El Sindicato de Enfermería, Satse, ha criticado la incapacidad de los partidos políticos a la hora de llegar a un acuerdo sobre el Real Decreto de prescripción enfermera que acabe con la actual situación de grave inseguridad jurídica que perjudica tanto a los profesionales de Enfermería como a los usuarios y pacientes.
Satse considera que la reciente Comisión de Sanidad celebrada en el Congreso de los Diputados para abordar el Real Decreto de prescripción enfermera constituyó un “gran fracaso” al no lograr ponerse de acuerdo los distintos grupos políticos y aprobar una iniciativa conjunta cuando todos sí coincidían en el “diagnóstico de situación”.
Al respecto, la organización sindical subraya el hecho de que los partidos políticos reconocieron que el actual texto normativo, aprobado a finales de 2015, no cumple con las expectativas de los profesionales sanitarios ni beneficia al usuario y paciente, pero finalmente sus intereses partidistas prevalecieron sobre el bien común.
“Todos los partidos aseguraron que, por cualificación, competencias y ejercicio profesional, las enfermeras necesitamos otra regulación normativa sobre el uso e indicación de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción médica, pero, una vez más, volvieron a marear la perdiz sin apostar conjuntamente por una vía de solución que beneficie a profesionales y pacientes”, lamentan desde Satse.
La organización sindical recuerda que, tras la aprobación en 2006 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y su posterior modificación, en 2009, la profesión enfermera continúa esperando que se atienda su justa reivindicación. “Llevamos más de 10 años escuchando promesas y compromisos que nunca se cumplen, algo absolutamente reprochable”, apuntan.
Tras lo sucedido en la Comisión de Sanidad en el Congreso, la organización sindical tiene claro que deberá continuar presionando, junto al Consejo General de Enfermería, como integrantes ambos de la Mesa de la Profesión Enfermera, para que los enfermeros cuenten con una normativa que ampare legalmente su desarrollo profesional y se corresponda con la realidad asistencial existente en los centros sanitarios.