Las subastas de Andalucía se han topado con una oposición que ha decidido plantar cara a la iniciativa abanderada por el PSOE. PP, Podemos y Ciudadanos han registrado una batería de enmiendas a la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario de Andalucía que buscan poner fin a la polémica medida tal y como se desarrolla hoy.
Eso sí, cada enmienda es diferente si se atiende al modelo que cada uno de estos partidos quiere implantar en la comunidad autónomas.
El PP ha registrado una enmienda cuyo objetivo es que el modelo resultante sea el existente a leyes promulgadas en materia de medicamentos por el Gobierno. “Se trata de un ejercicio de defensa a la cohesión y equidad en todo el territorio nacional y de unidad de mercado”, afirman fuentes populares. Con ello, el modelo que defienden sería el derivado del Sistema de Precios de Referencia y, en un futuro y de confirmarse el desarrollo de los precios seleccionados en el Real Decreto de Precios, estos últimos.
La postura de Ciudadanos es similar a la del PP. Este grupo ha querido enmendar de una forma más genérica en lugar de atacar directamente al artículo (14.h) que promueve las subastas, si bien el resultado jurídico es similar. Ciudadanos añade con su enmienda al primer apartado que para las políticas de uso racional del medicamento se atienda “especialmente lo dispuesto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”. Con esta adición se apuntaría, tal y como hace el PP, al actual Sistema de Precios de Referencia y, en un futuro, a los precios seleccionados. “Nosotros apostamos por la transparencia y las medidas de los indicadores. Veamos los resultados en salud y elijamos después la medida que mejor se ajusta”, asegura la portavoz de la formación naranja, Isabel Albás.
Desde Podemos la postura es la de modificación de la norma por otra que dé más garantías a los pacientes, no restrinja la competencia y compense a las farmacia, pero se niegan a volver a un sistema de precios seleccionados. “La Unión Europea nos obliga a no restringir la competencia y somos conscientes de que se ha sociabilizado unas ganancias que tenían las farmacias y hay que compensarla con la retribución de algunos servicios profesionales”, explica el portavoz Juan Antonio Gil de los Santos.
La fecha clave para ver el resultado final de la ley será el mes de septiembre. Será entonces cuando la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía celebre el cónclave donde se estudiarán las ponencias de la Ley así como las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. La idea es que el texto final se promulgue antes de que acabe el presente año.
La letra pequeña
Sin embargo, en la ofensiva contra las subastas existen dos resquicios que pueden ser aprovechados por el Gobierno autonómico para defender la medida. El primero de ellos es el propio reglamento de la Cámara. No se pueden realizar enmiendas transaccionales si el partido proponente de la Ley no las acepta —en este caso el PSOE—, por lo que es de esperar que no se pueda realizar una nueva enmienda con un texto acordado entre los tres partidos opositores porque el grupo que sostiene al Gobierno lo puede vetar.
Ante esta barrera, la pregunta pertinente sería por qué no se han puesto de acuerdo el PP, Ciudadanos y Podemos en un texto común si el objetivo de suprimir las subastas es compartido. “Lo cierto es que el periodo para presentar enmiendas fue muy corto y no permitió el diálogo entre los grupos políticos”, explica Gil de los Santos. Llegados a este punto, lo más probable es que el PSOE obligue a debatir las enmiendas por separado buscando una fricción entre los grupos que termine por condenar la iniciativa de eliminar las subastas.
Este sería el segundo escollo que tiene la ofensiva de la oposición. La necesidad de que sólo una de las enmiendas salga adelante tendrá que contar con la generosidad del resto de grupos parlamentarios.
