Los responsables de las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas comienzan a impacientarse ante el silencio del ministerio sobre las cuentas para el próximo año. Reclaman ya conocer los datos de la liquidación del año pasado, el techo de gasto y las entregas a cuenta de 2017 para ultimar sus cifras regionales.
El compás de espera para la formación de un nuevo gobierno, todavía en el aire, solo aporta más incertidumbre sobre unos presupuestos que podrían reflejar las nuevas exigencias de Bruselas. No hay que olvidar que hace poco más de un mes la Comisión canceló a España la multa por incumplir el objetivo de déficit, que podría haber alcanzado los 2.000 millones de euros, ampliando también en dos años el plazo para que nuestro país rebaje el déficit por debajo del tres por ciento.
No obstante, el ejecutivo comunitario exige a España un ajuste estructural que podría rondar los 10.000 millones de euros, que dejaría por buenas gran parte de las medidas de ahorro y recortes puestas en marcha hasta la fecha.
Sin ir más lejos, la consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, ha expuesto en una entrevista concedida a Europa Press que el Partido Popular juega con la prórroga presupuestaria para hacer posible la investidura, aunque espera que ya trabaje con Ciudadanos en el presupuesto, de forma paralela.
Montero cree que la falta de información sobre anticipos y entregas a cuenta tiene una intencionalidad política. “Espero que ahora, cuando empiece septiembre, nos remitan datos de cómo se van a comportar las entregas a cuenta. Es absurdo que las comunidades no pudieran tener el presupuesto porque el gobierno no lo tenga”, advirtió. En su caso, matiza, Andalucía no contempla la prórroga de los presupuestos generales en el diseño de sus cuentas autonómicas.
Siguiendo la tónica habitual, los parlamentos regionales deberían comenzar a recibir los presupuestos de sus comunidades en octubre.
Por su parte, el Gobierno de Baleares insiste en que sacará adelante sus cuentas regionales en tiempo y forma al margen de lo que suceda en Madrid. En las últimas semanas, su consejera de Hacienda, Catalina Cladera, ha reclamado al ministerio de Hacienda por carta que compense a la comunidad con 5.500 millones de euros por la deuda histórica de la infrafinanciación.
Lo único en firme hasta la fecha son las cifras de gasto sanitario del pasado, que ya recogía la Memoria Socioeconómica y Laboral del Consejo Económico y Social (CES) y volvieron al primer plano informativo ante la “sequía” estival tras pasar prácticamente inadvertida en su publicación en la web del consejo a finales de julio. El documento, que emplea datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, confirma que año pasado se produjo una evolución positiva del gasto medio sanitario por habitante, que aumentó un 1,82 por ciento de media en España, situándose en 1.232 euros por habitante, y prevé un incremento de un 3,85 por ciento para 2016.
Un aumento que supone un punto de inflexión con la etapa de reducción de recursos destinados a la protección de la salud en las comunidades autónomas en años anteriores.
Aún así, esta misma memoria incide en que, según los datos de Eurostat, el gasto público sanitario en España representó en 2014 un 6,1 por ciento del Producto Interior Bruto, por debajo de la media de la Unión Europea. Sólo en 2013, esta partida experimentó un descenso del 3,8 por ciento con respecto al año anterior.
Desde el CES, se recalca que uno de los factores que más ha contribuido a la reducción del gasto sanitario ha sido la implantación de medidas de eficiencia en el gasto farmacéutico, que, a pesar de los últimos e importantes descensos anuales, volvió a incrementarse en 2015 como ha quedado reflejado en ese 1,82 por ciento de incremento del gasto por habitante.
La memoria del CES hace hincapié, un año más, en los ritmos distintos en la evolución del gasto sanitario por comunidades autónomas. Los datos constatan la gran desigualdad de recursos en las regiones. Por ejemplo, frente a los 1.584 euros que destinó el País Vasco por habitante el pasado año, Andalucía dedicó 1.007 euros, un 50 por ciento menos. Por encima de los 1.232 euros de media por habitante se situaron Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Extremadura, País Vasco y Navarra. Al otro lado de la balanza, por debajo de ese ecuador, se posicionaron Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, La Rioja y Galicia. Aunque el Servicio de Salud de Galicia, el Sergas, se apresuró a rectificar pocos días después los datos del CES, aclarando que frente a los 1.083 euros por habitante que recoge, se gastó cerca 1.248 euros en 2015.
El cualquier caso, este organismo recalca que no existe una relación directa entre el gasto per cápita y la calidad del servicio prestado, pues factores como la edad media de la población (caso de Asturias) o la dispersión de los habitantes, con una menor densidad de población, aumentan el presupuesto medio por persona.
La memoria también realiza un repaso por la percepción de los españoles sobre su estado de salud, con datos de la Encuesta Europea de Salud de 2015, que ha permitido actualizar la información sobre este importante elemento de la calidad de vida, sobre los hábitos de vida que la determinan y el acceso a los servicios de asistencia sanitaria.
