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El pasado 19 de mayo, el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, iniciando así su camino parlamentario para ser aprobada finalmente por el Parlamento en los próximos meses.

El Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética está vertebrado sobre múltiples principios rectores, entre ellos, la protección y promoción de la salud pública con actuaciones basadas en la movilidad sin emisiones, la calidad del aire o la alimentación sostenible. La nueva ley, en caso de ser aprobada por el Parlamento, pretende llevar a cabo medidas que alcancen la neutralidad climática para 2050, y continuar así con el Acuerdo de París.

Un punto de inflexión

Esta ley llega justo en un punto de inflexión. La crisis provocada por el coronavirus no ha parado la ambición climática de la Unión Europea. En este sentido, el Gobierno de España pretende impulsar la salida de la crisis con políticas verdes que sigan la ruta europea.

Hace unos días, la vicepresidenta y ministra del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera explicaba que “este proyecto otorga un marco institucional a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca”.

España se enfrenta a importantes riesgos derivados del cambio climático que indicen directa o indirectamente sobre un conjunto de sectores económicos, según el documento. Esta situación acelera el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar, como el agua, el suelo fértil, o la biodiversidad, amenazando la calidad de vida y la salud de las personas.

Por ello, el Proyecto apuesta por la transición ecológica, la descarbonización de la economía y la reindustrialización basada en políticas verdes.

No hay que olvidar que la contaminación atmosférica causa unos 7 millones de muertes en todo el mundo -más de 10.000 en España-, según datos de sociedades médico-científicas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, este último estima que 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado.

Movilidad sostenible

En este sentido, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad del aire se convierten en otros de los principios vertebradores del documento. En la promoción de una movilidad sin emisiones, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales “adoptarán medidas para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) para 2050”. 

Asimismo, las zonas de bajas emisiones serán un elemento más de los municipios que tengan más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, donde se deberá promover medidas “para facilitar los desplazamientos a pie”, como el uso de la bicicleta. La mejora de la red de transporte público y la electrificación de la movilidad será, previsiblemente, otra realidad con el proyecto de ley.

Según el Gobierno, el sector del transporte en España supone el 25 por ciento de las emisiones de efecto invernadero. El gobierno indica que una de las “principales barreras” para su descarbonización es el desarrollo insuficiente de puntos de recarga eléctrica.

Por ello, “el sector del transporte tiene que ser parte de la respuesta al cambio climático y posicionarse en el nuevo modelo de desarrollo para aprovechar las oportunidades”, indica el documento.

Estas medidas están orientadas para reducir la emisión de gases, además de promover hábitos de vida saludable. En esta línea, el Gobierno fomentará la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la seguridad y la dieta alimentaria. Para ello, se tendrán en cuenta objetivos para mitigar los riesgos en este ámbito.

La importancia de la investigación y la educación en materia ambiental

Para consolidar las medidas, las estrategias deben ir más allá y el papel de la investigación es clave. La relación entre la contaminación atmosférica y la salud de las personas está demostrada por varios estudios. Si bien los expertos coinciden es que es necesario hacer más análisis en España, el papel de la investigación es fundamental para consolidar políticas de transición energética que se basen en la ciencia.

En este sentido, el Gobierno fomentará la inclusión del cambio climático y transición energética en el ámbito de la investigación, y promoverá su financiación adecuada. Para ello, se formarán paneles de evaluación científico-técnica multidisciplinares para valorar las líneas de investigación, según señala el Proyecto de Ley.

La creación de un Comité de expertos en cambio climático y transición energética es otra realidad con el proyecto. La actividad del panel será desarrollada “con plena autonomía”. Este grupo de expertos elaborará un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.  

Asimismo, la educación toma peso en la capacitación frente al cambio climático. El sistema educativo español promoverá el conocimiento sobre cambio climático. Esto implica revisar el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de las enseñanzas, entre otras cuestiones.


La visión de las sociedades científicas

La crisis provocada por el coronavirus y el parón industrial ha provocado una bajada en los niveles de contaminación en las ciudades que ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del tráfico de carretera. Durante el confinamiento, múltiples estudios han analizado el impacto de la polución sobre la Covid-19. Entre ellos, un estudio realizado por la Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU), de Alemania, señala que “los niveles elevados de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire pueden estar asociados con un alto número de muertes de Covid-19″.

El informe se centró en Italia, Francia, España y Alemania y los datos revelan que las regiones con niveles de contaminación permanentemente altos tienen significativamente más muertes que otras regiones. En España, esta asociación e impacto es defendido por la neumóloga y coordinadora del área de Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Isabel Urrutia. La experta insiste en que “cinco enfermedades respiratorias están en los primeros puestos de enfermedades mortales según la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, por lo que insiste en la concienciación ciudadana y gubernamental.

“La calidad del aire puede prevenir epidemias”, señala la experta, que anima e incide en la importancia de realizar más estudios sobre el territorio español acerca de la calidad del aire.

Tráfico e ingresos hospitalarios

Por otro lado, el jefe del departamento de epidemiología y bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III(ISCIII), Julio Díaz ha llevado a cabo un estudio que relaciona el tráfico con el riesgo atribuible a los trastornos respiratorios y cardiovasculares.

El informe ‘Evaluación directa de los impactos en la salud en la admisión hospitalaria por la intensidad del tráfico en Madrid’ ha sido desarrollado junto a compañeros del Instituto de Salud Carlos III y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La principal conclusión del documento es que el 13 por ciento de los ingresos hospitalarios en la ciudad por causas respiratorias están relacionados con la intensidad del tráfico.

“El problema de la contaminación es muy serio a nivel local y a nivel planetario”, lamenta.

Jefe del Departamento de Epidemiología y bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III, Julio Díaz

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