El Gobierno ha sacado a consulta pública el Anteproyecto de Ley de Equidad, Universidad y Cohesión del SNS en la que se recabará la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones más representativas a los que afecta la futura norma. Esta consulta estará disponible hasta el día 19 de noviembre 2020.
Ahora que se conocen más detalles del Anteproyecto de Ley, la Fundación IDIS ha realizado un primer análisis, a la espera de alegaciones, de la futura Ley de Equidad. “Si bien se deroga la Ley 15/1997 sobre nuevas fórmulas de gestión, incorpora su contenido íntegro al artículo 47 de la Ley General de Sanidad del año 1986, lo cual refuerza su conveniencia“, expone la Fundación.
Sin embargo, IDIS considera un error añadir la preferencia de gestión sanitaria pública directa para las entidades sanitarias y sociosanitarias del SNS. La Fundación es contraria a esta idea debido a “la falta de flexibilidad y demostrada ineficiencia -según múltiples estudios contrastados- del modelo de gestión directa (administrativa) frente otras fórmulas de gestión pública de la sanidad o a los modelos de gestión privada“.
“En este momento, y dada la crisis de recursos a la que se enfrenta nuestro sistema sanitario público después de la pandemia, es imprescindible la implantación de sistemas que sean eficientes, flexibles y transparentes”, señala IDIS a través de un comunicado. Desde su punto de vista, la gestión pública directa es lo más “inadecuado” para impulsar el dinamismo y la competitividad que requiere un sector tan complejo como el sanitario. Si, además se propone extenderla al modelo sociosanitario, consideran la propuesta “especialmente grave y fuera de contexto”.
Supresión de los copagos
La futura Ley pretende establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse
copagos sanitarios nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas.
Con respecto al aumento de la universalidad y la supresión de los copagos, a la Fundación les parecen razonables, “siempre que sean asumibles y entendiendo que los mismos no tienen por qué garantizar la equidad”. Por ello, defiende la necesidad de proponer herramientas para identificar las desigualdades existentes en el sistema y tomar medidas para corregirlas.
“Nos congratulamos del incremento de participación de agentes del sector en el comité consultivo del Consejo Interterritorial, en especial con la participación de los pacientes pero, no obstante, entendemos que sería importante la incorporación también de los profesionales sanitarios“, piden.
Finalmente, señalan la falta de mención expresa en la Ley al papel y la aportación a los recursos sanitarios privados, tanto a nivel de provisión hospitalaria como de aseguramiento. “Si algo ha quedado claro a lo largo de la pandemia es que el sector sanitario privado es imprescindible no solo para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria, sino para garantizar el acceso a la misma. De hecho, la mayor aportación que hace el sistema sanitario privado en su relación con el sistema público es la posibilidad de disminuir el uso del mismo, facilitando su utilización a quien no tiene alternativa”, aseguran.
Así, insisten en la aportación del sector privado y, aprovechando las posibilidades que otorga la digitalización y la interoperabilidad, instan a garantizar, con la autorización expresa de los pacientes, la continuidad asistencial entre el sistema público y el privado para evitar ineficiencias y duplicidades.
“Desde la Fundación IDIS entendemos que es imprescindible una reforma legislativa que asegure una gestión eficiente de los recursos públicos, garantizando el acceso, la equidad y la cohesión de nuestro sistema sanitario, contando con todos los recursos públicos y privados disponibles en el mismo. Por ese motivo, valoramos positivamente el mantenimiento de las fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa, en beneficio de un sistema sanitario lo mejor posible para todos”, concluyen.
