GACETA MÉDICA Madrid | viernes, 13 de diciembre de 2019 h |

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha emitido el fallo de dos sentencias sobre sendos recursos contenciosos administrativos presentados por Elche Crevillente Salud (Hospital de Vinalopó) y Torrevieja Salud Unión Temporal de Empresas Ley, del Grupo Ribera Salud, a la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana.

Las sentencias, que no son firmes, dan validez de forma indirecta a los criterios con los que la Consellería planteó en su día las liquidaciones pendientes con ambas concesionarias en varios años, detalladas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2017 (ver GM nº 753).

La primera de ellas desestima la solicitud presentada por Elche Crevillente, que perseguía el equilibrio económico financiero del contrato de gestión y reclamaba una compensación económica de 87.702.258 euros aludiendo a los “sobrecostes soportados” por la concesionaria.

La segunda, desestima el recurso impuesto por la concesionaria de Torrevieja contra la llamada “desestimación por silencio”, es decir, la negativa tácita de la Consellería a contemplar una solicitud presentada en mayo de 2015 en la que la empresa pedía medidas de reequilibrio económico para compensar un perjuicio estimado por valor aproximado de 108.813.410 euros.

Con estos recursos, las dos concesionarias del Grupo Ribera Salud aspiraban a obtener así un saldo a su favor de más de 195 millones de euros en el citado concepto de reequilibrio económico financiero. Mientras los cálculos realizados en su día por los técnicos de la administración sanitaria, arrojan un saldo de las liquidaciones en Torrevieja favorable a la concesionaria en 5,2 millones de euros. Con respecto a las cuentas con el Departamento de Salud de Elx-Crevillent y a falta de que la consejería de Transparencia valenciana proporcione los datos solicitados por este periódico sobre el estado de las liquidaciones pendientes, el dato que se maneja, recogido en el informe de fiscalización de cuenta del ejercicio 2017, es que las liquidaciones de 2010, 2011 y 2012, pendientes de aprobación, supondrían 33,3 millones para la administración.

La vía judicial está dando algunos sinsabores al Grupo Ribera Salud. A mediados de octubre el mismo tribunal desestimaba el recurso presentado por la UTE Ribera Salud II contra la decisión de la Generalitat de recuperar la gestión pública directa del hospital de Alzira y la atención sanitaria integral en ese departamento. La sentencia concluyó que la Administración no está obligada a seguir ningún procedimiento para dar por finalizado un contrato por vencimiento de plazo y rechazó los doce motivos esgrimidos por la empresa contra la negativa de Sanidad a prorrogar el contrato.


Elche
El informe de fiscalización de 2017 cifra las liquidaciones de tres ejercicios en 33,3 millones para la administración



Alzira
El TJSCV desestimó el recurso de la empresa contra la decisión de recuperar la gestión pública directa