No cabe duda que la principal protagonista en la gestión del primer año de legislatura por parte del Ministerio de Sanidad ha sido la pandemia de la COVID-19. La llegada de virus SARS-CoV-2 dio un giro de 180º a las perspectivas políticas de 2020. En este contexto, la coordinación de las Administraciones Públicas con las comunidades autónomas ha sido fundamental para poder manejar las dificultades ocasionadas. Esta labor ha impulsado el liderazgo de las CCAA, con el refuerzo del Consejo Interterritorial de Salud. Así lo ha señalado en un comunicado el Ministerio de Sanidad, que considera que la situación ha significado “un impulso a la cogobernanza y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

A pesar de la carrera a contrarreloj que ha supuesto la lucha contra el virus, destacan las medidas tomadas por las comunidades, especialmente los planes estratégicos como el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de COVID-19, o la Estrategia Estatal de la segunda ola, a la que hace mención el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en numerosas ocasiones.

Las CCAA, claves de la gestión

El aumento de casos de COVID-19 ha obligado a las diferentes comunidades autónomas a tomar “medidas más contundentes, que quiero poner en valor”, subrayaba el ministro de Sanidad a comienzos de enero. Esta estrategia adoptada frente a la segunda ola cuenta con indicadores, niveles de alerta y medidas coordinadas, que el Gobierno espera mantener ante el aumento de casos actual, tras las vacaciones de Navidad.

En este sentido, las CCAA basan la estrategia de prevención en evaluar la situación epidemiológica de un territorio, en determinar actuaciones de respuesta proporcionales y en llevar a cabo un seguimiento pasados 14 días.

Además de las medidas tomadas por las CCAA, la pandemia de la COVID-19 ha impulsado al trabajo conjunto de distintos perfiles multidisciplinares que han dado como resultado la elaboración de guías, protocolos y procedimientos técnico-científicos para profesionales, que se han realizado de forma coordinada con las CCAA y las asociaciones científicas y profesionales.

Desde Sanidad, destacan además la elaboración de cuatro olas del Estudio de seroprevalencia ENE-COVID19, para conocer la prevalencia de la infección en la población española. Este estudio, al que Sanidad califica como “referente internacional”, ha sido realizado por el Ministerio de Sanidad y el  Instituto de Salud Carlos III, junto a las CCAA. 

Logística y recursos

El esfuerzo logístico por parte de la Administración Central y las comunidades ha sido una las principales situaciones destacables. En este sentido, el suministro de materiales y el reparto de los mismos, ante las incidencias de los contagios, ha sido una de las acciones más urgentes desarrolladas durante el primer año de legislatura.

Según datos aportados por Sanidad, se ha procedido al reparto de más de 220 millones de unidades de material y productos sanitarios para apoyar las compras de las CCAA. Por otro lado, se han distribuido 300 millones de euros a las CCAA, procedentes de los 16.000 millones del Fondo Covid, para dar respuesta a las acciones más urgentes. 

El comunicado del Ministerio destaca el “aumento de los recursos del SNS, poniendo a disposición de las CCAA más de 81.000 profesionales sanitarios y centros y recursos de  titularidad privada”. 

Además, se reguló el precio máximo de mascarillas, geles y soluciones hidroalcohólicas y se rebajó al 4% el IVA de las mascarillas. Se trata de una medida dirigida a facilitar el acceso de la población a estos productos. 

Otro de los aspectos en los que se ha centrado el Ministerio ha sido la elaboración de material divulgativo y accesible para la ciudadanía. En esta línea también destacan las campañas de concienciación e información.

Estrategia de vacunación

Además de coordinar y gestionar las acciones diarias, el Ministerio destaca haber trabajado en la preparación ante nuevas olas o nuevas emergencias sanitarias. En este sentido, ha desarrollado una reserva estratégica y se ha llevado a cabo la adjudicación del Acuerdo Marco  de suministro de la mayor compra centralizada efectuada por la Administración española en toda su historia. 

La Estrategia de vacunación COVID-19 en España es otro de los ejemplos de la gestión coordinada de la pandemia. La compra a través de la  UE de un portfolio de vacunas COVID-19 permite “garantizar un acceso equitativo y  gratuito de vacunas a todas las personas en España”, indica el comunicado.

