C.M. LÓPEZ Madrid | viernes, 18 de enero de 2019 h |

“La iatrogenia es más que un daño clínico, un problema de salud pública”. Para Beatriz González, ex presidenta de Sespas, en una sociedad “medicalizada” los profesionales médicos se ven obligados a atender demandas que no se corresponden con la necesidad real. Todo ello, desemboca en la medicina defensiva, “consecuencia de las altas expectativas de la sociedad y la creencia basada en que más es mejor”.

En este contexto, la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) reclaman políticas de seguridad del paciente para paliar los efectos de esa medicina defensiva.

El coordinador del Grupo de Trabajo de Ética y Salud Pública de Sespas, Andreu Segura, explica que la medicina defensiva es un conjunto de acciones que no tienen como interés principal el beneficio del paciente. “Esta práctica es más frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios debido a la presión”, lo que plantea un problema deontológico, ya que, según explican los expertos, se genera un conflicto de intereses porque las decisiones del médico no se guían principalmente al beneficio del paciente, sino a protegerse ante problemas legales.

La percepción médica

Las cifras son claras. Según un estudio elaborado por las tres instituciones, el 90 por ciento de los encuestados —de 1.449— asegura que la medicina defensiva ha condicionado su práctica profesional y que el 89,9 por ciento admite realizar pruebas diagnósticas de “dudosa utilidad” por prevención ante posibles problemas legales de los pacientes.

Los profesionales de urgencias consideran que la posibilidad de ser demandados condiciona el ejercicio profesional. De hecho, aseguran que esta presión se ha incrementado en los últimos años.

Más del 60 por ciento de los consultados en este estudio reconocen que prescriben pruebas diagnósticas de las que podrían prescindir para evitar un eventual problema legal.

En cuanto a la prolongación innecesaria de las estancias hospitalarias, el 70 por ciento de los consultados consideran que no la induce personalmente aunque cuando valoran la situación, un 69 por ciento de los profesionales tiene la impresión que la amenaza de reclamaciones sí que prolonga las estancias. El problema viene por el respaldo de las instituciones. Según el estudio, entre un 80 y un 90 por ciento de los trabajadores no se sienten suficientemente respaldados por las instituciones en las que trabajan ni tampoco se consideran adecuadamente formados en los aspectos relacionados con las reclamaciones legales de los pacientes.

Ante esta situación, el presidente de la OMC, Serafín Romero, recuerda que las administraciones deberían poner en marcha un Baremo de Daños Sanitarios para paliar y medir los efectos y consecuencias de aplicar la medicina defensiva.

“Un plan específico”

Las tres sociedades científicas insisten además al Gobierno que ponga en marcha un plan de actuación específico que fomente la cultura de seguridad del paciente.

Romero incide en la necesidad de apoyar a los médicos que “son las segundas víctimas cuando se produce un efecto adverso”, trabajar en la formación de cómo comunicar los errores a los pacientes y en la búsqueda de soluciones a los mismos. “Somos la única profesión que reconoce que nos equivocamos”.

Sin embargo, la sociedad también tiene responsabilidades. Por ello, “pedimos más responsabilidad a la población para la buena utilización de los servicios sanitarios y seguir el sentido lógico de derivación”. Hay que recordar que más de la mitad de la población acude a un hospital sin haber pasado antes por atención primaria.

Con todo, la medicina defensiva forma parte de la ya conocida iatrogenia, que no sólo se expresa en incidentes y efectos adversos de la actividad clínica, también supone sobrediagnóstico y sobretratamiento, sino asociada a la incertidumbre, y a las expectativas culturales, entre otras cuestiones.


Más de la mitad de la población acude a un hospital sin haber pasado antes por atención primaria



Más de la mitad de las pruebas diagnósticas son innecesarias y se hacen para evitar un problema legal