La Conferencia Enfermera ha jugado el papel de previa del Consejo Interterritorial. En otras convocatorias del cónclave autonómico, los consejeros aprovechaban su entrada al Ministerio de Sanidad para argumentar su desencuentro con la política del Gobierno central pero en esta ocasión ha sido la profesión enfermera la que ha sufrido el desplante de un gran número de comunidades que no están en línea con la política sanitaria del Ejecutivo. Sólo Extremadura se ha sumado al encuentro respecto a la conferencia enfermera que se suspendió hace tres semanas por la falta de presencia institucional de las comunidades pero lo ha hecho con muchos peros. “He venido porque no quiero que mi ausencia se interprete como una falta de respecto a esta profesión pero estas no son formas de convocar este foro. Primero hay que discutir en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial… estos son foros que se ha inventado el Ministerio”, ha afirmado el consejero extremeño, José María Vergeles, a su entrada.
De esta conferencia, junto a la de los médicos de hace dos semanas, se ha trasladado la propuesta de que estén representados en el Consejo Interterritorial. Se hizo a petición del consejero de Castilla y León y el vehículo para conseguirlo es la reforma del reglamento del Interterritorial. “En el proceso de actualización del reglamento yo propuse que estuvieran representados”, dijo Antonio María Sáez Aguado. Sin embargo, este aspecto (la reforma del reglamento) sigue encallado en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial y no se ha incluido su debate en el orden del día de la jornada de hoy.
Financiación y universalidad
Los dos puntos más importantes para los consejeros que ya han llegado al Ministerio de Sanidad son la financiación sanitaria y la universalidad en la asistencia. Así lo han destacado tanto Vergeles como el consejero de Navarra, Fernando Domínguez, y el de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. En relación al primero de estos puntos, este último ha asegurado que “el acuerdo será muy difícil” mientras que Vergeles ha señalado que las comunidades están hartas de “los ataques del Gobierno central a las normas autonómicas para asegurar la universalización”.
