Ya con el curso político avanzando, tras el reinicio del periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados en septiembre, Rosa Medel, portavoz de Sanidad del grupo parlamentario Unidas Podemos en la Cámara Baja, habla en exclusiva con Gaceta Médica y explica las propuestas del partido de la formación morada en materia sanitaria como el refuerzo de la atención primaria, una estrategia eficiente contra el cáncer o un aumento del número de plazas de profesionales sanitarios.
Pregunta. En opinión de su partido, ¿qué previsiones para este curso en materia sanitaria es necesario abordar? ¿Y en materia farmacéutica? ¿Existen, en su opinión, legislaciones pendientes en ambos ámbitos?
Respuesta. Nuestro proyecto es reforzar los servicios públicos porque son compensadores de desigualdad y la salud es un derecho recogido en la Constitución. Reforzar la sanidad implica derogar realmente la Ley 15/1997 que promueve la privatización de la gestión sanitaria y que se ha demostrado ineficiente y creadora de desigualdad; implica aumentar el número de profesionales sanitarios en Atención Primaria de manera urgente e implica acabar con la inequidad y la ineficiencia del modelo MUFACE.
P. Una de las necesidades más acuciantes es la renovación de plantillas del SNS. ¿Qué propuestas maneja su formación en este sentido y en materia de RR. HH.?
R. El problema de las jubilaciones se suma a la precariedad en recursos humanos producto de años de políticas de recortes del Partido Popular. La solución pasa por aumentar el número de plazas de profesionales sanitarios y acabar con los contratos basura, de manera que nuestros profesionales no se vean forzados a migrar a otros países.
P. Tras aprobarse una Estrategia Nacional de Cáncer, ¿cuáles deberían ser los siguientes pasos en este ámbito?
R. La estrategia fundamental y eficiente contra el cáncer es la prevención y los cribados poblacionales para el diagnóstico precoz. Y es la Atención Primaria la que debe dotarse suficientemente para que ejerza esa prevención y los cribados de manera eficiente. Esa prevención será efectiva cuando la Atención Primaria pueda desarrollar todo su potencial, no solo detectando la enfermedad de manera precoz sino promoviendo la salud y buenos hábitos de los ciudadanos.
“Es la Atención Primaria la que debe dotarse suficientemente para la prevención en cáncer y los cribados”
P. La pandemia ha puesto de relieve el papel de determinados perfiles profesionales, ¿plantea su partido apoyar el reconocimiento de especialidades como la de Urgencias o Infecciosas?
R. Precisamente la pandemia ha demostrado que la especialización excesiva es ineficiente. Durante la pandemia ni urgencias ni infecciosos han mostrado carencias. Nos parecen adecuadas las Áreas de Capacitación tanto para urgencias como para infecciosos.
P. Con el precedente de la elección telemática de plazas de Formación Sanitaria Especializada, ¿por qué horizonte apostará su formación para garantizar un proceso justo y equitativo?
R. La tecnología es una herramienta y no debe ser un obstáculo. Creemos que se debe tomar en cuenta los problemas que plantean los usuarios de la elección telemática y llegar a soluciones razonables.
P. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de apostar de forma decidida por la salud mental. ¿En qué medida formalizará su partido un mayor apoyo a esta área? ¿Cómo puede darse un paso adelante en este sentido desde el ámbito político?
R. En 2019 ya registramos un proyecto de Ley de Salud Mental (LSM) pero no se pudo iniciar el trámite parlamentario. Ahora hemos registrado otra iniciativa de LSM que recoge además las proposiciones de muchos colectivos de pacientes, familiares y profesionales. Es una ley de derechos que recoge cuestiones como el derecho a la autonomía del paciente y el género. Esta ley ya ha iniciado el trámite parlamentario, que fue votado a favor ampliamente por la Cámara. Creemos que las estrategias y los planes no son suficientes para abordar el problema de la salud mental que ha estado abandonado durante muchos años. La ley será garantía de un abordaje real.
P. El papel de la farmacia y el farmacéutico como agente de salud se ha demostrado también indispensable. ¿Llevarán iniciativas en este camino para este nuevo curso?
R. En nuestro Sistema Nacional de Salud tenemos a los farmacéuticos y farmacéuticas de Atención Primaria (AP) y a los farmacéuticos de hospital (FH). Unidas Podemos coincide con la Sociedad Española de Farmacia de Atención Primaria (Sefap) en que hay un auge del papel clínico y asistencial de los farmacéuticos que trabajan en los centros de salud. La Sefap reivindica que los farmacéuticos tengan sus propias consultas en los centros de salud para optimizar su aportación al buen uso de los medicamentos (como disminuir el riesgo de reacciones adversas o interacciones entre medicamentos o fomentar la adherencia terapéutica). No ocurre así en el servicio de salud madrileño donde los farmacéuticos hacen revisiones de tratamientos sin tener al paciente delante. La Sefap pone a la Comunidad Valenciana como ejemplo de potenciación de la farmacia de Atención Primaria. También proponemos el aumento y la consolidación de plazas de FAP dentro de la oferta pública de empleo.
P. El Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica vería la luz, en principio, en el primer semestre de 2022. ¿Presentarán alguna propuesta en el seno de Comisión de Sanidad? ¿Qué creen que debería incorporar?
