La futura Ley de Equidad, Cohesión, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) no ha dejado indiferente a nadie desde el inicio de su tramitación. El pasado 8 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de esta Ley de Equidad, que modifica y deroga, según el caso, varias normativas ya vigentes.

Uno de los puntos que han causado más polémica es la derogación de la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta ley “recoge las distintas formas previstas en la legislación vigente, de gestión de los servicios a través de medios ajenos, haciendo hincapié en la posibilidad de establecer –cualesquiera que sean sus modalidades– acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, adecuándose a las garantías establecidas en la Ley General de Sanidad”. Una puerta abierta a los modelos de gestión público-privada en Sanidad que, muchos años después, desarrollaron Administraciones regionales a título particular. Fue el caso de Comunidad Valenciana con el polémico ‘modelo Alzira’ –ya revertido–.

La colaboración público-privada por la que aboga dicha ley queda patente en la redacción de su artículo 1.2: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

Negativa de Unidas Podemos

Esta ley facilitaba, según algunas voces, la privatización, algo a lo que Unidas Podemos siempre se ha opuesto de forma radical. Sin embargo, para Unidas Podemos, la derogación de la Ley 15/1997 no es suficiente y ha arremetido contra la nueva Ley de Equidad que el Gobierno de Sánchez pretende sacar adelante.

El portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, considera que no se garantiza la gestión pública del sistema de salud y ha apuntado que la desprivatización de la sanidad está “entre los principios fundamentales de la UE”.

En la misma línea han ido las declaraciones de Pablo Fernández, portavoz general de UP: “En esos términos no podemos estar de acuerdo y esperamos que el PSOE se avenga a modificarla”.

La negativa de Podemos al Anteproyecto de Ley se achaca a que, a falta de que se concreten los planes del Gobierno, no significa que la gestión sanitaria vaya a ser únicamente pública a pesar de la derogación de la ley anterior (1997), pues contemplarán la colaboración del sector privado, aunque restándole peso.

De hecho, en una entrevista con El Global, Rosa Medel, portavoz de Sanidad de UP en el Congreso, ya dejaba claro la posición de su partido: “Las políticas del PP que pretendían menoscabar los servicios públicos para favorecer la privatización son responsables de que haya sido necesario utilizar en algunos momentos a las oficinas de farmacia (para ayudar a otros servicios sanitarios), pero unos servicios con recursos suficientes hubieran cumplido su función incluso en pandemia”.

Del mismo modo, Medel señalaba que un SNS “bien financiado y gestionado desde lo público” es la garantía para afrontar los retos del futuro. “La gestión directa es la única que ha demostrado eficiencia. Sería deseable un pacto de estado que impida que gobiernos de turno puedas poner en peligro los servicios públicos”, opinaba.

El sector responde

Ante el rechazo de UP, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha querido reivindicar el papel de la sanidad privada, pues considera que no aceptarlo es “dar la espalda a la realidad”, al descargar tanto la presión financiera como la demanda asistencial y las listas de espera asociadas. En definitiva, IDIS defiende un “sistema sanitario mejor para todos”, lo que implica una gestión eficiente de los recursos públicos y considerar la aportación que el sector privado puede hacer.

En este sentido, el sector pide “no demonizar, sino apoyar”. Juan López Belmonte, presidente de Farmaindustria, apunta en declaraciones a EG que la colaboración público-privada ha sido “el sustento con el que se ha logrado afrontar la pandemia”. Por ello, López Belmonte ha querido destacar que la colaboración con la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) ha dado lugar a “una simbiosis fantástica”.

Por su parte, la Federación española de empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) también se ha manifestado y ha compartido con este medio su visión: “Nuestra Federación se muestra favorable ante cualquier medida que garantice la equidad en el acceso de los pacientes a las prestaciones y tecnologías sanitarias con independencia de la CC.AA. en la que residan, así como en la puesta en marcha de los mecanismos de coordinación y cohesión que permitan tener un Sistema Nacional de Salud sólido y eficiente”.

Precisamente, un SNS sólido y eficiente es el deseo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha precisado que la aprobación del Anteproyecto de Ley busca garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de la población. Se trata de una de las 5 reformas para renovar y ampliar las capacidades del SNS del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El fin es tener un modelo sanitario “más robusto, flexible y resiliente”.

Y es que la ministra ha destacado que la pandemia “nos ha dejado varias lecciones como la puesta en valor de lo público y la importancia de los Estados que requieren dar respuestas globales a problemas de estas características”. Así, ha señalado que también ha dejado “la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud y esta Ley lo hace a través de sus tres vectores fundamentales: la cohesión, la equidad y la universalidad”.

Copagos sanitarios

Asimismo, otra de las actuaciones que se pretenden con la nueva Ley de Equidad es evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios, como ya se hizo con los establecidos para los medicamentos. “Tal es el caso de transporte sanitario no urgente, productos dietoterápicos y ortoprotésicos”, apunta el Gobierno a través de un comunicado.

Darias ha insistido en que esta Ley blinda derechos para que “no puedan suceder episodios del pasado cuando se obligaba a las personas más vulnerables y con menos recursos a tener que copagar productos farmacéuticos”.

Llevado al terreno, con esta iniciativa se pretende “equiparar” los distintos copagos y tramos establecidos para productos farmacéuticos, ortoprotésicos y dietoterápicos incluidos en la cartera de servicios del SNS. Actualmente, y por las distintas iniciativas legislativas emprendidas en los mismos años, un mismo ciudadano puede estar exento de copago farmacéutico por su nivel de renta y/o vulnerabilidad, pero no tener aplicado ese mismo criterio para el resto de productos que también se rigen por copagos. El objetivo pasa por poner ‘orden’ en estas situaciones –mediante su equiparación– a la par que se blinda el sistema para evitar nuevas aportaciones de los usuarios.

Modificación normativa

En resumen, las normas que este Anteproyecto de Ley modifica son dos Leyes, un Real Decreto-ley y dos Reales Decretos y se deroga una Ley:

  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
  • Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
  • Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
  • Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados.
  • Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica.
  • Deroga la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

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