En materia de recursos humanos, Sanidad tiene previsto reactivar la gestión del Registro de Profesionales
El Ministerio garantiza que la interoperabilidad total con la receta electrónica culminará en 2018
La última Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados acogió la presentación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en materia sanitaria. El secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza; el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; y la subsecretaria general de Sanidad, María Jesús Fraile, fueron los encargados de presentar la propuesta del Gobierno.
Partiendo de la premisa de que “los presupuestos han vuelto a la senda del crecimiento”, el equipo de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, puso en valor el incremento en la partida sanitaria, haciendo hincapié en que el Gobierno ha apostando directamente por esta cartera.
Valoraciones aparte, la oposición continua mirando con recelo esta justificación “optimista”. Tanto PSOE como Podemos coincidieron a lo largo de sus intervenciones en que el sistema sanitario sigue teniendo retos por delante y por tanto, la dotación es “insuficiente”.
Uno de los asuntos más esperados para analizar fue el capítulo dedicado al Fondo de Cohesión, que el Gobierno recupera con una dotación de 3,76 millones de euros. Hay que recordar que en los presupuestos de 2016 el Ejecutivo liquidó este fondo destinado a compensar a las comunidades autónomas por atender a pacientes en otras regiones. Con ello, Sanidad dejaba que fueran las autonomías las encargadas de compensarse entre ellas por los tratamientos. De hecho, en noviembre de 2016 el Partido Socialista ya instó a recuperar esta partida y, a finales de año presentó una enmienda para dotarlo con 200 millones.
Tras la presentación del borrador de los PGE, los partidos de la oposición advirtieron de la insuficiencia presupuestaria de este órgano. “Nació con 150 millones de euros y progresivamente se fue devaluando”, recordó la diputada de Podemos, Amparo Botejara.
Como explicó Castrodeza el actual sistema de financiación que está en revisión no tiene previsto un mecanismo que permita detraer de la financiación de las comunidades autónomas las cantidades por las que éstas resultan deudoras por la atención de otras autonomías que prestan a sus ciudadanos. “Con esta dotación presupuestaria prevista en los PGE las comunidades receptoras de pacientes van a poder recibir compensaciones por atención que prestan fundamentalmente en enfermedades raras (EE.RR.) a ciudadanos de otras comunidades. “Lo que se traduce en una mayor equidad para estos pacientes y sus familias”.
Está claro que de forma progresiva se van identificando un mayor número de EE.RR. y frente a ello, el aumento de unidades y centros de referencia es evidente (CSUR). De este modo, conscientes de que la dotación puede quedar escasa, el Ministerio tiene un ‘as’ debajo de la manga para aumentar la partida.
“De ser preciso”, explicó el Secretario General de Sanidad, se podría incrementar el presupuesto con fondos destinados a la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) provenientes de las aportaciones que hace la industria farmacéutica por volumen de ventas, mediante el acuerdo que en su día se alcance en el Consejo Interterritorial, cuando se lleve el balance del saldo producido por estos beneficios. Castrodeza fue contundente: “estos acuerdos cuando se refieren a políticas de coordinación sanitaria tienen obligado cumplimiento a tenor de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público”, recordó.
Hay que recordar que esta fórmula que plantea Castrodeza y contemplada en la disposición adicional sexta de la Ley de Garantías, es la que propuso el Grupo Socialista a través de una PNL que todavía no ha sido debatida para costear la formación continuada de los médicos y evitar así que Hacienda les haga tributar como pago en especie por asistencia a congresos y eventos científicos.
Sin embargo, para el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Jesús María Fernández, “esto no tiene ninguna credibilidad”. A su juicio, si los beneficios de la industria aumentan, “los fondos tendrán que ir dedicados a lo que establece la ley, es decir, formación, investigación, y para las campañas de educación a la población para el uso responsable del medicamento”. Fernández considera que por mucho que aumente la facturación de la industria farmacéutica “nunca llegará a los 100 millones de euros”, tal y como se pidió hace varios encuentros parlamentarios.
Interoperabilidad
Por otra parte, en materia de interoperabilidad tanto Castrodeza como Fraile están convencidos de que se podrán hacer grandes avances, e incluso, hablar de conexión total.
“El Ministerio consciente de su importancia ha decidido intensificar el esfuerzo inversión en TICs”. El mayor esfuerzo se ha realizado en la sanidad electrónica. Entre 2012 y 2016 se han destinado más de 75 millones de euros en tecnología. Así, los proyectos con más impacto han sido los del ámbito sanitario: receta electrónica, historia clínica y tarjeta sanitaria única. Además, “en estos años se ha dado un gran impulso al proyecto de historia clínica digital”, comentó Fraile.
El esfuerzo también lo han hecho las comunidades autónomas, ya que se ha pasado de contar con tres autonomías conectadas a 16. “Lo que supone más del 78 por ciento de la población”, añadió la subsecretaria.
En materia de receta electrónica, poco más cinco comunidades pueden intercambiar recetas. “Estando prevista la conectividad total entre 2017 y 2018”, adelantó.
En este contexto, Castrodeza destacó que este es el tercer eje de los PGE. “Somos conscientes de que no basta con la voluntad del ministerio, tenemos que contribuir todos”, apuntó. A su vez, también seguirán avanzando con la historia clínica digital.
Recursos humanos
En cuanto a los recursos humanos, Castrodeza explicó la partida correspondiente a la Dirección General de Ordenación Profesional, con 5,69 millones de euros. “De ellos, 1,35 millones de euros se destinan a los gastos de preparación de la prueba anual de acceso a las plazas de formación sanitaria especializada”.
Teniendo en cuenta, además, que una de las prioridades del Ministerio está siendo la estabilización de plantillas, dentro de este presupuesto se contempla también la cooperación de las comunidades autónomas en la planificación de los recursos humanos.
Asimismo, entre otras acciones a desarrollar en este departamento, el Ministerio tiene previsto reactivar la gestión del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Por cierto que, esta estrategia ya se puso de manifiesto en el primer encuentro que mantuvo Montserrat con el Foro de la Profesión Médica.
Jornada ‘maratoniana’
La cita parlamentaria era ineludible para la primera línea ministerial y parte de los equipos técnicos de la Ministra. Además de los comparecientes en la Cámara: Garcés, Fraile y Castrodeza, la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), Belén Crespo; el director general de la Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero; y Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional no quisieron perderse el debate.
No se recordaba una Comisión de Sanidad tan extensa, seis horas en total, en este tiempo los diputados escucharon el análisis de los responsables.
Unos presupuestos que suman entre todos los organismos dependientes 4.093 millones de euros, es decir, en un 2,3 por ciento respecto a 2016. Pero aunque el discurso de la oposición transcurrió en un tono ‘amable’, no tardaron en sacara la ‘tarjeta amarilla’ y recordaron que todavía queda lejos del presupuesto de 2011 (4.263.58 millones de euros).
