E.M.C. Madrid | viernes, 08 de noviembre de 2019 h |

En la recta final para que los grupos de interés puedan presentar sus observaciones sobre el borrador del ‘Plan de acción para fomentar la utilización de medicamentos reguladores del mercado en el SNS: Medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos’ que el ultima el Ministerio de Sanidad, la Alianza General de Pacientes ha analizado el alcance y las áreas de mejora de esta iniciativa impulsada por la titular en funciones, María Luisa Carcedo.

Entre otros puntos, su presidente, Juan Manuel Ortiz, remarca que el documento ha sido elaborado de espaldas a los pacientes y los profesionales. Para contrarrestar lo que considera un déficit de base de este plan, la AGP insta al Ministerio de Sanidad a crear una mesa multidisciplinar que incluya a los pacientes, junto a los profesionales implicados, de manera que se pueda revisar el documento y conformar una comisión de seguimiento.

Garantías de seguridad

Una de sus objeciones es que el “plan se centra exclusivamente en cuestiones económicas y de eficiencia y deja la calidad de la atención en un segundo plano”, explica Ortiz a GM.

En su opinión, la puesta en marcha de esta iniciativa “supondría la vulneración de derechos de los pacientes e iría en contra de la regulación normativa española e incluso de la normativa europea en algún caso, que establecen las garantías del paciente”.

Además, considera que el documento no se centra en el valor que estos fármacos aportan al paciente en términos de resultados en salud y que pasa por alto muchos detalles.

Ortiz entiende que debe incentivarse la innovación y comercialización de genéricos y biosimilares, pero matiza que no puede ser en perjuicio de los derechos y garantías de los pacientes.

En la misma línea, recuerda que la política de bajada de precios es la principal causa del desabastecimiento de fármacos, una realidad que va en aumento y que inquieta al colectivo, al mismo tiempo que invita a incorporar en el documento cómo se garantizará el suministro a las farmacias.

En aspectos concretos como la existencia de alternativas al mismo precio, remarca que se ha de salvaguardar el derecho a la elección del paciente. Con respecto a los posicionamientos, Ortiz subraya que deben considerarse como una guía y se ha de permitir que médico y paciente puedan seleccionar, de forma compartida, el medicamento más adecuado en cada caso.