Una nueva emergencia sanitaria producida por un virus llegará antes o después. Y cuando eso suceda, será necesario haber hecho acopio de materiales sanitarios que sean capaces de minimizar el impacto sobre la salud y las condiciones de vida de las personas. Expertos de Salud Pública consultados coinciden en que la reserva estratégica de productos sanitarios sigue siendo una tarea pendiente tanto para las autonomías como para el Gobierno. Tan solo Castilla-La Mancha promulgó en 2020 una ley para hacer acopio de este tipo de material, cuyo objetivo es garantizar la asignación de recursos, la gobernanza y las inspecciones para asegurar un abastecimiento correspondiente a las necesidades reales.
Castilla-La Mancha promulgó en 2020 una ley para hacer acopio de este tipo de material, cuyo objetivo es garantizar la asignación de recursos, la gobernanza y las inspecciones.
La COVID-19 supuso un antes y un después para el funcionamiento de los sistemas sanitarios de las comunidades y contar con material de prevención, como mascarillas, EPIs o reservas de antivirales, marcará la diferencia en los primeros compases de una pandemia.
Precisamente, el próximo martes, el Congreso de los Diputados albergará una jornada parlamentaria organizada por Cofares “cuyo fin es debatir sobre el reto de la autonomía y las reservas estratégicas de medicamentos en España en el actual contexto sanitario”.
Una ley autonómica contra el desabastecimiento
A nivel autonómico, solo Castilla-La Mancha sacó adelante una ley de reservas en el año 2020. “La pandemia del COVID-19 ha obligado a todos en el ámbito sanitario a realizar importantes esfuerzos y trabajar de manera conjunta para vencer esta amenaza sin precedentes en el Sistema de Salud; sin embargo la deslocalización productiva, y la dependencia del mercado asiático, han condicionado la disponibilidad de determinados productos necesarios para hacer frente a la pandemia, lo que ha puesto de manifiesto la fragilidad del abastecimiento de productos sanitarios, y la existencia de graves dificultades que, aunque momentáneas, comprometen seriamente la salud de la población”, reza a modo de introducción la ley de Castilla-La Mancha.
“Por ello, las Cortes y el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el ejercicio de las competencias contenidas en el Estatuto de Autonomía, y en el cumplimiento de su deber de velar por la protección de la salud de su población, quieren dar un paso más y asumen el compromiso legal de garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento de todos aquellos productos sanitarios que se consideren esenciales, estableciendo a tal efecto una reserva estratégica de material sanitario en Castilla-La Mancha, así como la obligación en el ámbito de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales de la región, con independencia de su titularidad pública o privada, de mantenimiento de unas existencias mínimas de productos sanitarios que se determinen reglamentariamente”, indica el texto.
Para cumplir con los objetivos, la ley dispone la creación de una Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios para garantizar el suministro de material sanitario “en situaciones de necesidad”.
La norma, en su Capítulo III, habla de las existencias mínimas para centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales, “cualquiera que sea su titularidad, que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.
Sobre sus funciones principales, el texto indica la “identificación, verificación, contabilidad y control de las existencias mínimas definidas en esta ley y sus disposiciones de desarrollo para los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales”; “establecer un inventario detallado y permanentemente actualizado” o “publicar de manera permanente información completa sobre la reserva estratégica de material sanitario”.
En los primeros compases de 2022 el Gobierno central planeaba crear una reserva estratégica sanitaria con rango de ley y dirigida por un nuevo Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica. El plan formaba parte de un proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que quedó en el limbo tras la disolución de las Cortes.
El objetivo de dicha norma a nivel estatal era que el Gobierno pudiera conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados con los que contaba ante una situación de crisis y el poder asegurarse de que la movilización de recursos era eficiente.
