Juan Pablo Ramírez Madrid | viernes, 02 de septiembre de 2016 h |

Al igual que ocurre en el Congreso de los Diputados, el PSOE desconfía de las propuestas sanitarias del Partido Popular, recogidas en el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos el pasado 28 de agosto.

El documento ‘150 compromisos para mejorar España’ elaborado por los equipos negociadores de Mariano Rajoy Albert Rivera incluía 10 puntos de índole sanitaria. El no del PSOE a la investidura de Rajoy en el Parlamento deja el acuerdo en suspenso. Al cierre de esta edición no se había celebrado la segunda votación, aunque los socialistas ya había adelantado su voto negativo. En materia sanitaria, la principal diferencia surge ya en el primer punto del acuerdo. “La redacción es deliberadamente genérica porque la concepción de universalidad que nosotros tenemos en la cabeza no es la misma que tiene el PP”, explica Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en la última legislatura. En concreto, el texto acordado por los dos grandes partidos de centro derecha plantea “garantizar la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS), asegurando la sostenibilidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad y gratuito, y garantizando la igualdad en el acceso con una misma cartera básica de servicios para todos los ciudadanos en un marco de amplia descentralización”.

El debate sobre el concepto de universalidad viene de hace más de cuatro años. En concreto, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto 16/2012. La normativa establecía la implantación del modelo de aseguramiento, lo que a ojos del PSOE suponía la quiebra de la universalidad, una tesis que el ahora socio del PP, Ciudadanos, también ha defendido en las dos últimas campañas electorales.

Similitudes entre pactos

Pero el acuerdo incluye otros puntos que podrían acercarse más al acuerdo que firmaron PSOE y Ciudadanos en la investidura fallida del líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Incorpora seis aspectos similares a los del acuerdo posterior a las elecciones del 20 de diciembre como el Portal de Transparencia, cartera de servicios única, la revisión del copago farmacéutico, compra centralizada, acceso a medicamentos huérfanos o interoperabilidad. “Está redactado para no tener que concretar los compromisos y para hacer ver que era parecido al que firmamos nosotros”, argumenta Fernández.

La principal diferencia a ojos de Rubén Moreno, ex secretario general de Sanidad en la etapa de Alfonso Alonso al frente del Ministerio y ex portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, sostiene también divergencias con el pacto que firmaron los socialistas y la formación naranja. “Si comparamos los acuerdos, el acuerdo de PSOE y Ciudadanos se firmó para dinamitar todo lo que se ha hecho para salir de la crisis, mientras que este pretende mejorar las medidas adoptadas”.

Ambos documentos incluyen un apartado sobre el copago farmacéutico. “El aspecto del copago es clavado al del acuerdo con el PSOE; de hecho creo que es la misma redacción”, explica Francisco Igea, portavoz de sanidad de Ciudadanos durante la pasada legislatura. El objetivo de ambos acuerdos es que este instrumento no supusiera una barrera de acceso a los medicamentos. Según Fernández, cambia el destinatario: “Nosotros decíamos todos los grupos de especial vulnerabilidad, aquí habla de familias monoparentales”. El texto firmado por el bloque de centro derecha no sólo hace referencia a este colectivo, sino también a las familias con miembros en situación de dependencia. Igea matiza que al hablar de barrera “se entiende en los mismos términos en los que se pronunció Podemos en una proposición no de ley durante la pasada legislatura”.

Recuperar el gasto sanitario

El documento firmado por el PP y por Ciudadanos recupera la necesidad de que el gasto sanitario público por habitante se sitúe en los niveles previos a la crisis económica. Igea subraya que debería situarse en el 6,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). “Es difícil de cuantificar pero queremos parar el deterioro del sistema”, señala.

Según las previsiones que el Gobierno envió a la Comisión Europea en la ‘Actualización del Programa de Estabilidad’, el gasto en salud se situaría en el 5,74 por ciento del PIB.

Moreno considera que se pueden recuperar los niveles de inversión precrisis y mantener el compromiso con Bruselas si la economía sigue creciendo al ritmo actual, “un 0,8 por ciento trimestral”. De este modo se podría volver al entorno de los 70.000 millones de euros, como en 2009, año en que el gasto sanitario alcanzó su punto álgido según la ‘Estadística del gasto sanitario público’, que publica el Ministerio de Sanidad. En aquel ejercicio el desembolso entre el Gobierno y las comunidades autónomas supuso un 6,7 por ciento del PIB. “El crecimiento económico es fundamental”, insiste para la consecución de este objetivo.

En 2009, el gasto per capita de los servicios de salud de las autonomías se situó en 1.342,5 euros de media, una cifra que supera los 1.232,6 euros de 2015, último ejercicio del que el Ministerio de Sanidad ha realizado el cálculo. En solo una legislatura PP y Ciudadanos se comprometen a elevar esta cifra en más de 100 euros por persona. A pesar de la crisis económica, el gasto sanitario se incrementó hasta 2010, cuando se situó en 1.493 euros. A partir de ahí comenzó la cuesta abajo.

