Una de las medidas más polémicas en materia sanitaria andaluza han sido las subastas de medicamentos. Desde que en 2012 la actual ministra de Hacienda (por entonces consejera de Salud), María Jesús Montero, las pusiera en marcha es difícil encontrar un mes en el que no les haya rodeado la polémica. Siete años después, y en el debate de investidura que ha propiciado el cambio de Gobierno en Andalucía, volvieron a ser protagonista en las pocas alusiones que suele recibir la política sanitaria en estas citas, más allá de las generalidades.
Fue el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien aludió a las subastas en el discurso inaugural de la sesión de investidura. “Eliminaremos las subastas de medicamentos”, dijo el mandatario en la que posiblemente sea una de las primeras veces en las que una medida tan concreta de política farmacéutica se cuela en una jornada tan institucional. De esta forma, las subastas elevaron su categoría y se igualaron a aquellas generalidades a las que suelen aludir los que no están en el día a día de la política sanitaria y farmacéutica: reducir listas de espera, mejoras para los profesionales, construcción de hospitales…
La explicación radica en que las subastas se han convertido en charlas de sobremesa de muchos hogares andaluces. Muchos ciudadanos, pacientes, han sufrido las consecuencias de los desabastecimientos de ciertas presentaciones adjudicadas. Los lamentos —cuando no enfados— los sufrían los profesionales sanitarios, médicos y farmacéuticos, a los que solo les quedaba encogerse de hombros y aguantar el ‘chaparrón’.
El anuncio de Moreno Bonilla, aunque ya estaba recogido en el acuerdo de gobierno firmado con Ciudadanos, le otorga vértigo y celeridad a la decisión de suprimirlas. Pero también sirvió para que el debate entorno a la política farmacéutica —y de paso económica— tuviera lugar en la sesión de investidura. “Son el gobierno de la industria farmacéutica. Saben perfectamente que la eliminación de las subastas va a hacer subir el gasto farmacéutico”, afeó la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Las razones de la portavoz ‘morada’ son los 540 millones de euros que la consejería de Sanidad decía haber ahorrado a comienzos de 2018. Ante esta crítica, Moreno Bonilla le preguntó a la diputada el por qué no las habían desarrollado en otras autonomías donde gobiernan junto al PSOE, como en Castilla-La Mancha. “No lo han hecho porque lo que hace es limitar la oferta de fármacos a los ciudadanos de cada comunidad”, afirmó el nuevo presidente de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, el PSOE no tira la toalla con su medida estrella y la ministra de Hacienda ha dejado entrever que se está estudiando una fórmula similar a nivel nacional. Mientras explicaba los presupuestos al sindicato Comisiones Obreras, la ministra aseguró que se está trabajando en una modificación del Pacto con Farmaindustria que podría incluir esta medida. “Es conveniente un debate a propósito de intentar que desde el Estado se ayude a las comunidades a hacer un control racional del gasto farmacéutico escuchando algunas de las medidas que han realizado algunas comunidades y que han sido más novedosas en España como, por ejemplo, la licitación pública de los medicamentos de Andalucía”, dijo.
