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A medida que se impone la “nueva normalidad” los temas pendientes vuelven a ocupar su lugar entre las prioridades políticas, al menos en un marco teórico. Uno de estos asuntos es la renovación de la Estrategia de Salud Mental, en la que avanzaba el equipo técnico del ministerio en la etapa final de María Luisa Carcedo.

Una vez que la primera oleada de la pandemia de COVID-19 parece dar una tregua, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ha asegurado en su primera comparecencia en el Senado la semana pasada que se trabaja ya en la actualización de la estrategia.

“Una de las asignaturas pendientes que debemos abordar es el cuidado a la salud mental. Por ello, vamos a seguir trabajando en la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental. En este marco, la prevención del suicidio y el abordaje de la conducta suicida va a continuar siendo una prioridad”. Estas fueron sus palabras textuales ante los senadores mientras repasaba los principales asuntos que van a concentrar la atención del ejecutivo en los próximos meses.

Propuestas para la reconstrucción

La salud mental también está en la agenda de los distintos grupos políticos. En los diferentes borradores en los que han presentado sus propuestas para la reconstrucción en la Comisión del Congreso de los Diputados las referencias a la salud mental han estado presentes con distinta intensidad.

La alusión más completa es la que ha aportado Ciudadanos, que propone aprobar una Ley de derechos de las personas con problemas mentales, que permita establecer un marco común para la adecuada atención de la salud mental, la prevención de riesgos psicosociales en el conjunto de la población, la promoción de la inclusión social de las personas con trastornos mentales y la interdicción de cualquier discriminación.

En sus propuestas, también contempla la elaboración de una nueva Estrategia de Salud Mental que permita asegurar una adecuada atención a las necesidades en materia de salud mental de toda la población y que, entre otros, aborde la elaboración de un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio, que implique la adopción de un Código de Riesgo de Suicidio en todos los centros de salud.

La estrategia, consideran, debe reforzar la detección precoz y la atención temprana de posibles trastornos cognitivos o de desarrollo en la población infantil, incluidos los Trastornos del Espectro Autista (TEA), los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la dislexia o los trastornos de tipo alimentario, entre otros.

De igual modo, subrayan que se han de proporcionar medios para la asistencia social integral de las personas con problemas mentales y de sus familias, incluidos todos aquellos dirigidos a promover su participación mediante grupos de autoayuda, escuelas de salud o intervenciones comunitarias para la prevención de la soledad no deseada.

Salud mental comunitaria

En la propuesta común de PSOE y Unidas Podemos, en las que se recogen algunas líneas de su pacto de Gobierno, sobre este asunto las formaciones políticas hacen referencia a la necesidad de desarrollar adecuadamente la salud mental comunitaria.

También abogan por incrementar significativamente la inversión en salud mental, “construyendo un verdadero sistema integral de atención, que combata la estigmatización, que tenga un enfoque de género y derechos humanos”.

Por su parte, la alusión a la salud mental en el resumen de las propuestas del borrador presentado por el PP se limita a reclamar el respaldo en las actividades de I+D+i a cargo del Instituto de Salud Carlos III en áreas como la salud mental, entre muchas otras.

Profesionales sanitarios

Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado ha recogido en estos días la publicación del convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación la Caixa, y los consejos generales de médicos, enfermería y de la Psicología para dar a conocer un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud que han sufrido un impacto emocional por la situación generada por la COVID-19.

Con la participación del Ministerio de Sanidad, se ha impulsado una plataforma que ofrece atención psicológica telefónica, por videoconferencia y seguimiento ‘on line’, cuya implementación corre a cargo de la Fundación Galatea.

El acceso será gratuito para los profesionales sanitarios de toda España que lo precisen, con un horario de atención de 9.00 a 22.00 horas, los siete días de la semana.


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