La directora general de Recursos Humanos del Sergas, Margarita Prado Vaamonde, ha afirmado que “este año va a haber incrementos retributivos” para el personal de la sanidad gallega, que ha cifrado en un promedio de 3.300 euros para facultativos y en 800 para enfermeros.
Ante estos datos, la diputada del BNG Montse Prado ha calificado de “indecente” que la administración trate de “vestir de mejoras” lo que considera, simplemente, “devolver lo robado”.
Prado ha trasladado las reivindicaciones de los trabajadores del Sergas durante la comisión parlamentaria que aborda asuntos relacionados con la sanidad. “Tiene que haber una recuperación para esos trabajadores”, ha defendido.
Por su parte, la responsable de recursos humanos ha negado “congelación salarial” y se ha referido a cuestiones como la recuperación del complemento específico, “que vuelve a ser abonado en las nóminas” junto a las pagas extras de junio y diciembre, “y además, con efecto retroactivo”.
La dirigente ha destacado también que “otros muchos derechos se han recuperado en esta última legislatura”, por la extra de diciembre de 2012, la subida lineal para los empleados públicos de un 1% en 2016, la devolución en septiembre del específicio adicional de las nóminas de enero y febrero de 2013 y la disposición de “mayor número” de días de libre disposición.
A mayores, ha aludido a otras medidas como la “flexibilización” de la jubilación y a procedimientos “voluntarios” de movilidad, así como a las ofertas de empleo público.
“No es ninguna mejora devolver lo robado”, le ha replicado la nacionalista, quien ha llamado a la administración sanitaria a sentarse a negociar sus demandas con los trabajadores.
Órganos de participación
Por otra parte, en la misma comisión, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, ha dicho a Prado que si los ‘consellos de saúde de área’ –órganos de participación previstos en la ley de 2008– no están constituidos es porque todavía está pendiente de desarrollo su forma de funcionamiento.
Al respecto, ha informado de que se está tramitando una orden que desarrolle la disposición legal.
Centros de salud
En la comisión de sanidad también se ha debatido sobre la apertura de distintos centros de salud en Galicia. En un primer punto, la directora general de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad, María Jesús Piñeiro Bello, ha fijado para marzo la puesta en funcionamiento de los de A Valenzá (en Barbadás, Ourense) y Pontedeva.
Interpelada por la popular Marta Rodríguez-Vispo, ha señalado, además, al segundo trimestre de 2017 como fecha para el inicio de la licitación de los centros de salud de Paderne de Allariz y O Pereiro de Aguiar.
A continuación, ha sido la socialista Noela Blanco la que ha denunciado “parálisis” en los centros comprometidos para los barrios ourensanos de O Vinteún y Mariñamansa. El gerente del Sergas ha señalado que “difícilmente” puede la administración “llevar a cabo” el segundo, cuando “no dispone de una parcela completa”.
En cuanto al primero, ha indicado que existen “problemas” en el ámbito urbanístico, a lo que Blanco ha replicado que lo que hay, a su juicio, es “una dejadez”, pues “debería volver a solicitarse una licencia en la orden de provisión y no se hizo”.
Por último, el diputado del PSdeG Julio Torrado ha mostrado su preocupación por todo lo que rodea a la sentencia que anula el concurso para la provisión del puesto de jefe de servicio de psiquiatría del complejo hospitalario de Pontevedra. “¿Por qué no han tomado medidas?”, ha preguntado, señalando directamente al gerente de ese hospital.
Al respecto, la directora xeral de Recursos Humanos del Sergas ha expuesto que la consejería y el servicio gallego de salud valoraron el fallo y decidieron interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en base a lo que recomendaron sus servicios jurídicos.
Entre sus argumentos, según ha explicado Prado Vaamonde, el recurso incluye la referencia a lo que dice un auto de abril de 2016 sobre que “no existen indicios de arbitrariedad en la actuación de la administración”. En todo caso, ha garantizado que la administración acatará lo que determine finalmente la Justicia.
