Nueva y última reunión en el Ministerio de Sanidad entre miembros del Gobierno y Podemos para revertir las privatizaciones existentes en el Sistema Nacional de Salud. El pasado miércoles por la tarde se consumaron los trabajos que se desarrollan desde finales del año pasado y se gestó un documento de recomendaciones al que ha tenido acceso en exclusiva GACETA MÉDICA.
El objetivo principal que se ha marcado la ‘Comisión Desprivatizadora’ es modificar la Ley de Contratación Pública —objetivo legislativo que ven más viable que los propuestos en reuniones anteriores— para evitar nuevas concesiones sanitarias. “Se requiere realizar una modificación normativa para evitar las privatizaciones, y especialmente los contratos de gestión por concesión, orientada a delimitar los diferentes tipos de contratos (concesión, contrato mixto, etc.) incluyendo sus contenidos en relación con los conceptos de riesgo y ventura, los determinantes en los pliegos de contratación que incluyen financiación pública y beneficio privado”, reza el documento de conclusiones.
La Comisión también buscará desarrollar el amparo necesario para poder suprimir concesiones en los tribunales contractuales. “Se destaca también el interés por la tasa interna de retorno y el valor que alcanza en los diferentes proyectos y Comunidades autónomas, así como la ampliación de las causas de legitimación activa frente al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales”, prosigue el documento.
Junto a esta medida, la Comisión también quiere endurecer las inspecciones a las concesiones que están hoy en vigor. Los objetivos de esta segunda acción son, según el documento, “velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista y de los gastos exigibles establecidos en los contratos actuales”. Además, y de manera especial, Gobierno y Podemos resaltan que una de las prioridades de los inspectores será “evitar diferencias entre las condiciones profesionales del personal laboral y del estatutario”.
Estas dos medidas están más enfocadas en dar respuesta a las concesiones o privatizaciones existentes hoy, pero también existe una hoja de ruta para actuar frente a nuevas licitaciones. “No se prorrogarán los contratos actuales de gestión de servicios ni se iniciarán nuevos contratos por concesión”, afirma el documento. Junto a estas dos acciones, la Comisión también propone “publicar en el portal de transparencia las actas de las inspecciones realizadas así como las de las comisiones de seguimiento de los contratos actuales”. Además, se pide “garantizar la aplicación de la Ley de Incompatibilidades a los trabajadores de las empresas concesionarias”. La última de las recomendaciones de Gobierno y Podemos se basa en “evitar la subrogación a otras empresas debiendo volver a propiedad pública en caso de que las concesionarias decidan no mantener la concesión”.
Esta batería de medidas (así como los trabajos de la Comisión) se quedarán en suspenso hasta que se celebren las elecciones generales. En el caso de que PSOE y Podemos formen Gobierno, se comenzarán a activar.
