El Real Decreto-ley que devolverá la asistencia sanitaria universal superó ayer el primer escollo reseñable. El texto final se conocerá a finales de julio —la ministra Carmen Montón cree que se cumplirán los plazos anunciados en el Consejo de Ministros— pero el consenso entre todas las comunidades autónomas es una quimera. Nunca lo ha habido en temas que sobrepasan la gestión para instalarse en un púlpito más político y esta ocasión no fue una excepción. El documento que el Ministerio planteó a las comunidades asegura la recuperación del derecho a la asistencia sanitaria para las personas extranjeras en situación administrativa irregular en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Esto no agradó a todos e incluso permitió que las críticas llegasen antes de que comenzara el Consejo Interterritorial.
Número de beneficiarios
El Ministerio trasladó a las comunidades que el Real Decreto favorecerá a unos 840.000 personas
En los aledaños del Ministerio de Sanidad ya se pudo comprobar que Montón no tendría un estreno fácil. Las críticas llegaron desde las comunidades ‘populares’ y las loas desde las socialistas. Pero hubo una excepción que permitió adelantar que el cónclave sería reñido más allá de la típica confrontación política: Extremadura. El consejero José María Vergeles alabó la intención de la ministra pero adelantó que su comunidad estaba por la labor de introducir ciertas barreras a la universalidad. Por un lado, pidió que el Real Dercreto-ley impidiese que la cobertura sanitaria española no viajase más allá de las fronteras españolas. Por otro, que la persona migrante estuviera empadronada al menos dos años para acceder a la lista de espera de trasplantes. “Hay que ver qué es lo que pasa con estas personas en situación irregular cuando viajan fuera de nuestras fronteras y todo lo que tiene que ver con los trasplantes. Que se exijan dos o tres años de empadronamiento en nuestro país para poder acceder al sistema de trasplantes porque se puede dar una situación de injusticia si no es así”, explicó Vergeles.
Lista de espera de la ONT
Extremadura propuso que se exijan dos años de empadronamientos para acceder a transplantes
El comienzo del Consejo Interterritorial transcurrió tranquilo y los consejeros fueron exponiendo a la ministra de Sanidad todas las necesidades que van asociadas a la pretendida universalidad. Tras un par de horas comenzó el baile de pasillos y tanto consejeros socialistas como populares dejaron su sillón en el cónclave para dar su visión. Fue ahí cuando se conocieron las grandes discrepancias del cónclave: financiación y la figura jurídica de la persona migrante.
El Ministerio trasladó a los consejeros que existen unas 840.000 personas que se beneficiarían de la universalidad. “Esto tendría un coste de 1.200 millones”, aseguró el consejero de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado. Madrid, a través de su consejero, Enrique Ruiz-Escudero, cifró en 40 millones de euros el gasto actual de la Comunidad para atender a personas migrantes, “cantidad que se superaría con este Real Decreto-ley”. Por todo ello, ambos consejeros, junto al murciano Manuel Villegas, el gallego Jesús Vázquez Almuiña o la riojana María Martín resaltaron que Montón había dedicado su primer Interterritorial “a un asunto que las comunidades hemos solucionado ya” y se había olvidado de “la financiación, algo que recordaba siempre cuando era consejera de la Comunidad Valenciana”. Estas críticas fueron suavizadas por Montón cuando le tocó el turno de evaluar las negociaciones mantenidas en el Consejo. “No sólo no supondrá gasto adicional si no que puede hasta ahorrar porque atender a una persona en Atención Primaria es menos costosos que hacerlo en urgencias”, dijo.
Junto a este escollo el otro gran punto de desencuentro fue la definición de la persona jurídica que será beneficiaria del regreso de la universalidad. Montón tiene claro que es “una cuestión de decencia” devolver este derecho a cualquier persona que resida en España pero desde las comunidades ‘populares’ solicitaron que se enfocara la recuperación del derecho a los empadronados. “Se trabajará en este decreto a lo largo de los próximos días para que no se produzcan abusos pero tampoco se perjudique a nadie. Existen fórmulas como la del informe social que despejarán las dudas”, resumió Montón.