El objetivo de la estrategia es doble: por un lado, contribuir a controlar la morbilidad y la mortalidad, reduciendo al máximo los ingresos y fallecimientos. Por otro, se marca una finalidad operativa para “estar listos para vacunar desde el momento en que empecemos a recibir dosis de vacunas aprobadas que hayan garantizado su seguridad y eficacia”, indicaba el ministro de Sanidad.

Este plan estatal se cimenta en el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del pasado 9 de septiembre, mediante el cual se creó un grupo de trabajo específico. Así, en su elaboración han participado ocho CC.AA. Estas son Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco).

Además, en colaboración con las CCAA, se ha puesto en marcha el Registro de Vacunación COVID 19 del SNS, el primer registro a nivel nacional en materia de vacunación. Se ha desarrollado también un plan específico de vigilancia de la seguridad de las vacunas COVID-19. 

Eliminación del copago farmacéutico 

Una de las medidas tomadas en el sector farmacéutico por parte del Gobierno ha sido las medidas dirigidas a la eliminación progresiva del copago farmacéutico, una de las apuestas de los Presupuestos Generales del Estado. Según Illa, “esto beneficiará a unas 6 millones de personas”.

Por su parte, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón apuntaba que “la evidencia nos ha demostrado que el establecimiento del copago estableció una barrera en el acceso a los medicamentos y al cumplimiento de los tratamientos en algunos sectores de población”.

Los grupos concretos a los que dará soporte esta medidas son tres. El primer colectivo beneficiario serán las familias que perciben prestación económica por hijo cargo. Los otros corresponden a pensionistas de la Seguridad Social, así como menores con un grado de discapacidad del 33 por ciento o más.

Por otra parte, se ha impulsado la Formación Sanitaria Especializada, con un incremento del 5,9% de las plazas de formación sanitaria especializada para la convocatoria 2020/21, que asciende a casi 10.300 plazas.  

También se ha sacado a consulta pública el Anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud que incorpora la obligación de evaluar el impacto en la salud de la población en todas las nuevas políticas públicas. 

Otro de los retos en los que se ha avanzado en estos últimos 12 meses es en el refuerzo de la estructura del Ministerio de Sanidad, con la creación por primera  vez en 40 años de la Secretaría de Estado de Sanidad.  

Refuerzo de la salud pública 

Desde el comienzo de la pandemia no se repite otro mensaje: la necesidad de fortalecer la Sanidad Pública Española. En este sentido, el Ministerio ha empezado a trabajar en la creación del Centro Estatal de Salud Pública, previsto en la Ley General de Salud Pública, con una dotación  de 5 millones en los PGE-21.

Se está trabajando en el aumento de los recursos destinados a salud pública, no solo para vigilancia epidemiológica sino también para impulsar estilos de vida saludables. 

También se ha seguido apostando por avanzar en la implementación del Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria, con la inclusión en los PGE 21 de 1.088 millones de transferencias a las CCAA para su desarrollo. 

Apuesta por formatos telemáticos y Salud Digital

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha apostado por la promoción de la digitalización, con la creación de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS. Desde el Ministerio indican que se han destinado 50,6 millones de euros para ampliar e impulsar distintos proyectos como la analítica de datos, la salud digital y la interoperabilidad electrónica de información sanitaria y para desarrollar los servicios públicos  digitales para el SNS.  

En esta línea, se destinarán 234 millones de euros a la Iniciativa REACT-UE, dirigida a impulsar distintas medidas de digitalización del Sistema junto con las CCAA, como el Centro de Salud Virtual, la Historia Digital de Salud o la Vigilancia Epidemiológica. Por otra parte, se han aumentado los recursos del Fondo de Cohesión Sanitaria y se ha recuperado su carácter presupuestario. 

Por último, se ha puesto en marcha una nueva Estrategia de política farmacéutica, que persigue “mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS”, según Sanidad. En esta línea, se han llevado a cabo numerosas iniciativas para orientar las políticas de la industria farmacéutica a la transparencia y eficiencia.


También te puede interesar: