El refranero español es tan rico que no suele tener problemas en describir casi cualquier eventualidad. En el caso de la Comisión de Sanidad se podría enunciar aquel ‘del dicho al hecho hay un trecho’, a tenor del calor de los debates y su contraposición con los votos finales de los grupos parlamentarios. También se ha vivido un año de muchos cambios, con tres ministras y varias comparecencias que evidenciaron los distintos momentos políticos del año pasado.
Durante el primer periodo de sesiones —de enero a junio— los diputados han sacado adelante iniciativas de gran trascendencia como la financiación de los sistemas flash o la reducción del precio de los medicamentos desfinanciados.
En cuanto a comparecencias, la Comisión de Sanidad dio la bienvenida en primavera al por entonces secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, que subió al estrado a petición de todos los grupos parlamentarios para informar sobre el Plan Normativo que anunció el Ministerio a comienzos del año. Su presencia en la Comisión de Sanidad se hizo de rogar y fue, finalmente, fruto de un alubión de peticiones registradas por el Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos —hasta 15 peticiones de comparecencia a los largo de 2017, con una especial insistencia entre noviembre y el mes de enero de 2018—.
En cuanto al último periodo de sesiones —de julio a diciembre— la unanimidad en las aprobaciones ha marcado la tónica en los encuentros parlamentarios. En total, se han celebrado ocho comisiones de las que cuatro se han centrado en debatir PNLs; tres en abordar comparecencias; y una en defender una Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, presentada por Ciudadanos.
Con respecto a las cuatro sesiones centradas en sacar a adelante las distintas PNLs, el Grupo Popular, el PSOE, Ciudadanos, Podemos y el Grupo Mixto han visto consenso en el cien por cien de las iniciativas abordadas. Llama la atención de que la mayoría de ellas fueron por unanimidad. Entre ellas, cabe destacar la PNL relativa a potenciar los tratamientos contra el cáncer o la iniciativa centrada en facilitar el proceso de implementación de la PrEP en España. Hay recordar que cada formación tiene como máximo un cupo de iniciativas a presentar, en proporción al número de escaños: el PP tiene tres, PSOE cuenta con dos, Podemos y Ciudadanos una cada uno.
A pesar de que todas han salido adelante, el obligado cumplimiento de estas PNL está en tela de juicio. Los diputados han reclamado en varias ocasiones que las propuestas sean vinculantes, ya que son iniciativas sin rango de ley, en las que instan al Gobierno a trabajar sobre ese aspecto concreto. Reformular este aspecto es algo en lo que coinciden los diputados, para que los acuerdos no se queden en saco roto.
La universalidad estrenará el año
A expensas de que el Congreso retome su actividad y se pueda conocer el calendario de sesiones de la Comisión de Sanidad para los seis primeros meses del año, hay una cita ineludible: la Ley de Universalidad. A tenor de los debates previos (el PP presentó una enmienda a la totalidad) se espera que se rompa la unanimidad pero no el consenso. El Gobierno tiene atados los votos que le permitieron a Pedro Sánchez sacar adelante la moción de censura pero el espíritu es sumar cuanto más votos mejor. Es en este escenario donde entra en juego Ciudadanos, quien mantuvo una posición ambigua durante la convalidación del Real Decreto-ley que precede a esta futura norma.
El periodo de presentación de enmiendas para este proyecto de Ley acabó el pasado 19 de diciembre y ahora le toca el turno a la negociación política. Ciudadanos ha presentado ocho enmiendas con las que tendrá que lidiar el resto de grupos para poder sumar a la formación naranja. En primera instancia, la formación naranja defiende una modificación para que “el derecho a la asistencia sea un derecho por ciudadanía”. De esta forma, piden que se suprima la obligatoriedad de tener la residencia habitual en España. Otro de los artículos que quiere modificar Ciudadanos es el que hace referencia a la prestación sanitaria a los extranjeros. La formación naranja pide que, al menos, tengan un periodo de tres meses de empadronamiento en España para tener los mismo derechos que los ciudadanos españoles y, mientras tanto, sólo se les atienda en urgencias, a mujeres embarazadas y a menores de 18 años.
Por otro lado, otro de los puntos a los que hace referencia Ciudadanos es a la actualización de la cartera de servicios. La formación pide que se revise, dentro del Consejo Interterritorial, cada seis meses para que puedan incluirse todas aquellas innovaciones coste eficaces que realicen las comunidades autónomas dentro de sus competencias. “Nosotros queremos que la comunidades no pierdan capacidad de innovación pero si esa innovación tiene una evaluación favorable, queremos que se incluya en todo el territorio nacional”, afirma Igea.
Unanimidad
Gran parte de las iniciativas presentadas en el segundo periodo de sesiones gozó de la aprobación de todos
Empoderar las PNL
Los diputados de la Comisión coinciden en que las Proposiciones No de Ley deberían ser vinculantes
