Carmen M. López Madrid | viernes, 30 de septiembre de 2016 h |

Los profesionales sanitarios continúan celebrando la decisión del Tribunal de Justicia Europeo de ‘castigar’ la precariedad laboral. Una reivindicación que en los últimos años ha teñido de gris el discurso electoralista tanto en los comicios autonómicos como en los generales, formando parte de las principales reivindicaciones de sindicatos e instituciones profesionales.

Ahora, algunas formaciones políticas han ido recogiendo este testigo en forma de PNL para prohibir el encadenamiento “ilegal” de contratos en sanidad. La formación que lidera Pablo Iglesias ha sido la última en presentar su propuesta. Esta PNL viene a confirmar que las comunidades autónomas han abusado de contratos temporales. Como el resto de propuestas, Podemos pide la modificación del estatuto, así como la renovación de puestos, cubriendo únicamente con plazas fijas.

Al mismo tiempo, la semana pasada el pleno del Congreso rechazó una iniciativa del grupo parlamentario del PP para analizar jurídicamente el marco laboral de los interinos, con el fin de que puedan recibir una indemnización y sus condiciones laborales se adecúen a los contratos con duración determinada. Esta era la propuesta del PP en respuesta a la sentencia del TJE. La enmienda fue rechazada por 172 votos y 34 abstenciones. El portavoz de Empleo del grupo parlamentario del PP, José Ignacio Echániz, argumentó que el PP quiere acatar cuanto antes la sentencia del tribunal europeo y analizar sus efectos sobre la legislación laboral actual. El texto instaba a “adecuar” las condiciones de los trabajadores interinos al acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Esta enmienda formaba parte de una PNL que pedía mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo y ampliar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración dentro del Programa de Activación para el Empleo (PAE).

Desde Ciudadanos, aunque el grupo apoyó la iniciativa, se abstuvieron en la PNL. Como indicó el portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, los contratos de interinos que la sentencia de la UE denuncia son una “oportunidad histórica” para construir un nuevo modelo laboral. “Dos personas que tienen el mismo trabajo no pueden tener derecho distintos y esto es el contrato único”, reiteró, al tiempo que instó a que se cree una mesa de diálogo con los agentes sociales y los partidos políticos para cambiar las relaciones laborales.

Algo que no tiene tan claro el portavoz de Empleo del grupo socialista, Rafael Simancas, que recordó que el tribunal europeo “sólo habla de unificar indemnizaciones” y no de contrato único, y solicitó una reforma del Estatuto de los Trabajadores para materializar la sentencia al ordenamiento jurídico. “Hay que aplicarla y no hacer un estudio”, recriminó al PP.

Simancas también calificó de “broma de mal gusto” la iniciativa del PP de impulso a las políticas activas de empleo cuando “una cuarta parte de los contratos nuevos que se firman no llegan a una semana de duración, y sólo han avanzado en la precariedad”.

La profesión

Para el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles, estas medidas legales llegan tarde, aunque asegura que es responsabilidad de los políticos y las administraciones poner solución. “Esperamos que se pongan las pilas y que no empiecen con propuestas electoralistas, lo que tienen que hacer es soluciones y no propuestas”, advierte.

Desde CESM, llevan años avisando de la amonsteación europea, de hecho, es uno de los acuerdos que incluyeron con el ministerio y que actualmente está parado. “Hay que terminar con la precariedad y la temporalidad y probablemente esto suponga transponer la directiva en base a los cambios legislativos que sean necesarios para terminar con esta situación”, apunta.

Lo primero que han exigido al ministerio, en este caso a la titular en funciones Fátima Báñez es un Consejo Interterritorial que aborde esta situación, aunque de momento están a la espera de respuestas. “No valen excusas. El Gobierno aunque sea en funciones tiene que cumplir la ley y si somos un país miembro de la UE”, afirma.

Satse, por su parte, ya ha solicitado una reunión con Báñez para tratar el asunto. Además, la organización también pretende encontrarse con las distintas formaciones políticas para perfilar las líneas de las propuestas. Como indica la portavoz de Satse, Mar Rocha, la idea es que el Gobierno en funciones elabore un decreto ley, consensuado entre las distintas fuerzas.

Las comunidades autónomas también han intentado paliar la inestabilidad laboral a través de las OPEs. Una medida que, a juicio de los sindicatos, no es la solución, ya que mientras sigan habiendo tasas de reposición y las ofertas sigan siendo convocadas en base a esas tasas las plantillas no se estabilizarán. “Es necesario hacer modificaciones legales en este sentido”, añade Miralles.

Precisamente, en plena campaña electoral en País Vasco y Galicia, las organizaciones sindicales ya advirtieron de la necesidad de que estas convocatorias se ajustaran a la realidad. Tanto el PP gallego, como el PNV contemplaban en sus programas la convocatoria de los concursos. Ahora, además, tocará ajustar las normativas autonómicas para cumplir con el objetivo europeo de acabar con la temporalidad.

Tras el 25-S… País Vasco y Galicia se ponen manos a la obra

Alberto Núñez Feijoo,
Presidente de la Xunta de Galicia

Los resultados gallegos han sido el termómetro para conocer la salud electoral del PP. Las encuestas no fallaron y el presidente de la Xunta revalidó su mayoría. En este sentido, la sanidad gallega seguirá como hasta ahora. Las propuestas populares en materia de RR.HH. pasan por la convocatoria de OPEs. A principios de año, el Servicio Gallego de Salud contaba con 34.057 empleados unos 1.072 más de los que tenía en enero del 2014 . De momento, la Administración ya ha asegurado que trabaja por seguir consolidando las plantillas.

Íñigo Urkullu,
Candidato del PNV a la reelección

En País Vasco, los nacionalistas podrán elegir socio de viaje en esta nueva legislatura y parece que su primera opción es mantener el acuerdo de estabilidad al que llegaron hace unos meses con el PSE. En materia de empleo, los recortes hicieron mella en Osakidetza, de los 30.000 profesionales que había se recortaron unos 3.000 puestos de trabajo y ahora toca recuperarlos. En este sentido, el Gobierno Vasco ya se puso manos a la obra blindando la plantilla estructural con 26.000 personas. Todo apunta a que seguirán en esta senda.