En el aire hay, al menos, 140 millones que beneficiarían la vida de los valencianos pero la Consejería de Transparencia no ofrece las facilidades que se le presuponen para acceder a los datos relativos a las liquidaciones que deberían haberse realizado. Tras la información publicada por GACETA MÉDICA sobre la deuda del grupo Ribera Salud, este medio se puso en contacto con la Consejería de Transparencia de la Comunidad Valenciana para pedir información sobre las órdenes de cobro que debería haber emitido el ejecutivo autonómico para saldar la deuda con el grupo Ribera Salud. La respuesta de esta Consejería fue remitir la demanda al departamento de Tesorería, quien dijo no poder hacer nada sobre la petición. “Buenos días. No creo que seamos el organismo adecuado. En todo caso debería dirigirse a la Consejería de Sanidad”, aseveraron mediante un correo electrónico.
Según la legislación valenciana, los documentos requeridos por este medio de comunicación son accesibles y deberían cursarse a través de la Consejería de Transparencia, dirigida por Rosa Pérez (Unidos Podemos, si bien ella tiene su arraigo en Izquierda Unida). Sin embargo, por alguna razón, esta Consejería no ha desvelado aún ni cómo se está desarrollando el cobro de la deuda de 140 millones de Ribera Salud con la administración pública durante los últimos años (por los hospitales de Alzira, Vinalopó y Denia) ni si están siguiendo el procedimiento del anterior equipo de gobierno de la consejería de Salud y están realizando las liquidaciones obligatorias a final de cada año para los años 2018 y lo que llevamos de 2019.