El ex secretario general de Sanidad advierte, no obstante, de que la recuperación del gasto sanitario no es sólo una cuestión que dependa del Gobierno central, sino también del esfuerzo de las comunidades autónomas. “En comparación con otras regiones, Andalucía ha situado el gasto por habitante en la cola de este país. Se tiene que preguntar si no hay una parte de demagogia importante en las declaraciones del PSOE, porque las cosas se demuestran donde uno tiene capacidad de gestionar”, subraya. El diputado del PP traslada también la responsabilidad a las regiones en otras cuestiones pactadas como las listas de espera y la situación de los profesionales.

Un nuevo fondo de cohesión

Otra medida que recupera el pacto es el fondo de cohesión en sanidad. El año pasado el Partido Popular decidió retirarle la dotación para los Presupuestos Generales del Estado de 2016. El acuerdo con Ciudadanos destinará 100 millones de euros anuales —400 millones en toda la legisltatura— para asegurar la movilidad geográfica de los pacientes por todo el territorio nacional y financiar al mismo tiempo los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y los medicamentos huérfanos. “El objetivo es que este fondo el desplazamiento de los pacientes no dependa de una cuestión económica”, explica Moreno.

La propuesta de los partidos de centro derecha viene a recuperar una iniciativa que presentó el año pasado el Grupo Socialista en el Senado, después de que se conocieran los PGE para 2016.

“Detectamos que hay un problema de equidad y sobre todo se manifiesta en las enfermedades raras”, destaca Igea. “Las decisiones de administrar un medicamento huérfano o desplazarlos a un CSUR se toman de acuerdo a criterios clínicos que saldrán de comités únicos que tomarán decisiones a nivel nacional”, añade.

Precisamente los medicamentos huérfanos representan uno de los puntos del programa de Ciudadanos en las elecciones del 26 de junio. En aquel documento, el partido de Rivera proponía el impulso de las centrales de compras para la adquisición d estos fármacos. El PP insistía también en esta línea.

El documento conjunto de ambos partidos mantiene este mecanismo. Por un lado, el texto incluye la mejora en “el acceso a la tecnología innovadora eliminando barreras jurídicas e implantando nuevas fórmulas sostenibles para su incorporación”. Moreno matiza que no se trata de barreras jurídicas, “sino más bien de financiación” y avisa de la necesidad de renovar el equipamiento tecnológico de los hospitales. “Esta es una parte del acuerdo donde no hemos hecho especial hincapié. Tenemos que acelerar la entrada de la tecnología y evaluarla para saber si es ineficaz o eficaz”, reconoce, por su parte Igea. Por otro lado, este punto del acuerdo incluye también el compromiso

Otro de los puntos del acuerdo es la creación de un Portal de Transparencia, una medida que habían incluido tanto PP como Ciudadanos en sus respectivos programas electorales. El objetivo de esta herramienta es comparar “indicadores de funcionamiento, de calidad y de actividad y gasto por capítulo, servicio a servicio y centro a centro”, señala Moreno, quien admite la existencia de un problema: “Las comunidades autónomas son reacias a compararse”.

EL DECÁLOGO

400
Millones de euros

es la cantidad que han pactado Partido Popular y Ciudadanos en el acuerdo de investidura para la recuperación del fondo de cohesión. Este instrumento estará dotado con 100 millones de euros anuales que irán destinados por un lado a asegurar la movilidad de los pacientes en todo el territorio nacional y a financiar la actividad de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y el acceso a los medicamentos huérfanos, por otro. El objetivo es evitar las inequidades de acceso en el tratamiento que se puedan dar en el sistema.

1.493
Millones de euros

Tes la media que alcanzó el gasto sanitario por habitante en 2010. A pesar del estallido de la crisis económica en 2007 con las hipotecas ‘subprime’ en 2007, la inversión en sanidad continuó creciendo hasta 2010, año en que se aprueban las primeras medidas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para contener el gasto. El desembolso de las Administraciones Públicas en salud se situó en el entorno de los 70.000 millones de euros tanto en 2009 como al año siguiente.

1 Garantizar la universalidad y evitar que el copago sea una barrera de acceso.

2 Un fondo para financiar la movilidad de los pacientes, CSUR y fármacos huérfanos.

3 Recuperar los niveles de gasto público sanitario por habitante previos a la crisis.

4 Reducción de listas de espera y generalizar la libertad de elección de médico y centro.

5 Elaboración de un Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud.

6 Profundizar en el reconocimiento al trabajo de los profesionales sanitarios.

7 Cumplir los compromisos aprobados en la Comisión de Sanidad sobre la Talidomida.

8 Otorgar especial atención a la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales.

9 Mejorar el acceso a la tecnología innovadora y nuevos medicamentos.

10 Aprobar una ley que regule políticas que permitan una muerte digna.