La Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) comenzará a trabajar en la actualización de su propio Código Ético, contemplando la autorregulación como uno de los pilares fundamentales. Es su respuesta a la situación generada sobre la financiación de la formación continuada de los médicos.
Desde 2012, la federación tiene en su estructura un código de buenas prácticas que regula las relaciones de las sociedades científicas con los agentes del sector. Con esta actualización, como indica el presidente de Facme, Fernando Carballo, “el objetivo es analizar los marcos y códigos de las sociedades a nivel nacional e internacional”.
Las sociedades científicas están convencidas de que las normas de autorregulación de la industria farmacéutica se tendrían que adaptar a los códigos de las sociedades. “Actualmente el modelo vigente está roto, con o sin razón”, lamenta. El desacuerdo de las SS. CC. con el actual modelo planteado por Farmaindustria está presente.
En este sentido, la federación trabajará “de manera prioritaria en los conflictos de interés”. A su juicio, las principales prioridades de los profesionales se tienen que centrar en un modelo de relación, “no solo con la industria farmacéutica y otras patronales —explica— sino entre los propios médicos” para trabajar en la rendición de cuentas.
Por ello, se repasarán las todas las políticas de transparencia y responsabilidad social corporativa de las sociedades, así como la relación con otros agentes, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.
Así lo han acordado las sociedades federadas en la Asamblea General de Facme. Para ello, se han establecido cinco grupos de trabajo, y será el de ética y transparencia el que revise y actualice el marco de transparencia.
En los últimos tiempos, el asunto más debatido del Código de Autorregulación de la industria era la publicación de las transferencias de valor sin el consentimiento del profesional, algo que ha generado incomodidad en la mayoría de sociedades científicas. Carballo lamenta que este modelo no haya servido para optimizar el modelo de formación continuada de la mano de la industria.
En cuando a la publicación de datos de forma individualizada sin consentimiento previo, que se llevará a cabo a partir de 2018, desde Facme advierten de que la industria deberá tomar medidas para evitar el uso inadecuado de los datos. De este modo, llaman a la industria a que avise de la estrategia que llevará al respecto. Este riesgo “social —argumenta la Federación— debe ser enérgicamente combatido precisamente por la organización responsable de la publicación”. Por otra parte, reclaman a Farmaindustria que solo puedan publicarse, en su caso, los datos de aquellos profesionales que hayan manifestado su acuerdo con estas condiciones, y nunca de cualquier profesional que no esté perfectamente informado de esta circunstancia al aceptar la ayuda. “Sigue sin entenderse que en determinados casos puedan publicarse datos sin ese acuerdo o consentimiento explícito”, acota Carballo.
Por tanto, piden que Farmaindustria de marcha atrás en este asunto y avisen al profesional de las consecuencias de llevar a cabo estas transferencias de valor. Una cuestión en la que confían que habrá voluntad por parte de la industria de anticipar al profesional toda la información.
Además, durante la Asamblea, se revisó también las propuestas de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) que consideran que este modelo, aunque diferente al propuesto desde Farmaindustria, “también contiene elementos de imposición unilateral que deben ser revisados”.
La tributación por la formación continuada fue uno de los asuntos que copó el encuentro de las sociedades científicas. Un encuentro que contó con la presencia del Secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza, y el director general de Ordenación Profesional, Carlos Moreno.
Además, la OMC también estuvo presente de la mano de Serafín Romero. La Asamblea dio pasos importantes, ya que pusieron en marcha el resto de grupos de trabajo en materia de evaluación de tecnología; innovación y evaluación y uso de medicamentos; estructuras profesionalizadas; y recertificación profesional, además del de ética.
Hacienda da pasos
En cuanto a la inquietud generada por la obligación de rendir cuentas a Hacienda por la asistencia a congresos y eventos científicos, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro dio una respuesta inmediata: trabajarán por clarificar la situación e incurrir una modificación legislativa. Como anunció el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, estudiarán la modificación del reglamento, a través del artículo 44 del Reglamento del IRPF.
Con esta aclaración parece claro que no tendrá la consideración de rendimiento en especie la participación de los trabajadores sanitarios en cursos de formación financiados por terceros.
Tanto Farmaindustria como las sociedades científicas han valorado positivamente este anuncio, y la iniciativa del ministerio de reunirse con el Presidente de la OMC, Serafín Romero, para aclarar la situación fiscal de los profesionales.
Despejada esta duda fiscal, las sociedades científicas y la OMC consideran necesario establecer límites y ordenar la formación. “Definición de los límites entre la formación continuada de calidad e independiente, como la que las SS.CC. ofrecen, de la información promocional organizada, de manera que la primera, necesaria y obligada para los profesionales, no fuera objeto de tributo”.
Asimismo, en la línea de lo que Facme viene reclamando consideran imprescindible el desarrollo reglamentario del artículo 78.4 del Texto refundido de la Ley de Garantías la manera en la que los profesionales sanitarios deben transparentar los ingresos públicos o privados.
Las sociedades científicas tienen clara la necesidad de regular el modelo de formación continuada
El Ministerio de Hacienda resuelve el asunto de la tributación y eximirá a los profesionales
