La tramitación del anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) continuará su curso tras recibir la aprobación en segunda vuelta del Consejo de Ministros. Tal y como ha especificado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la norma se centra en la ampliación derechos suprimidos como parte del Componente 18 del Plan de Recuperación, dando además cumplimiento a 16 propuestas de resolución del dictamen elaborado por la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.
Tal y como ha recordado la ministra, su llegado supone además la modificación de leyes sanitarias nacionales como la Ley General de Sanidad 14/1986 o la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad. Al mismo tiempo, la nueva normativa vendrá a derogar la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el SNS, en el que es además uno de los puntos que ha generado mayor controversia en el sector.
En palabra de Darias, la nueva Ley de Equidad con voluntad de incrementar el valor de lo público. “Los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida. Además, actúan como motor económico y constituyen uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar de ahí la importancia de seguir fortaleciendo y de, sobre todo, consolidar los que son los vectores clave del SNS”.
La ministra ha apuntado durante su comparecencia a medios los principales objetivos específicos hacia los que apunta el texto legislativo elaborado por el Gobierno, el cual deberá ser aprobado por el Congreso. El primero de ellos es el de “blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión la gestión directa prestada por las propias administraciones públicas o también mediante la creación de consorcios cien por cien de titularidad pública”.
Como aspecto relevante, Carolina Darias ha resaltado que la disposición última final de esta ley confiere la posibilidad de una modificación legislativa normativa en el ámbito estatal para facilitar que las administraciones públicas puedan llevar a cabo la reversión de procesos de gestión indirecta
Adicionalmente, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta “bajo una visión complementaria y de apoyo nunca sustitutoria”, ha apreciado la ministra. Así, ha indicado que las administraciones deberán cumplir una serie de requisitos -determinados por el Consejo Interterritorial (CISNS)- para recurrir a fórmulas de gestión indirecta cuando no se pueda satisfacer mediante gestión directa.
De otro lado, Darias ha resaltado que el anteproyecto de ley de equidad contempla también la exención de copagos ortoprotésicos ya beneficiados anteriormente por la supresión ya acometida en este sentido por el Gobierno. Asimismo, la Ley de Equidad ampliará los derechos con cargo a fondos públicos a la asistencia sanitaria a personas reagrupadas y para personas de origen español que se encuentren residente en el exterior.
Además, entre las previsiones que marca esta reforma se encuentra la creación, como entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Sanidad, del consorcio de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS). La justificación que argumenta el departamento dicha red se encuentra limitada actualmente en el desarrollo de sus actividades (tanto a nivel nacional como internacional), al no contar con personalidad jurídica propia y diferenciada.
Evaluación y pacientes
Entre los aspectos relevantes de la norma destaca el establecimiento de la evaluación del impacto en salud en las iniciativas legislativas del Gobierno “concretamente en las normas de carácter sectorial aquellas que tengan que ver con los determinantes de salud”, ha avanzado la responsable, quien ha calificado esta medida como “determinante en la implantación efectiva y sistemática de la salud en todas las políticas “buscando sinergias y favoreciendo siempre la salud de la población y la equidad sanitaria”.
De este modo, será una serie de indicadores con ratios determinados los que determinen si la actuación de las políticas públicas -tanto la llevada a cabo como gestión directa como la indirecta- los que acrediten la evaluación de las que se están llevando a cabo.
En última instancia y no por ello menos importante, la Ley de Equidad responderá a la demanda de participación de los pacientes en los órgano del Consejo interterritorial. “Ya existía de manera temporal el foro abierto de salud, que ahora adquiere naturaleza permanente”, ha precisado la ministra, quien ha enumerado las asociaciones de pacientes o los colegios profesionales entre los actores que formarán parte del mismo.
La privada pide “un cambio de discurso”
La Fundación IDIS ya hizo público su malestar con respecto a esta norma y sus consideraciones sobre colaboración público-privada, ensalzadas durante el fin de semana previo a su aprobación por el presidente del Gobierno. De este modo, la entidad califica de “difícilmente entendible” que los problemas que afectan al sistema sanitario público se sigan tratando de vincular a privatizaciones que no son tales.
A este respecto, IDIS aprecia que las afirmaciones a este respecto de Sánchez son “el reflejo de un clase política que vive de espaldas a la realidad del sistema”. Esta, detallan, se ve afectada por el “aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, falta de cohesión entre CC. AA., desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados”.
IDIS reclama el reconocimiento del sector como aliado estratégico imprescindible
Precisamente destacan el papel de la privada como parte de la solución, pues los pacientes recurren a la sanidad privada “en cualquiera de sus formas de aseguramiento y provisión para tener una atención sanitaria que de otra forma se está haciendo inaccesible”. A este respecto piden escuchar la voz de la población, materializada en cifras a través de su reciente barómetro de percepción del sistema. Como conclusión, IDIS reclama un cambio de discurso que reconozca al sector privado como “un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población”.
