GM | miércoles, 05 de julio de 2017 h |

Un paso más en la lucha contra las agresiones a los profesionales sanitarios. Los ministerios de Sanidad y de Interior han firmado un protocolo de actuación con el la Organización Médica Colegial (OMC) para que los profesionales sanitarios puedan responder a un ataque físico o a una amenaza de un usuario o un familiar. La firma del convenio se ha llevado a cabo en la sede del Ministerio de Sanidad y han participado la titular de Sanidad, Dolors Montserrat, el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la OMC, Serafín Romero.

Durante el acto, el ministro de Interior ha anunciado la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario que fija unos canales de comunicación permanentes entre las autoridades sanitarias, las instituciones públicas y las organizaciones especializadas. La segunda de sus funciones consistirá en asesorar para adoptar las medidas adecuadas para prevenir y reducir las agresiones.

Otra medida que contempla el protocolo es la puesta en marcha de un Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios con el objetivo de articular mecanismos de colaboración y de coordinación a nivel nacional entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades sanitarias competentes.

Montserrat ha subrayado que el objetivo del protocolo es triple. “Reunir todos los datos de agresiones de todas las profesiones sanitarias que están recogidos en los registros de los servicios de salud autonómicos; identificar los puntos críticos y elaborar un mapa de riesgo de agresiones; y, sobre todo, elaborar una evaluación periódica de los incidentes recogidos y de las medidas adoptadas, con el objetivo de tomar las acciones oportunas en tiempo y forma”, añadió.

Romero, por su parte, mostró su agradecimiento “en nombre de los 2.419 médicos agredidos en estos últimos seis años”, el tiempo en el que la OMC ha venido recogiendo los datos a través de su observatorio. De manera paralela ha reconocido la labor desempeñada hasta ahora con los cambios introducidos en el Código Penal y los planes integrales con el Ministerio y las comunidades autónomas.