La catástrofe de la DANA que azotó Valencia ha desencadenado un despliegue masivo de medidas sanitarias y sociales por parte del Gobierno, destinadas a mitigar las secuelas en la población y asegurar la continuidad de los servicios de salud pública en las áreas más golpeadas. Las acciones incluyen desde la atención psicosocial hasta intervenciones específicas para facilitar el acceso a medicamentos y servicios básicos.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las anunciaba en rueda de prensa y hoy han sido publicadas en un Boletín Oficial del Estado Extraordinario que recoge el Real Decreto ley 7/2024 de 11 de noviembre en el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA en diferentes municipios de la provincia de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.
Salud Mental como Prioridad
La salud mental ha sido identificada como uno de los puntos más críticos tras la catástrofe. El Real Decreto-ley recién aprobado, autoriza al Ministerio de Sanidad a coordinar equipos específicos para atender problemas como el estrés postraumático, la ansiedad y otros trastornos derivados de la situación. De hecho Sanidad anunciaba el despliegue de 14 equipos multidisciplinares que brindarán a la población afectada por la catástrofe una respuesta rápida y eficaz con un enfoque preventivo, comunitario y coordinaro.
Estas acciones se basan en la Guía del Inter-Agency Standing Committee para emergencias y se implementarán con la colaboración de la Fundación Estatal de Salud, Infancia y Bienestar Social (CSAI), que tiene experiencia en gestión de proyectos de salud mental. Para garantizar una intervención efectiva, se plantea realizar una gestión directa por parte del Ministerio de Sanidad mediante la constitución de un pequeño equipo técnico que coordinará la acción de los equipos psicosociales multidisciplinares, integrando recursos estatales, autonómicos y locales. Este enfoque busca prevenir el agravamiento de problemas de salud mental y promover el bienestar psicológico en las comunidades afectadas.
Apoyo Económico
Dado el profundo impacto social provocado por la DANA, resulta necesario a su vez reforzar la intervención social de emergencia a través del despliegue de prestaciones básicas de los servicios sociales de atención primaria, a través de una subvención directa a los municipios afectados. Las actuaciones estarán orientadas a la detección precoz y atención temprana de necesidades sociales derivadas de la DANA.
Asimismo, se pretende agilizar y facilitar el acceso a los apoyos y recursos materiales, sociales, psicológicos y educativos de emergencia necesarios para que las personas y familias puedan transitar la crisis con sus necesidades básicas cubiertas y en las mejores condiciones psico-sociales posibles.
Para ello se articula una nueva subvención de 50 millones de euros destinada a los municipios afectados, ejecutables desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, como administraciones competentes en la provisión de servicios sociales de atención primaria. Esta medida posibilitará la implementación de actuaciones en materia de detección precoz e intervención de emergencia; información, orientación, asesoramiento y apoyo a la gestión; apoyo de emergencia incluyendo prestaciones y ayudas económicas directas a unidades de convivencia, familias y personas afectadas; el refuerzo de actuaciones en el ámbito domiciliario hasta la normalización de la movilidad en las zonas afectadas, entre otras.
Por otra parte, el Gobierno ha concedido subvenciones a la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social y al Consejo General de Trabajo Social. Estas organizaciones desplegarán recursos para fortalecer la intervención social en terreno, asegurando que los servicios lleguen a quienes más lo necesitan.
Medidas para Mutualistas
Para los mutualistas de la Mutualidad General de funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), se han creado también una serie de medidas extraordinarias. En primer lugar, como medida para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, se exceptúa transitoriamente el estampillado presencial de las recetas, al igual que se hizo durante la pandemia, para evitar desplazamientos difíciles para su obtención en la Dirección provincial de MUFACE, sita en Valencia capital, bien personalmente, bien por correo.
Asimismo, para mitigar las serias dificultades existentes para el acceso de los pacientes crónicos a visitas médicas programadas, con el único objetivo de obtener las recetas con las prescripciones sucesivas de medicamentos y otros productos sanitarios que precisan, se homologan a la receta de MUFACE otra documentación que permita justificar la prescripción del tratamiento y que permita la dispensación de los medicamentos por las oficinas de farmacia.
Con este conjunto de acciones, el Gobierno no solo intenta responder a la emergencia inmediata sino que también pretende sentar las bases para una recuperación sostenible, enfrentando los desafíos sanitarios y sociales con una perspectiva a largo plazo.
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