Satse ha acusado a la Consejería de Salud de Navarra de “no pensar en la enfermería durante toda la legislatura” y ha considerado que las actuaciones llevadas a cabo “han estado marcadas por la improvisación, la rectificación y plagadas de medidas y decisiones cuestionables en su viabilidad, eficacia e incluso en su legalidad”. En opinión del sindicato, el departamento dirigido por Fernando Domínguez “ha trabajado, y continúa haciéndolo, enfocado más en contentar a aquellos que pueden garantizar un mayor número de votos en las próximas elecciones que en escuchar las necesidades y problemas de uno de los colectivos más grandes del Servicio Navarro de Salud, como son los profesionales de Enfermería, Enfermería Especializada y Fisioterapia”.
Para Satse, “la mala praxis del departamento para con la profesión de Enfermería se ha evidenciado, entre otras, en la aplicación de las modificaciones del decreto foral por el que se regulan los puestos en el SNS”. “Su aplicación ha implicado la creación irregular de puestos, duplicidades de funciones y destrucción encubierta de puestos de trabajo de Enfermería, en su forma de elección y retribución”, ha criticado el sindicato.
Según han indicado en un comunicado, “estas irregularidades han alertado al propio departamento de Función Pública con unos pagos poco transparentes en concepto de productividad”. “Las negociaciones sindicales en este punto han sido oscuras y las necesidades y valoraciones de la Enfermería han sido ignoradas con respecto a los intereses de otros profesionales”, ha sostenido el sindicato.
Asimismo, Satse ha considerado que “la falta de compromiso e implicación del departamento en los aspectos que afectan a los profesionales de Enfermería y Fisioterapia se evidencian al ver cómo han pasado más de siete meses en los que no se ha convocado ninguna mesa sectorial, el foro donde se debaten y valoran aspectos fundamentales que afectan a la sanidad navarra con los principales sindicatos implicados”. Además, añaden, la OPE de Enfermería sigue sin resolverse. “El proceso, que arrancó marcado por un procedimiento previo de traslados sin solventar y que mantuvo en vilo a más de 5.500 aspirantes que desconocían el número de plazas para el que estaban estudiando, continua más de un año y medio después sin un resultado definitivo”, han concluido.