El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ha entregado su Informe Anual 2017 a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor y al presidente del Senado, Pío García Escudero.
En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales. Según ha explicado Fernández Marugán, el año pasado “vigilamos con atención, y seguiremos haciéndolo en 2018, el funcionamiento de los servicios públicos”.
Sanidad
En el ámbito sanitario, los ciudadanos se quejaron de la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales y los problemas en edificios e infraestructuras. El año pasado la Institución se interesó por las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas. El copago sanitario centró también el trabajo del Defensor del Pueblo, que recomendó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.
Otras actuaciones destacadas en el ámbito sanitario tuvieron que ver con la falta de suministro de algunos medicamentos, disfunciones y retrasos en el transporte sanitario y atención a las personas celiacas.
En 2017 se analizó, además, la actuación de las Administraciones en lo relativo a la atención a la salud mental, donde la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente.
