indicios de que las coberturas actuales vayan a revertirse o mejorar. “Llevamos años insistiendo y no hay forma de incrementar las tasas”, lamenta Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos.
Incrementar las coberturas en gripe es uno de los mayores retos pendientes en salud pública
Las estrategias de las CCAA
Las estrategias de las comunidades autónomas (CCAA) son muy similares y siguen la senda marcada por el Ministerio de Sanidad, administrando la vacunación, de forma prioritaria, en los colectivos de riesgo, tal y como exponen los integrantes de GRIPEXPERT.
Por ejemplo, Gil expone que, en la Comunidad de Madrid, a raíz de la pandemia, la vacunación se está haciendo de manera escalonada. “Se inicia primero en las residencias y, como son mayores de 80 años, ahí la cobertura es casi del 90%”, explica.
Por otro lado, asegura que en la cohorte de mayores de 75 años la cobertura también está siendo “bastante alta”, aunque “ahí siempre es alta”, aclara. Y en el grupo de 60-74 años el porcentaje está en torno a un 15%, “pero se va incorporando poco a poco”.
Por su parte, en Cataluña, donde la cobertura vacunal también ronda el 15% en la población de entre 60 y 74 años –cifra “esperable tras el inicio de la campaña–, se sigue el “mismo patrón”: “Primero en residencias y en colectivos de personas mayores, que son los colectivos más fáciles de captar, y luego empieza la parte más complicada, con la población de menor edad”, señala Trilla. En este sentido, apunta que el personal sanitario de las residencias tampoco se vacuna excesivamente.
En la Comunidad Valenciana siempre han ido alineados con las metas que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS), tal y como expone Pepe Lluch, del Servicio de Promoción de Salud en Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Además, destaca la baja aceptación de la vacunación infantil en los centros docentes de la región: “Muchos de ellos han argumentado que no son los sitios adecuados para la vacunación y habría que dedicar más esfuerzos para convencerles que eso no es así”, indica.
En este contexto, algo que se implantó en Madrid hace dos años y que funciona muy bien, tal y como relata Gil, son las denominadas unidades de asistencia a residencias (UAR). “Son enfermeros que están en los centros de salud a los que se les ha asignado las residencias de su área y van a vacunar a las personas ingresadas en las residencias y al personal sanitario. Están consiguiendo una cobertura muy amplia”, explica el catedrático. Y en Cataluña se hace algo parecido: “Los equipos de Atención Primaria tienen asignadas unas residencias y desplazan personal para vacunar”, afirma Trilla.
En línea con la importancia de la concienciación, los expertos instan a “atraer” a los medios de comunicación para fomentar la inmunización durante la campaña de vacunación antigripal y trabajar con los profesionales sanitarios para aumentar las tasas.
Vacunación conjunta de gripe y COVID-19
La prevención mediante la vacunación es fundamental. Y es que la gripe, la COVID-19 y el VRS, los más predominantes dentro del ecosistema actual de virus respiratorios, son impredecibles. Los expertos indican que aún no se puede saber cuál impactará más en cada temporada.
Según los datos de SIVIRA de la temporada 2022-23, en Atención Primaria predomina el virus de la gripe, seguido de VRS y COVID-19. Sin embargo, en hospitalizaciones es la COVID-19 seguida de VRS. En letalidad, es gripe y luego VRS. Y, en ingresos y UCI, es VRS y después COVID-19 y gripe. Ante esta situación, los expertos aseguran que los virus se van “rotando los papeles”.
Asimismo, los expertos apuntan a la necesidad de ‘derribar’ el mito de la estacionalidad de la COVID-19 y consideran que se deberían realizar vacunaciones bienales de COVID-19 en los colectivos de mayor riesgo. “Una solución podría ser contar con vacunas monodosis para administrarlas cuando procediera”, señala José Javier Castrodeza, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valladolid y jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
En este sentido, el grupo de expertos aluden a la conveniencia de revisar las ventajas y los inconvenientes de realizar una vacunación conjunta de gripe y COVID-19, tal y como se está llevando a cabo en las autonomías, y explorar otras vías de administración. Aunque reconocen la comodidad que aporta esta estrategia, pues aprovechan que tienen al paciente para coadministrar ambas vacunas, también podría ser contraproducente al suponer una posible pérdida de adherencia a la propia vacunación de la COVID-19. Y es que muchas personas sí se vacunan frente a la gripe, pero rechazan la vacunación COVID-19. De hecho, en la temporada pasada se observó que solo una de cada tres personas se vacunó frente a ambos virus.
Incentivos para la vacunación
Según la ‘IV Encuesta de opinión y percepción de la sociedad española de la enfermedad de la gripe’, realizado por GAD3 y con el apoyo de CSL Seqirus, la mitad de los españoles que no se han vacunado contra la gripe en los últimos años declararon que no se les había recomendado/prescrito.
Para fomentar esa recomendación en los hospitales de Castilla y León, “internamente en el contrato-programa del servicio, hay un objetivo de cara a la vacunación de sanitarios”, menciona Castrodeza. Es decir, un porcentaje del personal sanitario inscrito en el servicio debe estar vacunado y lograrlo supone recibir una cantidad complementaria de retribución.
