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Gaceta Médica Madrid | viernes, 17 de enero de 2020 h |

El Portal de Transparencia de la Comunidad Valenciana, que depende de la conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, con la titular de Unidas Podemos, Rosa Pérez Garijo como consejera, tiene desde el pasado 8 de noviembre una petición de Wecare-u sobre la mesa que sigue sin respuesta a día de hoy.

Hace más de dos meses, la empresa editora de GACETA MÉDICA solicitó por vía telemática a este portal el acceso con fines periodísticos a dos documentos sobre las estimaciones de deuda de los hospitales concesionarios con la administración pública y las liquidaciones anuales realizadas al Grupo Ribera Salud por el Hospital de Alzira en tres ejercicios distintos.

Hasta la fecha, este grupo editor no ha recibido otra respuesta que el justificante de registro de entrada y el código correspondiente.

Un mes de plazo

Según la legislación valenciana, los documentos requeridos por GM son accesibles y su petición debe gestionarse a través de esta vía. En la misma web se aclara que la entidad a la que se pide la información tiene un mes para resolver sobre la solicitud, aunque en casos justificados puede ser ampliado un mes más, previa comunicación al solicitante, que este periódico no ha recibido. Si no hay respuesta, impera lo que denominan el silencio positivo, es decir, en principio, y salvo las excepciones previstas en la ley, el solicitante este medio de comunicación tendría acceso a los documentos requeridos.

Tras la información publicada por GACETA MÉDICA sobre los pagos pendientes a la conselleria de Sanidad por parte de las empresas concesionarias del Grupo Ribera Salud, con más de 140 millones de euros en el aire, GM se puso en contacto con la conselleria de Transparencia para solicitar documentos relacionados con este asunto. La consejería remitió en ese momento la petición al departamento de Tesorería, que contestó invitando a GM a dirigirse a la Consejería de Sanidad.

Las dificultades para acceder a este tipo de información no son un problema exclusivo de los medios de comunicación. En el último Informe de Fiscalización de las Cuentas de la Administración pública valenciana de 2018 llevado a cabo por la de la Sindicatura de Comptes, el informe que recoge las alegaciones de la Intervención general alude a supuestas trabas para obtener información sobre este asunto.

El informe detalla que se había solicitado específicamente a la Conselleria de Sanidad Universal información sobre los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral de, entre otros, el Departamento de Salud de La Ribera. Según este documento, las dos solicitudes fueron reiteradas mediante oficio en mayo del año pasado.

Sin alusión al acuerdo transaccional

En la respuesta remitida por parte de la conselleria en junio, según refleja el texto, no se menciona el acuerdo transaccional que supondría la rebaja en 32 millones de euros a favor de la empresa concesionaria en el cómputo de las liquidaciones correspondientes a 2013,2014 y 2015. Se mencionó simplemente que estas resoluciones estaban recurridas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

De este modo, la Intervención General subraya que no pudo tener en cuenta el resultado del mencionado acuerdo transaccional, “ya que no fue informada de la existencia del mismo, a pesar de haber solicitado la información y a pesar de que la respuesta se recibió con posterioridad a la firma del acuerdo”, concluye.