La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (Aecpal), dos sociedades científicas que representan a más de 2.500 profesionales sanitarios de toda España, han emitido un comunicado en el que reflejan su preocupación por el aumento del número personas que siguen sin recibir cuidados paliativos en nuestro país.
Según sus datos, durante 2017, en España fallecieron 424.523 personas. De ellas, un 75% precisaron cuidados paliativos, un total de 318.442 (113.266 fallecieron por cáncer y 205.176, por otros procesos). De esta cifra, casi 129.500 eran personas con necesidades complejas, subsidiarias de ser atendidas por recursos específicos de cuidados paliativos. Aquellas que no presentan un nivel más alto de complejidad pueden ser atendidas por otros recursos, como atención primaria.
Según los porcentajes estimados en el Directorio de Recursos de Secpal, 51.800 personas –siendo optimistas– recibieron cuidados paliativos especializados. Esto supone que 77.698 personas y sus familias no accedieron a cuidados paliativos especializados durante 2017, pese a que su nivel de complejidad lo hubiese hecho necesario. La cifra va en aumento con respecto a años anteriores, según denuncian.
También añaden que tras evaluar la Ley Andaluza de Atención al Final de la Vida, el Defensor del Pueblo de Andalucía declaró que no había cumplido el objetivo para el que había sido creada: garantizar una asistencia paliativa de calidad a los ciudadanos andaluces. “En los últimos años, hemos asistido a la aprobación de distintas leyes en diversas comunidades autónomas. Desconocemos si han sido evaluados sus resultados”, remarcan.
Asimismo, subrayan que a nivel nacional se estaba elaborando una ley para la atención a personas en procesos de final de vida. “No sabemos si dicha ley contempla un presupuesto para la creación de recursos, ni acreditación para médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales. Tampoco si está previsto dar apoyo a las familias. Actualmente, las ayudas previstas en la Ley de Dependencia no llegan con la celeridad necesaria. Tampoco se contemplan permisos remunerados (existentes en otros países de nuestro entorno) para cuidar y permanecer junto a los seres queridos que están al final de su vida. Todo esto lo hemos exigido de forma reiterada”, apuntan.
Las sociedades científicas insisten en que en los últimos años han asistido con estupor a concursos de traslados en los que se han sustituido profesionales perfectamente formados e implicados por otros sin formación. “Sin tener en cuenta a las personas y familias a las que van dirigidos nuestros cuidados. O se han creado (escasos) recursos sin un perfil específico del profesional. Hemos escrito de forma insistente a los responsables de muchas comunidades para decirles que este reconocimiento es necesario. Lamentablemente, con poco éxito; dicen tener sensibilidad, pero en estos casos no la ejercen”, denuncian.
Por ello, desde Secpal y Aecpal vuelven a incidir en la “necesidad de que se creen los recursos necesarios para que esas 77.698 personas y sus familias que precisan atención al final de la vida tengan los cuidados que necesitan, los que se merecen y a los que tienen derecho para vivir ese proceso de final de vida con dignidad. Y para que el resto de las personas que padezcan una enfermedad avanzada y/o en fase final se puedan beneficiar de unos profesionales formados y apoyados por estos equipos específicos”.
Su petición principal es que consideran necesaria una ley nacional que garantice la equidad y la atención a esas personas, indistintamente de donde vivan. Un marco legal que contemple un presupuesto económico para la creación de recursos, que acredite a los profesionales para que sean los más preparados quienes cuiden de los casos más difíciles, que lo hagan de forma precoz, no solo en los últimos días o semana y que facilite a las familias el cuidado de sus seres queridos.
“Parece que existe cierta sensibilidad hacia estas personas por parte de nuestros políticos, pero año tras año siguen quedando en el olvido más de 77.000 personas.
La lucha política debería ir dirigida hacia las personas que más sufren, hacia los más frágiles de nuestra sociedad. Es hora de demostrar verdadera sensibilidad hacia esas personas que, año tras año, se siguen olvidando para que realmente puedan recibir una atención de calidad y con calidez al final de sus vidas. Está en su mano. Y, como siempre, cuenten con nosotros”, concluyen.
