Gaceta Médica ha podido entrevistar a la directora general de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames. En el cargo desde diciembre de 2021, cuando la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma pasó a manos del Partido Popular, asumió la responsabilidad de poner en valor una parcela en boga desde que la COVID pusiera en primera línea su valor. Desde su designación, en primera instancia, tras un Consejo de Gobierno extraordinario, Tamames se ha mantenido en el equipo del consejero castellanoleonés, Alejandro Vázquez. Ahora, analiza para esta publicación el paradigma ante el que camina este importante área de la sanidad.
Pregunta. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del Castilla y León en el ámbito de la salud pública y que acciones contemplan de cara a 2023?
Respuesta. Una de nuestras mayores preocupaciones es el personal, por una parte, la disponibilidad y por otra la cualificación. Al igual que la asistencia sanitaria, la Salud Pública se enfrenta a un reto demográfico de recambio generacional con escasez de profesionales en las generaciones más jóvenes, agravado en este caso por dos factores determinantes: la falta de competitividad salarial de unos puestos de trabajo enclavados en las administraciones generales en contraste con los servicios de salud y la ausencia de una formación reglada y homogénea de los profesionales que practican la Salud Pública. En este sentido es importante destacar que el ejercicio de las funciones de Salud Pública es multidisciplinar.
Solo en el caso de los médicos existe una Formación Sanitaria Especializada, profunda y homogénea, pero que en la gran mayoría de puestos de trabajo desde donde se ejerce la Salud Pública no se exige, generando la consiguiente frustración de un personal sobrecualificado, cuando no la cobertura por personal no formado o falta de cobertura de puestos para nada atractivos. En el caso de otras titulaciones la situación es todavía menos homogénea ya que no existe esa Formación Sanitaria Especializada y los conocimientos de los profesionales que acceden a los puestos de trabajo de Salud Pública dependen de su propio interés en adquirir la formación y cualificación necesarias, así como del sistema de acceso al puesto de trabajo.
“Hay que hacer una renovación valiente de la ordenación profesional en salud pública para hacerla competitiva y suficiente”
Castilla y León, junto con el Ministerio de Sanidad y el resto de CC. AA. está trabajando para consensuar una serie de dotaciones, capacidades, cualificaciones y posibilidades de desarrollo profesional en toda España en el marco de la llamada Declaración de Zaragoza, que reunió el pasado marzo de 2022 a los máximos responsables sanitarios y donde se acordó fortalecer la vigilancia en Salud Pública a nivel nacional, aspecto que pasa ineludiblemente por fortalecer la situación laboral de los profesionales que la practican. Deseamos que este proceso no se cierre con pequeños parches temporales o acuerdos de mínimos, sino que conlleve una renovación valiente de la ordenación profesional en Salud Pública, para hacerla competitiva y suficiente, y que afronte los problemas de raíz.
P. La importancia de su trabajo ha saltado a primera línea a raíz de la pandemia. ¿Cuál es el camino por delante?
R. Otra de nuestras preocupaciones es precisamente el reconocimiento social y dentro de las propias profesiones sanitarias de la labor de quienes trabajamos en Salud Pública. La llegada de la pandemia por COVID-19 sin duda ha puesto el foco en esta labor, pero todavía es muy desconocida. La población de países desarrollados da por sentadas cuestiones como la salubridad del agua, la seguridad de los alimentos que ingerimos, el cumplimiento de unos estándares de calidad en la prestación de servicios sanitarios, la disponibilidad de vacunas, etc. Todas estas labores, que tienen un indudable valor social, son profundamente desconocidas y uno de los objetivos la Junta de Castilla y León es precisamente visibilizar esta labor como condición indispensable de nuestro estilo de vida y más aún, del desarrollo económico de nuestra comunidad.
Además, entre los compromisos de la presente legislatura se encuentra el desarrollo y aprobación de una nueva Ley de Salud Pública con un enfoque “Una Salud”; es decir, bajo la evidencia de que el ser humano interactúa con su medio ambiente y el resto de seres vivos y que esta interacción exige que las políticas de salud se extiendan a toda la Administración.
P. Castilla y León presume de tener uno de los calendarios de vacunación más actualizados. ¿Cuál es la hoja de ruta en su comunidad? ¿Qué retos afrontan?
R. El nuevo Calendario de Vacunaciones Sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la Comunidad de Castilla y León entró en vigor el pasado 1 de enero de este 2023. Desde este momento está disponibles las nuevas prestaciones aprobadas que son numerosas y para todas las edades.
El nuevo calendario de vacunaciones de Castilla y León para 2023 en su conjunto es objetivamente el más completo a nivel nacional y de muchos países de nuestro entorno. Esto es fruto de la inclusión de todas las prestaciones consensuadas a nivel nacional, sin demoras, y además hemos apostado, como decía anteriormente, por continuar dos de nuestras políticas históricas es esta materia: la selección de productos vacunales con valor añadido y la introducción de vacunas cuya efectividad está sobradamente demostrada y que, si no se introducen en los calendarios oficiales, generan desigualdad. El último ejemplo ha sido la vacuna del rotavirus, que ha demostrado ser muy efectiva y recientemente ha sido clasificada como coste-efectiva por la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Siempre es más complejo fomentar la vacunación en grupos de riesgo. En este ámbito, la captación debe ser personalizada y adaptada al proceso de salud de los pacientes para optimizar el momento de vacunación en función de la situación del paciente, de forma que se consiga el mayor beneficio. Todos estos condicionantes influyen negativamente en las coberturas que además suelen ser inferiores en los primeros momentos de una innovación. Por este motivo creemos que precisamente la extensión de la recomendación de vacunación frente al herpes zóster a la población de 65 años facilitará el acceso a esta vacunación a los grupos de riesgo, como ha ocurrido anteriormente con otras vacunas como la del neumococo.