R. Es un hecho que tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española (Aemps) están sometidas a las presiones de la industria farmacéutica, detrás de la cual hay grandes lobbys e incluso fondos buitre. Existe un pacto con Farmaindustria que hace que, por ejemplo, mientras el PP recortaba en inversión sanitaria el gasto en farmacia seguía aumentando.
Hablemos de los beneficios abusivos de la industria farmacéutica: en 2019 las ventas de medicamentos en España a precio de venta de laboratorio ascendieron a 17.105 millones de euros, según la memoria de Farmaindustria. Si las ventas hubieran sido a precio de genérico, el gasto farmacéutico a PVL habría sido de 7.000 millones que es lo que cuesta la fabricación, gastos de marketing y beneficio industrial. Los otros 10.000 millones son sobreprecio que pagamos teóricamente para financiar la investigación. Pero la industria solo gasta en investigación 1.000 millones. El resto, 9.000 millones son beneficios abusivos
La industria farmacéutica se beneficia del dinero público por diversos mecanismos como exención de impuestos o compras anticipadas y desde luego garantizadas. El Estado financia a estas empresas y además les compra sus productos, un negocio redondo. El dinero público debe ser fiscalizado.
Nuestra propuesta es que debemos conocer el proceso completo de fabricación de un medicamento. Es nuestra obligación exigir transparencia y conocer el precio real de coste, no el valor del mercado, ya que estamos hablando de dinero público. Debemos conocer lo que realmente cuesta la producción y lo que estamos pagando de más.
P. Con relación al acceso de medicamentos innovadores, ¿plantearán algún tipo de medida de cara a mitigar el impacto del retraso de la innovación que sufre España?
R. La innovación debe demostrar su eficiencia. Sabemos que la mayoría de fármacos nuevos no tienen valor añadido excepto que son más caros. Un fármaco nuevo debe aportar algo nuevo y analizar esto requiere un proceso y un tiempo. Saltarse eso nos conduciría a la ineficiencia y podría poner en riesgo la salud de los pacientes. Ahora, si estamos hablando de retraso por problemas burocráticos es evidente que deben solucionarse.
Necesitamos que el gobierno promueva los desarrollos necesarios pero guiado por las necesidades del sistema y no por la oferta del mercado.
P. En esta pandemia se han desarrollado iniciativas por la vía de la necesidad y la urgencia que se han revelado positivas. Es el caso, por ejemplo, de la telefarmacia o la dispensación coordinada de medicamentos hospitalarios a pacientes entre servicios de Farmacia y boticas. ¿Cree que son servicios que deben mantenerse al margen de la COVID-19?
R. Durante la pandemia el Gobierno estableció que, de forma excepcional, las oficinas de farmacia dispensasen medicamentos de dispensación hospitalaria. La pandemia ha caído sobre unos servicios sociales y sanitarios públicos precarizados debido a la política de recortes del PP. Esas políticas del PP que pretendían menoscabar los servicios públicos para favorecer la privatización son responsables de que haya sido necesario utilizar en algunos momentos a las oficinas de farmacia. Pero unos servicios con recursos suficientes hubieran cumplido su función incluso en pandemia. Nosotros consideramos que estas necesidades de la población, por ejemplo, los que no se pueden desplazar, deben abordarse desde los servicios sociales.
P. ¿Cree que uno de los objetivos a corto-medio plazo es acercar la asistencia sanitaria al domicilio del paciente?
R. Sería deseable, por eso defendemos el refuerzo de la Atención Primaria y permitirle que pueda desarrollar eficientemente todo su potencial.
P. El Gobierno ha confirmado su intención de acometer una reforma de la Ley de Garantías para ‘actualizar’ el SNS y que pueda dar respuesta a retos futuros como el que ha supuesto esta pandemia. ¿Ve necesario esta reforma?, ¿cree que debe realizarse desde el consenso mayoritario en el Congreso, en una suerte de Pacto de Estado por la Sanidad que nunca se ha llegado a conseguir?
R. Un SNS bien financiado y gestionado desde lo público es la garantía para afrontar los retos del futuro. La gestión directa es la única que ha demostrado eficiencia. No podemos consentir que la salud de las personas sea considerada un negocio y fuente de beneficios para algunas empresas privadas que parasitan la sanidad pública. Esa nueva ley debe centrase en eso, es decir, gestión pública directa exclusivamente y financiación suficiente.
Sería deseable un Pacto de Estado que impida que gobiernos de turno puedas poner en peligro los servicios públicos. Pero tenemos el ejemplo del Gobierno del PP de Aznar que quiso que el dinero público para sanidad fuera desviado a empresas privadas para que hicieran negocio, justificándolo con falsedades como que la gestión pública es cara. La derecha de este país ve a la salud y a las propias personas como mercancías. Con estos planteamientos es difícil llegar a pactos.
P. En España, la vacunación de personal sanitario frente a la COVID-19 ha sido en esta primera temporada de un casi 100% técnico. Ahora bien, como plantean ya varias CC. AA. y por si cambia este escenario, ¿apostaría por regular la vacunación obligatoria del personal sanitario del SNS y otro personal sociosanitario como han hecho países como Francia?
R. La vacunación en España ha sido un éxito como reconocen organismos internacionales o la Asociación Española de Vacunología. No necesitamos por tanto, regular la vacunación obligatoria.
