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El Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha presentado una Proposición no de Ley para impulsar la investigación biomédica y sanitaria. Consideran que la investigación científica contribuye favorablemente al desarrollo económico y al bienestar de la ciudadanía. Y precisamente “por su relación directa con los indicadores de salud, derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, pero también por la explotación de su potencial económico e industrial, la investigación biomédica y sanitaria constituye un eje prioritario del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Con la llegada de la COVID-19, Podemos afirma que la emergencia sanitaria ha actualizado el consenso social sobre la imperiosa necesidad de fortalecer la actividad de investigación biomédica y sanitaria. Es por eso que la formación insta al Gobierno a considerar dicha actividad como sector estratégico. De este modo, ha presentado una serie de medidas para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y para que el Ejecutivo, en colaboración con las comunidades autónomas, lleve a cabo.

¿Qué propone la formación?

  • Impulsar un proceso participativo de consulta previa a los organismos y centros de investigación, las universidades y otras organizaciones del sector, sobre el estado y necesidades de la investigación biomédica y sanitaria.
  • Partiendo del referido proceso participativo y bajo la coordinación técnica del Instituto de Salud Carlos III, crear una comisión de expertos a fin de elaborar un informe o libro blanco que oriente las principales líneas estratégicas según las necesidades de la población, las fórmulas organizativas y el liderazgo público en este ámbito de la investigación.
  • Promover un nuevo marco legal que impulse la investigación biomédica y sanitaria y dé respuestas a las especificidades y desafíos estratégicos en este ámbito, estableciendo mecanismos adecuados de apoyo y coordinación para los agentes del sistema y potenciando la investigación traslacional.
  • Garantizar una financiación plurianual, suficiente y estable para afrontar los renovados desafíos en el ámbito de la investigación biomédica y sanitaria.
  • Adoptar las actuaciones necesarias para consolidar una carrera científica y técnica predecible, estable y adaptada a la realidad de la investigación biomédica y sanitaria, reforzando los programas de retorno, atracción y retención del talento en el sector y, en particular, avanzando hacia el reconocimiento de la categoría profesional y el desarrollo de la carrera científica del personal de investigación del sistema sanitario público.»

Un marco legal y coordinación, necesarios para impulsar la investigación

El actual Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 incluye la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, gestionada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que pretende “situar a España en un escenario de vanguardia en el que la salud actúe como eje fundamental del desarrollo económico y social y dónde el Sistema Nacional de Salud se consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación y, por tanto, en la prestación de servicios asistenciales eficientes y de calidad”. Según Podemos, a pesar de no existir un marco legal sectorial que impulse a nivel estatal la investigación biomédica y sanitaria y favorezca las sinergias de los agentes implicados, “los centros españoles acumulan una sólida trayectoria científico-investigadora en la materia, coordinados por el prestigioso ISCII”.

“Es el momento de que los poderes públicos, en consonancia con las expectativas de la sociedad, reconozcan el carácter estratégico de la investigación biomédica y sanitaria, incluyendo el desarrollo de la ciencia básica, y empleen los recursos financieros necesarios para cumplir con sus objetivos”, destacan desde la formación.

Además, hacen hincapié en la necesidad de coordinación de los distintos organismos. “La investigación biomédica y sanitaria requiere una especial colaboración entre diversos Ministerios competentes (Ciencia e Innovación, Sanidad, Universidades, Industria, Asuntos Económicos) y centros de investigación y sanitarios. Y, a estos, dicen, habría que añadir la concurrencia competencial de las CC.AA y la colaboración del tejido industrial y empresarial”.


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