Tras la aprobación del Real Decreto (RD) el pasado martes por el que se da luz verde a la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE), las reacciones no se han hecho esperar. Así, atendiendo a sus competencias, algunas comunidades autónomas (CC.AA.) han querido lanzar valoraciones, alertando de cuestiones que, según dicen, no se concretan en la nueva norma.

Aragón, Castilla y León y Madrid, gobernadas por el Partido Popular en solitario o en coalición con Vox, se pronunciaban en declaraciones a medios sobre su creación y, si bien celebraban la decisión adoptada en el Consejo de Ministros, también advertían sobre que el RD “plantea una serie de dudas que no se han resuelto”. Así lo valoró Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, quien alertaba sobre que “el hecho de que sea una nueva especialidad con dos años de formación troncal con la de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) no asegura que vaya a haber más especialistas”. “Ya tenemos un déficit de especialistas en MFyC, si a ese cupo añadimos otra especialidad, vamos a tener menos especialistas”, declaraba, algo que, según ha dicho, van a hacer llegar al Ministerio de Sanidad, alertando sobre la necesidad de “duplicar” dichas plazas de formación.

En la misma línea se pronunciaba públicamente José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de Aragón, quien ha ratificado haber elevado una petición a la cartera liderada por Mónica García sobre la necesidad de concreción del número de plazas y su financiación. A pesar de la inquietud al respecto, el consejero ha aplaudido la decisión, que achaca también a las reclamaciones realizadas “durante los últimos seis años” desde las consejerías al Gobierno central para su creación. “Entendemos que es una especialidad muy relevante y se ha visto que es muy importante después de la pandemia de Covid, que ejercen unos profesionales que no solamente están formados sino que están preparados para atender a la sociedad en situaciones verdaderamente críticas”, decía.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejando Vázquez, lo ha calificado como una “noticia excelente” ya que “puede venir a aliviar el problema de falta de médicos en la Atención Primaria (AP)” en tanto que, según sus declaraciones, “muchos facultativos especialistas en la AP dedican su trabajo a las urgencias hospitalarias y, por tanto, no a la AP”; sin embargo, también ha lamentado que “llega tarde”. “Mucho nos tememos que hasta la convocatoria del año 2026 no podamos disponer de las plazas, por lo tanto, seguiremos aumentando el problema”, advertía.

De la misma forma, Catalina García, consejera de de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, en declaraciones a Gaceta Médica, ha instado al Ministerio a constituir la Comisión Nacional de la nueva especialidad con el objetivo de iniciar en el menor tiempo posible la acreditación de las plazas para que las comunidades autónomas puedan elevar la oferta de las mismas. “El Gobierno de España ha tardado mucho tiempo en hacer realidad esta especialidad, que viene a suplir deficiencias importantes”, ha valorado, reiterando que la “pelota vuelve a estar en el tejado del Gobierno de la Nación y en la creación de la Comisión”.

¿Qué plantea el RD?

Lo cierto es que, en cuanto a costes presupuestarios y posibilidad de financiación, el RD tan solo dibuja el escenario económico a grandes rasgos. En su disposición adicional tercera, refleja que su aprobación “no implica incremento de gastos de personal, ni precisa de nuevas dotaciones presupuestarias en el ámbito del sector público, llevándose a cabo con las disponibilidades presupuestarias existentes”.

Sin embargo, sí ratifica un posible aumento de plazas en función de las necesidades que se identifiquen. “Dicha oferta de plazas de formación para una nueva especialización obedecerá a las necesidades de especialistas del Sistema Nacional de Salud (SNS) y contará con la financiación necesaria del periodo de formación especializada”, apunta el texto, haciendo recaer sobre el Ministerio de Sanidad la aprobación de “la oferta de plazas” y como responsable del establecimiento de “las normas que regularán la convocatoria”.

Por su parte, la titular de Sanidad, Mónica García, ha declarado que la nueva norma “va a mejorar los recursos humanos del SNS” al permitir “identificar mejor el personal en formación, hacer estimaciones sobre el número de profesionales disponibles a futuro y contrastarlo con las necesidades de nuestros pacientes y de nuestro sistema sanitario”.


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