J.V. Madrid | viernes, 16 de marzo de 2018 h |

En un contexto en el que la responsabilidad ha ganado importancia, la Fundación Ricardo de Lorenzo y la Fundación A.M.A. han entregado su Premio Nacional de Derecho Sanitario. En su quinta edición, el premio recayó sobre Andrea Macía Morillo por su estudio ‘El diagnóstico genético pre-implantacional y responsabilidad médica por falsos negativos’.

El presidente de la Fundación A.M.A., Diego Murillo apuntó que “en nuestro país, los métodos de reproducción asistida se encuentran en proceso de expansión. Estamos a la vanguardia en la utilización de este tipo de técnica, por lo que hay que deducir, y lo digo con preocupación, que aunque de momento las causas litigiosas son escasas, es previsible que en no mucho tiempo, el número de reclamaciones por responsabilidad civil derivadas de errores de diagnóstico genético pre-implantacional aumente de forma paralela a lo ya ocurrido respecto a las técnicas de diagnóstico prenatal”.

El presidente de la Fundación De Lorenzo, Ricardo de Lorenzo, destacó la “apuesta por la investigación en el ámbito jurídico para el progreso del derecho sanitario”. Murillo destacó esta labor y expresó su agradecimiento “a los que ayudan a fortalecer cada día más la especialidad de derecho sanitario”. “Los médicos debemos de agradecer profundamente la labor de estos profesionales que nos ayudan y nos respaldan cuando la práctica médica se nos complica y solicitamos su apoyo”, añadió, en presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

El titular de la sanidad madrileña destacó los trabajos que está realizando en la actualidad su Consejería para reducir las reclamaciones. Con el sistema implantado se han conseguido reducir un 75 por ciento.

Vacunación

El acto incluyó una conferencia del magistrado del Tribunal Supremo, César Tolosa Treviño, quien hizo un repaso sobre la legislación que atañe a la vacunación en la Unión Europea.

Tolosa Treviño puso de manifiesto en 2017 se cuadruplicaron los casos de sarampión en Europa. Esta situación es consecuencia de un incremento de la desconfianza hacia las vacunas en países como Francia, donde 41 por ciento de la población expresa reticencias. En España, este porcentaje es del nueve por ciento, aunque solo dudan de su seguridad un seis por ciento.

Esta situación ha llevado a Francia a legislar con el fin de asegurar que los padres cumplan el calendario vacunal.