“Urgencias es una especialidad primaria ya en 22 países de la Unión Europea y más de 100 países en todo el mundo y desde la conselleria que represento, creemos en ese modelo, y apostamos por él”. Así de contundente, Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad Valencia, defendió en el 29 Congreso Nacional de Semes el reconocimiento de la especialidad. Se suma así a otras comunidades como Castilla y León que apoyan y respaldan esta petición de los urgenciólogos. Una cuestión que queda claro que no depende del signo político, sino que como ha explicado en varias ocasiones el presidente de Semes, Juan Jorge González Armengol, es cuestión de “voluntad”.
Montón tiene la intención que en el próximo Consejo Interterritorial se ponga “esta cuestión sobre la mesa ya que la propuesta actual del Ministerio de Sanidad de que urgencias sea una Área de Capacitación Específica ACE, resulta claramente insuficiente”.
Sanidad militar
Santiago Coca Menchero, inspector General de Sanidad de la Defensa, por su parte destacó “que cada vez más la sanidad militar que está para servir a la sociedad, es cada vez más entendida y comprendida por todos, y que su principal misión es el apoyo militar”. Una de las cosas que Coca Menchero agradeció fue el respaldo de la sociedad en la formación militar, y que gracias a eso ha ido posible implantar la especialidad de urgencias en este ámbito.
González Armengol no dejó pasar la ocasión para informar a todos los presentes que Semes seguirá exigiendo al Ministerio de Sanidad lo que ya es una evidencia y quiso transmitir a Dolors Monserrat un mensaje en nombre de los casi 10.000 socios de SEMES. “Le pedimos que haga honor al respeto a la Ley de la que hace alarde y que ordene la publicación del Real Decreto de creación de la Especialidad de Urgencias y Emergencias en España, y su desarrollo. Sabe que le ofrecemos sensatez y garantía de equilibrio en esto último. De no ser así le anunciamos que, previa consulta a nuestros asociados, llevaremos esta petición a otro ámbito, y junto a ello la petición de responsabilidades por lo ocurrido durante estos años a algunas personas”
El urgenciólogo explicó también que la formación continuada y la actualización de conocimientos es una obligación ética, profesional y jurídicamente exigible para los médicos, y el resto de profesionales sanitarios, para garantizar el mejor tratamiento posible para sus enfermos en cada momento. Sin embargo, a su juicio, también es responsabilidad del empleador, siendo el principal la Administración. “Esto no implica replicar estructuras de provisión dentro la propia Administración que ya ofrece el mercado profesional con Universidades, Empresas, Colegios Profesionales o Sociedades como SEMES”, aclaró González Armgenol. El experto recordó “la situación de alegalidad que viven los médicos de Urgencias como consecuencia de la no existencia de la especialidad reglada en España y que obliga sobremanera a los urgenciólogos a garantizar su formación por otras vías accesorias, agudizando si cabe aún más esta problemática”.