P. ¿Qué medidas van a poner en marcha para mejorar las coberturas de vacunación en la población adulta sana y con patologías de riesgo?
R. La vacunación en población adulta tiene varias peculiaridades que la separan de la vacunación infantil y que convierten las políticas de salud pública en un reto. Para empezar, los niños no participan en la decisión sobre si practican o no determinadas actividades preventivas. Las autoridades y los profesionales sanitarios recomendamos unas actuaciones y los padres las siguen generalmente con una adherencia ejemplar. Los adolescentes ya comienzan a tomar partido en las decisiones sobre su propia salud y lo notamos: las coberturas en las vacunas que se administran a los 12 y 14 años son menores.
“El riesgo de gripe grave tiene un punto de inflexión a los 60 años; la neumonía y el herpes zóster se disparan a partir de los 65 años”
El adulto sano o con patologías crónicas bien controladas, especialmente por debajo de 70 años, tiene muy baja percepción de riesgo. Sin embargo, los datos nos dejan claro que el riesgo de gripe grave tiene un punto de inflexión a los 60 años, o que la neumonía y el herpes zóster se disparan a partir de los 65 años. Una razón adicional para comenzar a vacunarse cuando todavía estamos jóvenes y sanos es que las vacunas entrenan a nuestro sistema inmunitario, que será mucho más receptivo estando en plenitud que cuando ya haya comenzado el deterioro. Por eso hay que trabajar en la idea de la vacunación como una inversión para un envejecimiento saludable.
P. ¿Cómo van a mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica en Castilla y León?
R. El sistema de vigilancia está en continua evolución. Hace menos de veinte años las llamadas Enfermedades de Declaración Obligatoria, las EDO, se notificaban en formularios autocopiativos y se digitalizaban en bases de datos provinciales que no estaban en red, se agregaban posteriormente a nivel autonómico y después nacional. Muchas CC. AA. hemos ido desarrollando sistemas de información cada vez más automatizados y que aportan más información y de forma más rápida, que puede llegara a ser algo esencial en la toma de decisiones. La pandemia ha tensionado todo el sistema y nos ha ayudado a identificar las mejoras más prioritarias en los sistemas de vigilancia, como la interoperabilidad con diferentes fuentes de datos, la versatilidad en la emisión de informes, la necesidad de vigilar los riesgos para la salud, no sólo los riesgos, etc.
En el momento actual, algunas de esas mejoras pueden ser abordadas gracias al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) de los Fondos Europeos. Esperamos poder exprimir al máximo estos fondos a pesar de que los objetivos y la cronología no han sido consensuados por el Gobierno de España ni con las CC. AA. ni con otros agentes implicados, como podrían ser en este caso las industrias de desarrollo tecnológico del sector sanitario, con las dificultades que eso imprime tanto en la gestión como en la ejecución.
P. Las resistencias antibióticas son observadas de cerca como una ‘nueva pandemia’. ¿Cuál es la acción del Gobierno regional en este ámbito?
R. Las resistencias a los antibióticos no son nuevas y pueden dejar a la humanidad en un lugar muy comprometido en un plazo breve de tiempo, pero afortunadamente todos los agentes implicados han tomado conciencia de ello. Es un problema que nos debe alinear a profesionales de la salud humana, de la salud animal y de la conservación del medioambiente, y de hecho la lucha contra la resistencia antibiótica ha sido el mayor exponente de aplicación de la política “One Health” o “Una Salud”, que promueve abordajes integrales de los grandes problemas de salud que son la única garantía de éxito.
Desde la Junta de Castilla y León en los últimos años hemos considerado prioritario establecer una estructura organizativa a través de la que canalizar y desarrollar las actividades a realizar, con el objetivo de racionalizar su prescripción, optimizando su uso y así preservar su eficacia. Por ejemplo, se han constituido y se encuentran operativos los PROA que cubren la totalidad de nuestro servicio asistencial, el Sacyl, con grupos específicos para el ámbito de la atención hospitalaria y otros en el de la atención primaria.
“Las resistencias a los antibióticos pueden dejar a la humanidad en un lugar muy comprometido en un plazo breve de tiempo”
Son múltiples las acciones en desarrollo. En el futuro más inmediato y en el ámbito estrictamente asistencial se está tratando de mejorar los sistemas de información para que sea más efectivo el paso de la prescripción empírica a la determinada por la cambiante situación epidemiológica. El siguiente reto, a más largo plazo, es extender la implicación conseguida en el sistema de salud humano al resto de esferas interrelacionadas: asistencia animal y medioambiente.
