La cobertura sanitaria universal es uno de los objetivos que Sumar quiere conseguir en esta legislatura. Así lo puso de relieve Mónica García durante su nombramiento como ministra de Sanidad y así lo reiteró durante su comparecencia en la primera Comisión de Sanidad en el Congreso cuando anunció la inminente puesta en marcha de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS. Esta ley, que se quedó en el cajón durante la pasada legislatura, busca garantizar la cobertura universal, equitativa y de calidad para todas las personas que viven en España. “Puedo asegurar que pronto tendremos una ley que garantice la cobertura universal, equitativa y de calidad para cada persona de nuestro país”, ha reiterado.
Por el momento, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley relativa “a la consecución de avances reales en la consecución plena de la cobertura sanitaria universal” para que se debata en la Comisión de Sanidad.
En su exposición de motivos, puede leerse que “la cobertura sanitaria universal se considera un objetivo fundamental para poder mejorar la salud de todas las personas”. También se aportan datos de investigaciones que demuestran los beneficios que “la inversión en una cobertura sanitaria universal comporta tanto para la salud poblacional (disminución de mortalidad), como para las economías nacionales”.
El texto expositivo indica, por otro lado, que la cobertura universal ha sido incluida como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o que la Organización Mundial de la Salud la define como “aquella situación en la que toda la población de un país tiene acceso a servicios de buena calidad según sus necesidades y preferencias independientemente del nivel de ingresos, estatus social o residencia”. Y para ello, la OMS considera que hay que reorientar “los sistemas sanitarios en torno a la Atención Primaria, como una prioridad estratégica que alcance un billón de personas más en 2025”.
En la PNL, también se expone que, desde la creación del Sistema Nacional de Salud, en 1986, “diferentes normativas ampliaron de forma sucesiva el acceso a la atención de toda la población”. Sin embargo, el texto critica que el Real Decreto Ley 16/2012 “supuso un retroceso significativo y un cambio profundo en la configuración del sistema sanitario y su cobertura poblacional, en tanto que vinculaba el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a la contribución a la Seguridad Social, y se limitaba, por tanto, el acceso de personas extranjeras, tanto de aquellas sin permiso de residencia, como de algunas que si lo tienen”.
LA PNL añade, finalmente que, aunque el Real Decreto Ley 7/2018 proclamó la restitución de la universalidad, la reforma “no recuperó la lógica previa a 2012, que vinculaba el derecho de la atención sanitaria al hecho de vivir en España, y pese a que mejoró la situación de algunas personas sin permiso de residencia, también presenta importantes carencias y lagunas que siguen provocando múltiples situaciones de exclusión”.
Un año después de publicarse este Real Decreto Ley, prosigue el texto, la Dirección General de Cartera de Servicios Básicos presentó recomendaciones que “se han materializado de diferentes maneras en las comunidades autónomas introduciendo grandes desigualdades entre ellas y generando una importante inseguridad jurídica”.
Por todo lo anterior, reza el texto, la PNL quiere que el Congreso inste al Gobierno a “revisar y mejorar la legislación vigente, a la mayor brevedad posible y por el procedimiento de trámite de urgencia, para garantizar el pleno acceso a la Cobertura Sanitaria Universal en nuestro Sistema Nacional de Salud”.
En segundo lugar, se pide también que la modificación legislativa tenga en cuenta “aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad y la situación de las personas ascendientes reagrupadas”. Y, finalmente, “garantizar adecuada información a las unidades administrativas de los diferentes dispositivos asistenciales sanitarios y sociales para garantizar un adecuado acceso al sistema sanitario”.
