En los últimos años, la formación continuada y su acreditación se ha convertido en uno de los bastiones de sociedades científicas (SS.CC.) y colegios de médicos. De hecho, algunas han firmado convenios con la Organización Médica Colegial con el objetivo de “poner a España a la vanguardia del proceso europeo promovido por la nueva directiva de cualificaciones profesionales”.
Según indican, la fecha límite para hacerlo es enero de 2017. Sin embargo, los sindicatos han dado la voz de alarma advirtiendo de que “no hay ninguna obligatoriedad legal”. En este aspecto, el presidente electo de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme),Fernando Carballo, matiza que Europa ha mandado que se ponga en marcha el proceso, “pero hacerlo o no es una cuestión voluntaria”.
Como aclara el vicesecretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo, no están en contra de esta acreditación, pero quieren que este proceso tenga un desarrollo más armónico y estructurado, ya que tal y como se plantea quedan algunos cabos sueltos.
La VPC es el proceso por el cual los colegios “evalúan y reconocen la buena praxis profesional, la valoración de salud, la actividad laboral y el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) de los médicos para el ejercicio de la profesión”, explica Carballo. Es decir, la institución colegial certifica que el profesional reúne los requisitos para poder ejercer su profesión. A este respecto, Del Pozo recuerda que las instituciones colegiales ya se encargan de acreditar que el profesional es apto o no para ejercer. A su juicio, esto puede afectar a los profesionales con problemas o trastornos médicos. “En algunos casos está el Paime, pero en otros, el profesional recibirá la invalidez, por tanto, ¿cómo mantendrá su poder adquisitivo?”.
Del Pozo cree que el proceso de VPC es un elemento positivo en la garantía de la calidad profesional de los servicios que prestan los médicos, pero “no queda claro que aporte ningún beneficio directo a los propios profesionales, e incluso les somete al riesgo de no alcanzar dicha validación en determinadas circunstancias”, reitera.
En torno a la obligatoriedad, las organizaciones colegiales han insistido en que se trata de una exigencia de la Unión Europea. Sin embargo, los sindicatos no han obtenido ningún texto oficial que transforme esta notificación en obligación para la evaluación de dicho desarrollo. Para el responsable sindical, iniciar la validación que, además, se configura como la fase inicial de un proceso encaminado a completarse con la recertificación debería partir de un previo debate de toda la profesión y contar con el apoyo y la colaboración de todas las organizaciones profesionales. En este sentido, recuerda que el Foro de la Profesión Médica ya alcanzó un consenso en torno al conjunto del proceso del DPC en 2010, e incluso firmó un acuerdo global con el Ministerio de Sanidad.
Sin contraprestación
El responsable sindical apuesta por que antes de comenzar con la evaluación se desarrollen procesos definidos en cada especialidad, basados en las buenas prácticas.
Además, los sindicatos creen que deben facilitarse las condiciones técnicas y económicas que hagan posible la implicación del médico en esos procesos, incluyendo en el DP mecanismos de incentivación y reconocimiento adecuados. Para Carballo es necesario que las sociedades científicas acrediten la especialización de los profesionales, como explica, “es un compromiso con la población”.
En cuanto a las contraprestaciones económicas que podría conllevar el proceso a la larga, según adelanta Del Pozo, Carballo asegura que la validación es un proceso gratuito y sin carga económica para el profesional.
