El proyecto de ley de Presupuesto Generales del Estado para 2023 (PGE 2023) ha recibido luz verde del Consejo de Ministros, tal y como avanzaba Yolanda Díaz, quien daba cuenta del acuerdo PSOE-Podemos y ofrecía algunas pinceladas en clave sanidad. El documento de cuentas públicas, en su ‘calentamiento’ previo de su tramitación parlamentaria y en la antesala de la liberación de su libro, ha certificado así las líneas maestras que atañen al sector tras ser aprobado ante el órgano del Gobierno de coalición. De este modo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que la partida destinada a política sanitaria asciende un 6,7 por ciento; esto es, hasta los hasta los 7.049 millones de euros.

En este punto, la que fuera ministra portavoz destacó los 172 millones para atención primaria que irán “de forma expresa” para este nivel asistencial, además de otros 500 millones dirigidos a infraestructura “básicamente dirigidos a la salud mental y a la atención primaria”, según ha acotado.

De este modo, y tras los años previos en los que el Ejecutivo puso en marcha el plan de renovación tecnológica dirigido centros hospitalarios (Plan INVEAT) se apuesta ahora por dotar de “mayor cohesión social al conjunto del sistema”, según Montero. Concretamente, esta partida contempla un grueso de 434 millones destinado a equipamientos de atención primaria y otros 16 millones para la salud mental.

También ha reparado en una partida propia de 50 millones de euros para Universidades, al objeto de incrementar en 1.000 en número de plazas para estudiantes de Medicina de primer año. “Una necesidad derivada también de la posibilidad de poder seguir universalizando nuestro nivel asistencial y ayudar a CC. AA. y a universidades a seguir incrementando el número de alumnos que estudian Medicina y disminuyendo el ‘numerus clausus’, que a muchos impide cumplir con su vocación”, ha señalado Montero.

50 millones de euros buscará incrementar en 1.000 el número de plazas para estudiantes de Medicina

De otro lado, la ministra ha subrayado el epígrafe dedicado a gasto de personal, el cual “se incrementa este año un 6,6 por ciento, alcanzando los 20.502 millones”. Para Montero, esta subida se explica por la mejora salarial del 2,5 por ciento que experimentará este gasto para el próximo año, además de un 1 por ciento adicional dependiente de la inflación. A este respecto, ha valorado la responsabilidad de las principales organizaciones sindicales para llegar a un acuerdo para actualizar las retribuciones de los empleados públicos, “reconociendo en ello el papel que juegan los servicios que prestan a la ciudadanía y que nos permiten ser ese colchón de seguridad”, haciendo alusión expresa a los trabajadores sanitarios.

En última instancia, la responsable ha hecho hincapié en que las cuentas públicas registran también un máximo histórico en materia de inversión en dependencia, con un aumento de 600 millones de euros hasta completar el 150 por ciento a lo largo de la legislatura.

Apuesta sostenida

La ministra de Hacienda ha sacado pecho de los que son los terceros presupuestos que, de forma consecutiva, han presentado. En esta ocasión, su objetivo prioritario es, tal y como ha indicado, acompañar a la sociedad española para poder transitar un momento de enorme incertidumbre provocado por la guerra de Rusia, al tiempo que se siguen impulsando grandes transformaciones ante los retos de España.

Con la COVID-19 y el conflicto bélico como telón de fondo, la responsable del Gobierno ha puesto en valor el trabajo de su equipo para, además de atender lo urgente, reorientar la política presupuestaria para transformar el modelo productivo. En este punto Montero ha vuelto a acudir a cifras sanitarias: “cuando estas cuentas sean validadas, el gasto en sanidad a lo largo de esta legislatura se habrá duplicado respecto al último presupuesto del Partido Popular”, ha destacado.

También ha hecho especial mención a la inversión en Ciencia como pilar de lucha frente a la pandemia en los tres años de la coalición PSOE-Podemos; así, ha hablado de “tres presupuestos progresistas donde la inversión del Estado en I+D+i se ha aumentado un 23 por ciento, alcanzando ya los 8.673 millones de euros”.


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