Los juicios por supuestas negligencias son la punta del iceberg de las actuaciones legales en las que se involucra a los médicos. Existe una confusión generalizada entre los profesionales de la sanidad pública sobre el amparo del seguro de responsabilidad civil de su Consejería de Salud. Según un análisis elaborado por Uniteco Profesional, dicho seguro adolece de la protección jurídica necesaria.
“Estos seguros dan cobertura ante los eventos más onerosos que puedan sucederle a un médico, como son las reclamaciones en las que se piden indemnizaciones altas, pero no tienen en cuenta otros muchos aspectos en los que el médico puede ser demandado o por los que necesitaría protección jurídica”, asegura Emilio Beneytez, director de Operaciones de Uniteco.
Según estas mismas fuentes, el 60 por ciento de las actuaciones más habituales no estarían cubiertas por estos seguros. Beneytez hace referencia a una amplia casuística: expedientes disciplinarios, controversias de régimen laboral relacionadas con las guardias, inspecciones de Farmacia, prescripciones, reclamaciones deontológicas ante sus propios Colegios, testificales, suspensiones de empleo y sueldo, redacción de informes para juzgados, gerencia, y un largo etcétera. “Todas estas situaciones derivan de su actuación profesional, por lo que es lógico disponer de una adecuada cobertura”, indica.
A petición de los propios médicos, los seguros de responsabilidad civil profesional sanitaria han evolucionado en los últimos años hacia una protección más amplia, pero “quien dispone solo del seguro de la sanidad pública está en desventaja frente a quien lo complementa con un seguro privado, algo que es imprescindible hoy día”, confirma Beneytez.
En cuanto a los niveles de protección que ofrecen los seguros públicos, hay una gran disparidad: desde los que no ofrecen defensa en procesos civiles hasta los que contemplan una franquicia en el pago de las indemnizaciones. Además, en los últimos años han existido lagunas de cobertura en los periodos en lo que no se encontraban aseguradoras que se hicieran cargo de estos riesgos, por lo que los profesionales que han sufrido reclamaciones en dichas etapas se han encontrado en un limbo de inseguridad jurídica.
