La coalición Sumar, de la hasta ahora vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado su programa en el que definen a la sanidad pública como uno de los pilares de sus políticas de bienestar.

En su punto 2.2 “Derecho a la salud”, el nuevo espacio político describe cómo será su hoja de ruta en cuanto al ámbito sanitario se refiere. Uno de los puntos más importantes es el desarrollo de una Ley General de Salud y Bienestar con la que buscan asegurar una atención sanitaria integrada en los territorios y vertebrada desde la atención primaria y comunitaria.

Esta ley iría enmarcada en un “gran pacto por la salud, la sanidad y el bienestar en España”. Para el partido, este pacto vendría a blindar y proteger el SNS de reformas legislativas que han podido dañarlo. Además rediseñaría el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para establecer una nueva gobernanza entre el ministerio y las comunidades autónomas, que junto con las asociaciones de pacientes y agentes sociales implicados garanticen la equidad del Sistema Nacional de Salud y velen por una cartera básica de servicios, programas y prestaciones común a las diferentes comunidades autónomas.

Asimismo, ofrecen aumentar anualmente medio punto del PIB en gasto sanitario público hasta igualar el porcentaje promedio de los diez países europeos con mayor participación de gasto sanitario público sobre el PIB. Una parte sustancial de este incremento estará
destinado a reforzar la atención primaria y comunitaria y la salud pública.

En su programa también anuncian que quieren incorporar a los servicios sanitarios públicos nuevas prestaciones, como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia; ya que aseguran que estos servicios tienen “un gran impacto en la población. Su inclusión y ampliación son una vía básica para reducir las desigualdades en el acceso a la salud”.

La cronicidad de la enfermedad es uno de los retos primordiales a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario. Para afrontarlo vamos a impulsar una nueva norma que regule la condición de persona enferma crónica en el Sistema Nacional de Salud

Además, aseguran que si llegan al poder aprobarán una ley de listas de espera que establezca tiempos máximos de espera y garantice un registro homogéneo, transparente y fiable de las listas de espera en todo el país.

Afirman que con el fin de acabar con la precariedad del personal sanitario y mejorar sus condiciones laborales, se comprometen a “acabar con la temporalidad”. Para ello consideran fundamental acometer una reforma del Estatuto Marco y el resto de legislación bajo la que se regulan las condiciones de trabajo de los profesionales del sector sanitario, de modo que se ponga fin al sistema actual y se reconozca el derecho a jornadas y horarios racionales, previsibles y respetuosos con los derechos.

Asimismo aseguran que promoverán la reorganización de plantillas para avanzar hacia la aplicación de la semana laboral de 32 horas en el sector público. “Crearemos un plan de retorno del talento dirigido a recuperar para la sanidad pública española y los profesionales sanitarios a quienes la precariedad ha obligado a emigrar o a abandonar el sector”.

También mencionan lo necesario que es el fortalecimiento de la atención primaria. Para ello proponen un plan de choque que implicara la financiación directa para que las comunidades autónomas puedan aumentar personal, mejorar las infraestructuras y adquirir material sanitario.

Una gran apuesta por la salud mental

La salud mental es uno de los puntos en los que más ha incidido el programa de Sumar. “Pondremos en marcha un Plan de Choque en Salud Mental que aborde los problemas relacionados con el sufrimiento psíquico desde una perspectiva comunitaria, interdisciplinar y sensible a los determinantes sociales”, expresan en el documento.

A este plan de choque se une un Plan Nacional contra el Suicidio. Buscan que este plan no solo refuerce la dimensión asistencial sino que también ponga el foco en las condiciones de vida y las intervenciones en el medio. También han asegurado que incrementarán el número de profesionales de psicología clínica, enfermería especializada en salud mental, trabajo social y psiquiatría de la red sanitaria pública con el objetivo de crear una red de continuidad de cuidados basada en los centros de salud mental comunitarios y los centros de atención primaria.

En el documento explican que pondrán en marcha una estrategia estatal de cero contenciones, dirigida a conseguir que las prácticas coercitivas en los centros sanitarios y entornos penitenciarios sean realmente excepcionales y siempre ateniéndose a unas causas y a través de unos procedimientos previamente protocolizados.

También quieren promover un Pacto de Estado por la Salud Mental para que estas políticas partan del consenso institucional. En donde quieren definir la financiación destinada a aumentar las plantillas de profesionales de psicología, así como medidas específicas para abordar la salud mental de juventud y prevenir el suicidio juvenil, con atención específica en centros educativos.

Otros puntos relevantes

  • Un Plan de Salud sexual y reproductiva que incremente el abanico de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud.
  • Incrementar las plazas públicas en las comunidades terapéuticas de tratamiento de las drogodependencias, para así luchar atender las adicciones.
  • Sanidad penitenciaria: buscan su mejora a través de la transferencia autonómica de las competencias en esta materia.
  • Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (Muface-Mugeju-Isfas).