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El Global Madrid | lunes, 30 de diciembre de 2019 h |

La política no cierra por vacaciones. A pesar del período navideño, los representantes políticos están inmersos en negociaciones para formar Gobierno cuanto antes. La fecha clave será el próximo martes siete de enero cuando, si no hay imprevistos, se espera que Pedro Sánchez sea investido por mayoría simple en el Congreso de los Diputados.

Durante las últimas semanas, portavoces del PSOE y partidos que les pueden dar la llave para la investidura no han parado; tampoco han hecho uso efectivo del período vacacional PSOE ni Unidas Podemos a la hora de trabajar en el acuerdo programático para un Gobierno de coalición que presentaban a principios de Enero. Dentro de este documento, en lo relativo a la política sanitaria, destacan varios puntos. Entre ellos, el aumento de la inversión o las políticas relativas a la transparencia a la hora de fijar precios de fármacos y productos sanitarios.

Financiación y transparencia

Como ya plasmaban ambos partidos en sus programas electorales, el aumento de la inversión en sanidad era una de las prioridades. En concreto, el acuerdo refleja que la financiación suba hasta representar un siete por ciento del Producto Interior Bruto en 2023. Con esta medida se pretende destinar más recursos a este ámbito, igualando la inversión en servicios públicos a la de otros países de la zona euro.

Otra de las propuestas que contempla el documento es la de fomentar una mayor transparencia en la fijación de precios dentro de la industria farmacéutica. En este sentido, la pretensión es orientar las políticas del sector hacia “el cuidado de la salud de la población”, dando prioridad a la eficiencia. Más allá del proyecto Valtermed, la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, ya daba algunas pistas sobre cómo podrá ejecutarse esta transparencia. Tal y como aseguró hace unos meses, en un encuentro en Santander con Farmaindustria, la fórmula debería basarse en contemplar los costes de I+D y producción, añadiendo a la ecuación la variable del margen de beneficio para fijar los precios de una manera ajustada y transparente.

Supresión de los copagos

Dentro del acuerdo también se incluye una eliminación gradual de los copagos farmacéuticos que se introdujeron en 2012. En este punto se especifica que en esta supresión de copagos se priorizará a los pensionistas y hogares más vulnerables en términos económicos.

Asimismo, se expone que se establecerán garantías para que no se introduzcan nuevos copagos en los que no se tenga en cuenta la situación socioeconómica de los ciudadanos. Aquí también se incluirían los copagos por el transporte sanitario no urgente y los de productos ortoprotésicos y dietéticos; estos se eliminarían mediante la derogación de los artículos de que los habilitan incluidos en el Real Decreto Ley 16/2012.

Transformación sanitaria

Otro de los puntos es la transformación digital y tecnológica. En primer lugar, se alude al impulso de la tecnología sanitaria. Así, se quiere incluir en el SNS nuevos instrumentos de diagnóstico y tratamiento, enfatizando en que la innovación llegue a toda la población de manera efectiva. Otro de los criterios de este punto es apostar por tecnologías cuya coste-efectividad, seguridad y eficacia hayan sido debidamente evaluadas.

Además, con el fin de realizar un uso más efectivo de los recursos, se aboga por una digitalización del sistema. De esta manera, según se explica en el acuerdo, se evitaría la duplicidad de pruebas diagnósticas, lo que a su vez repercutiría en la sostenibilidad del SNS. Con este proceso de digitalización también se contaría con unos registros más completos y se contribuiría a la consolidación de “un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la investigación”.

Otras medidas

Blindar el sistema público de salud, abogando por una gestión pública directa es otra de las prioridades del acuerdo. Siguiendo este hilo, se hace hincapié en revertir los mecanismos que abren la puerta a las privatizaciones; así, se impulsará el trabajo de la Comisión creada recientemente para este punto cuya labor se basará en revisar la Ley 15/1997 en un plazo máximo de seis meses.

También se aboga por proteger el acceso universal a la sanidad, afirmando que se derogará el Real Decreto 16/2012 sustituyéndolo por el 7/2018, instando para ello al trabajo conjunto entre Administración Central y CC.AA. de manera que se garantice la homogeneidad. Entre las medidas concretas, se incluye la extensión de la universalidad a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios y la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España en los que este derecho no esté reconocido por los países de acogida.

El documento refleja también que se integrarán las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal. Además, se incluirá la Atención a la Salud Bucodental, creando un nuevo plan en el que se fije qué prestaciones estarán incluidas dentro del SNS.

El avance en la implantación de un Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria poniendo el foco en la falta de profesionales o la creación de un sistema de atención temprana también tienen cabida dentro de este acuerdo.