Por su parte, en Cataluña están incorporando como objetivo para alcanzar en los centros de Atención Primaria una tasa concreta de vacunación entre la población que atienden los profesionales, no del personal sanitario. Así, se premia o no si se alcanza la población vacunada que tienen asignada. Algo que también ocurre en la Comunidad de Madrid, donde no se penaliza a nadie, pero se premia a quienes alcanzan un objetivo de población clave.
Además, en el Observatorio de Resultados de la Consejería de Sanidad madrileña, la cobertura de vacunación forma parte de uno de los indicadores y también se ha incluido como indicador en la gerencia de los hospitales la cobertura de vacunación en el personal sanitario.
En otros países también existen importantes incentivos. En Reino Unido, por ejemplo, el objetivo es por cobertura de vacunación, fundamentalmente en las pediátricas, y llega a suponer hasta un 10% del sueldo anual. Además, en Australia tienen una política de exenciones fiscales para los padres que llevan a sus hijos a vacunarse y en Estados Unidos existe una política de exclusión laboral en el caso de que los profesionales no se vacunen.
En este contexto, los expertos se preguntan si sería factible poner sobre la mesa dichos incentivos en España. Castrodeza opina que la vacunación en sanitarios “no debería ser punible, pero sí exigible”. También los expertos plantean la posibilidad de un consentimiento informado por parte del paciente, para que este acepte o no que le atienda un médico si no está vacunado y sugieren que deben ser aquellas personas con responsabilidad sobre los equipos sanitarios los máximos responsables e interesados en alcanzar los objetivos de vacunación.
Vacunas de inmunogenicidad aumentada
Por otra parte, la población mayor de 60 años es otro de los colectivos prioritarios para recibir la vacunación antigripal debido a la inmunosenescencia. Por ello, los expertos consideran que habría que apostar por aquellas vacunas que tienen una mayor efectividad.
Las vacunas de inmunogenicidad aumentada, que incluyen tanto las adyuvadas como las de alta carga, ofrecen una protección mayor. De hecho, el ECDC considera que estas vacunas suponen un paso importante en la prevención de la enfermedad en personas de edad avanzada.
Muchos países de la UE tienen en consideración las vacunas de inmunogenicidad aumentada. Por ejemplo, el German Standing Committee on Vaccination (STIKO), órgano asesor de vacunas de Alemania, ha decidido recientemente inmunizar frente a la gripe a todos los mayores de 60 años con vacunas de inmunogenicidad aumentada, como lo son Fluad Tetra (vacuna adyuvada de CSL Seqirus) y Efluelda Tetra (vacuna de alta carga de Sanofi).
En España, todas las CCAA ya tienen previsto emplear vacunas de inmunogenicidad aumentada. Sin embargo, es posible que algunas difieran en la edad de la población a la que se le administra. Lo más extendido es la administración de este tipo de vacunas en población mayor de 80 años, pero algunas regiones también recomiendan a partir de 60 o 65 años. En este sentido, los expertos coinciden en que lo ideal es que estas se comiencen a administrar a los mayores de 65 años, personal sanitario incluido. Asimismo, las personas mayores de 50 años con alguna patología crónica asociada se pueden beneficiar de la vacuna adyuvada, pero puede ser a criterio de su médico tomando una decisión compartida entre el paciente y el profesional sanitario.
Los expertos consideran que habría que apostar por las vacunas que tienen una mayor efectividad
Plan de invierno
El Ministerio de Sanidad planteó un documento con medidas para hacer frente a la temporada 2024-25 de COVID-19 y gripe, en el que plantearon la vuelta de las mascarillas en escenarios de riesgo que van desde el nivel 0 al nivel 3 y donde preveían el uso de estas medidas de protección, en casos concretos, para personas vulnerables dependiendo del nivel de transmisibilidad de los virus de la gripe o la COVID-19 en esta temporada de otoño a invierno. Sin embargo, las CCAA no respaldaron la iniciativa y aún está pendiente de debate.
De este modo, se espera que se celebre una reunión para abordar el control de las infecciones agudas exclusivamente. Ante ello, Castrodeza apunta que esta reunión “vendría bien si se refuerzan los mensajes dentro del personal sanitario”. “Diseñar y contar con estrategias conjuntas siempre es de utilidad para que abordar mejor los problemas que se planteen”, agrega.
En este contexto, Lluch afirma que uno de los elementos claves que debe incluir el plan del Ministerio son los sistemas de registro e información, pues “sin ellos no se podrá evaluar ni identificar las líneas de mejora”.
Finalmente, Gil considera que se debería “normalizar” el uso de la mascarilla en los casos en que se tenga sintomatología o en los hospitales. “Se trata de una herramienta más de las que se disponen para hacer frente a los virus”, asegura. De hecho, Castrodeza recalca que se debería hacer mención específica a determinados colectivos de riesgo para tener “una convicción clara” de que el uso de la mascarilla va a proteger al paciente. Sin embargo, no ve necesario que se tenga que legislar sobre ello.
